Vengo sosteniendo que la relación eventual entre el neoliberalismo y nuestra Máxima Casa de Estudios, en cuya Facultad de Derecho imparto cátedra con una clara orientación anti neoliberal —la cual puede constatar el lector en mis libros “Teoría General del Estado” e “Introducción a la Ciencia Política”— no implica juzgar en bloque la inclinación de la institución hacia una ideología, dado que efectivamente la enorme mayoría de sus estudiantes pertenecen a una clase social que naturalmente tiende a simpatizar con políticas de izquierda y sus escuelas, facultades e institutos registran una amplia pluralidad de criterios. El análisis fino debe conducir a verificar en qué medida la corriente neoliberal ha impregnado subrepticiamente las enseñanzas, opiniones y actitudes de los universitarios. Para muestra un botón: conozco de primera mano testimonios de estudiantes que presentan trabajos en los que atacan a las instituciones sociales del Estado de Bienestar, clamando por su supresión, sin percatarse de que justamente pueden cursar una carrera gracias a una de ellas.
Por otro lado, el moralmente justificado apoyo entusiasta a la defensa de los derechos humanos, no deja espacio para apreciar el propósito neoliberal oculto tras una muy respetable bandera. En la medida en que las corrientes iusnaturalista que inspiran al neoliberalismo incluyen dentro de los derechos naturales intocables el de la propiedad, y que muchos tratados internacionales tienen el propósito de proteger intereses externos vinculados a la adquisición de propiedades, el propósito que viene en una atractiva envoltura de regalo —la filosofía protectora de los derechos humanos—, en el fondo pretende socavar una decisión constitucional básica que privilegia el interés colectivo sobre el individual cuando se trata de que la nación mantenga y defienda su propiedad originaria sobre las tierras y las aguas del territorio nacional, y respecto de actividades estratégicas como la generación y distribución de energía eléctrica. Llama la atención la extendida y enérgica reacción de rechazo en nuestros círculos de ciencias sociales a la propuesta tendiente a que una empresa pública estatal como la CFE, que ha cumplido una función vital en el abastecimiento generalizado y eficiente de energía para el país, recupere su papel central en la materia, favoreciendo los intereses de empresas extranjeras que aprovechan injustas ventajas para apoderarse de un supuesto “mercado competitivo” que en realidad pretenden dominar oligopólicamente.
Ligado a este, viene el otro dogmatismo contrario a los designios originales de los constituyentes; el representado por el fundamentalismo del mercado que ha sido criticado por brillantes economistas como Joseph Stieglitz, quien conoce las entrañas del sistema financiero internacional pues fue vicepresidente del Banco Mundial, y se opone a deificar al mercado como la instancia suprema de regulación de las relaciones sociales. Sin embargo, es muy fácil vender la idea de que la competencia siempre es buena basándose en ejemplos simplistas sin tomar en cuenta que en la economía rara vez ocurre una situación de mercado que permita una competencia perfecta y que, en todo caso, el Estado no tiene por qué estar sujeto al mercado ni ser un actor económico más, por el contrario el mercado siempre debe estar sujeto a las reglas del Estado pero, como suele satanizarse al Estado, resulta relativamente sencillo convencer a las personas de que este no tiene el derecho de interferir en la libertad de competencia de los particulares. Hay un criterio predominante en el sentido de que la libre competencia es un valor superior a la acción prioritaria e incluso exclusiva del Estado en áreas estratégicas. En este mismo ámbito están imperando enseñanzas tendientes a considerar como un fenómeno positivo a la globalización, sin abordar paralelamente los fenómenos negativos que produce en cuanto a que solo opera en favor del capital y el intercambio de mercancías, pero no existe una globalizada política migratoria de libre flujo de personas.
Igualmente se ha adoptado y generalizado el concepto de “gobernanza” que justamente consiste en limitar la acción del Estado para convertirlo en un actor más en la toma de decisiones, restándole así su condición de autoridad legítima proveniente de una elección democrática. Es frecuente que se repita una y otra vez el término “gobernanza” como toque de sofisticada elegancia académica, sin conocer exactamente su origen y significación específica.
En suma, los universitarios no perdemos nada si, independientemente del amor que nos inspira nuestra institución y la tendencia natural a defenderla, simultáneamente seguimos los principios que la inspiran y nos abrimos, quizá mediante un seminario dirigido ese efecto, al examen y la discusión del peso que la ideología neoliberal puede realmente estar teniendo en sus contenidos y resultados académicos.
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