Creímos que era imposible. Que los ministros (Ahora seis con minúsculas) de la Suprema Corte de Justicia, jamás pasarían por encima de su dignidad y, sobre todo, su ética. El chasco fue monumental.
El declarar constitucional el capricho de López Obrador, reduce a la institución que es el máximo tribunal. La cúspide del Derecho, a la que se accede en temas excepcionales y de la que se esperan sentencias irrebatibles, con base en la probidad y los conocimientos de quienes la integran, se adhiere al vil sometimiento del desgobierno de un solo hombre.
Un hombre que maneja a una nación en base a complejos, resentimientos, revanchas y venganzas inicuas –contra quienes considera sus “adversarios”- y que no tiene más que una fijación: el proceso electoral del 2021.
En vista del desastre de su régimen –patente en todos los sectores y las necesidades esenciales de los mexicanos-, utiliza cortinas de humo –como el juicio a los expresidentes-, para distraer la atención de una realidad que nos carcome.
Incide en el yo más oscuro de la población –en el que arraigan los sentimientos hostiles-, para crear un ambiente ilusorio de que, gracias a él se verán saciados, por la caída de quienes –también lo explota a todo vapor-, son culpables de cuanta desgracia aqueja.
Con el Poder Legislativo bajo su yugo, obliga a aprobar iniciativas desquiciadas, como el hacerse de los fideicomisos. Miles de millones de pesos que gastará sin tener que dar cuenta de ellos –no forman parte del presupuesto- y que dilapidará sin la mínima transparencia, como lo ha hecho ya con los fondos que fue desapareciendo.
La última esperanza era el Poder, que se creía incólume al despotismo “nada ilustrado”, del emperador de Palacio. Constitucionalistas, de los tamaños de un Diego Valadés, exministro de la SCJN, exProcurador y gran jurista (Además de simpatizante de AMLO y su causa), condenó con una argumentación sólida, la sentencia. Lo mismo opinó la Barra de Abogados, el Colegio de Abogados y la mayoría de quienes ejercen la profesión.
El ministro presidente, Arturo Zaldívar, quiso curarse en salud, ante las críticas lapidarias, con una ronda de entrevistas que confirmaron su falta de argumentos. Resulta inconcebible que, quien se enfrentó a Felipe Calderón –en el tema de Florence Cassez-, se venda sin el mínimo decoro ni dignidad, a quien movió los hilos para que ostentara su actual cargo.
De las señoras Ríos Farjat y Esquivel se esperaba, “agradeciditas” por el regalo del tlatoani para llevar la toga. O, ¿se les reconocía como eminencias en el terreno jurídico?
Cinco juristas tuvieron los pantalones de destapar la aberración. Aguilar, Laynez, Piña, Pardo y Franco. Les deberíamos de hacer un monumento, por su valor para enfrentarse a un tlatoani rencoroso, que se las va a guardar.
Laynez, inteligente y comprometido con este país, dijo la frase clave: La Justicia no se consulta. Norma Piña se refirió a las presiones presidenciales, con todas sus letras. Vergüenza debiera darle a quien, desde que llegó, no ha parado de violar el Estado de Derecho, a extremos de convertir a la República en una selva bananera.
Entre 8 y 10 mil millones de pesos, costará la gracia. El tren Maya sube el presupuesto como la espuma y la Nahle da contratos de la mentada refinería, a sus cuatitos y compadres. Empeñado en destazar al país, liquida con su berrinche, a la última ancla a la que podía asirse la naufragante nave.
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