Por Luis Carlos Sánchez Díaz
La semana pasada medios de comunicación difundieron el despliegue de las Fuerzas Armadas en la región michoacana de Tierra Caliente, anunciando con fanfarrias que regresó el estado de derecho y “pacificó” el territorio. Lo más sorprendente es que esta entrada se realizó sin ningún disparo y sin detenidos, es decir, de la noche a la mañana los delincuentes se esfumaron. Y planteó que la medida llega tarde porque ya en abril de 2021, el nuncio apostólico del Vaticano en México en su visita al municipio de Aguililla expuso la grave situación de violencia que sus habitantes padecen y denunció que “la mafia florece donde el Estado no está”.
Aunado a lo anterior, no podemos decir que se ha pacificado Michoacán, cuando ésta fue la tercera entidad de la República con más homicidios dolosos durante 2021. De acuerdo a las cifras de incidencia delictiva publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ocurrieron 2 mil 732 homicidios en el estado. Esta situación nos hace recordar que la violencia no cesa y se continúa arraigando con el paso de los años pese a los despliegues militares, situación que ya habíamos observado durante 2013 y el surgimiento de los grupos de autodefensa.
Esta escalada de violencia no sólo es condicionante de Michoacán, la violencia se incrementa a grandes pasos en todo el territorio. Otro ejemplo es Zacatecas en donde la última semana, medios de comunicación han dado cuenta del desplazamiento forzado de cientos de familias de los municipios de Jerez, Valparaíso y Fresnillo, a causa de la violencia, los cuales imploran el apoyo a la Guardia Nacional y al Ejército para poder regresar a sus hogares. A este evento se agrega el asesinato de al menos 14 policías en lo que va del año y el incremento de masacres como la ocurrida el fin de semana en donde cuatro jóvenes fueron asesinados. Con estos eventos parece que ha sido un fracaso el Plan Zacatecas anunciado por el presidente el pasado 25 de noviembre, ya que de nada ha funcionado desplegar casi 4 mil miembros del Ejército y la Guardia Nacional sin la violencia no ha menguado.
Toda esta situación de barbarie (porque no hay otra palabra para nombrarlo), nos hace preguntarnos ¿cuál es el criterio que se utiliza para apoyar a ciertas entidades en cuestión de seguridad? Porque parecería que en Michoacán se reforzó la presencia de las Fuerzas Armadas una vez que Morena asumió el gobierno estatal.
Colima es otra entidad que en las últimas semanas se ha recrudecido la violencia debido a los constantes enfrentamientos entre civiles armados y el incremento en asesinatos, situación que ha provocado temor entre sus habitantes. Ante ello, estudiantes de la Universidad de Colima realizaron una petición para cancelar las clases presenciales. Por tal motivo, es de vital importancia para que esta pandemia de violencia no siga propagándose y que lo que hoy en día ocurre en Colima no se convierta en una crónica de una tragedia anunciada como lo fue en Michoacán, Guanajuato, Jalisco o Zacatecas.
Resulta muy doloroso e impotente que no hay un interés por parte de las autoridades para erradicar la violencia y buscar caminos hacia la paz. Desgraciadamente, la seguridad se ha convertido en un tema marcado por las ambiciones políticas de algunos cuantos a costa de los miles de muertos, desplazados y huérfanos de nuestro país. Como sociedad debemos denunciar todos estos hechos atroces que ocurren diariamente, exigir a las autoridades mejores medidas de seguridad y jamás claudicar ante la violencia y las injusticias.
Investigador de Causa en Común
