Por Gerardo Trejo Veytia
Nadie sabe los fundamentos teóricos del nuevo modelo de economía moral propuesto por el Presidente. Solo queda analizar las acciones y resultados hasta el momento. Antes de la llegada del Covid a México la economía ya estaba prácticamente en recesión, debido a la pérdida de confianza para invertir en nuestro país. El detonante fue la cancelación del aeropuerto en Texcoco sin una justificación económica y mediante una simulada consulta popular; nadie entendió por qué no se sancionaron los supuestos actos de corrupción en lugar de cancelarlo.
El discurso polarizante que divide y enfrenta a la sociedad en “los de arriba y los de abajo”, “ricos y pobres”, puede ser una estrategia política efectiva para afianzar su base electoral de apoyo, pero ha resultado muy perjudicial para el ambiente general de negocios; el mejor programa social para combatir la pobreza es generar condiciones necesarias para la creación de empleos formales bien pagados y esto solo se logrará con un discurso conciliador que una en lugar de dividir. El plan para proporcionar apoyos con programas sociales clientelares permanentes al 70% de las familias en nuestro país, simplemente no es sostenible.
Los efectos perniciosos de la pandemia sumados al rechazo del gobierno para implementar planes temporales de ayuda para mantener empleos productivos, en tanto duren las restricciones sanitarias que imposibilitan operar plenamente a una gran cantidad de empresas, ocasionaron que la economía colapsara; el PIB registró una contracción del (-)18.7% durante el segundo trimestre del 2020, confirmándose la peor caída en la historia para un trimestre desde que se tiene registro.
El Presidente reiteradamente habla de que las empresas deben tener “ganancias razonables”, sin entender que el papel del gobierno es facilitar la libre competencia en todos los mercados, que es la única forma de asegurar buenos productos y servicios, a precios competitivos.
Las nuevas leyes propias de un régimen autoritario que facultan al poder ejecutivo para congelar cuentas y aplicar la extinción de dominio sin la convalidación previa del poder judicial, vulneran los derechos de propiedad privada, ocasionando inseguridad jurídica a la inversión.
Los amagos para cambiar las reglas del juego, como la pretendida prohibición de los modelos legales de subcontratación utilizado en todo el mundo y tan necesarios en los esquemas flexibles que demandan las economías modernas, complicarán sin duda el panorama.
La confianza no se recuperará anunciando algunos compromisos de inversión privada en grandes proyectos, ni insistiendo en un supuesto nuevo modelo económico experimental.
Lo que urge es consolidar un modelo de economía de libre mercado con responsabilidad social, que posibilite la inversión y apertura de millones de nuevas empresas, asegurando un entorno general favorable al emprendimiento.
La confianza no se decreta ni se pacta, se construye todos los días.
Secretario General de Coparmex en suplencia.
