Por: Gustavo Almaráz Petrie, Presidente del Comité de Estrategia Pública de Coparmex
La planeación presupuestal sienta las bases del alcance de los objetivos y prioridades del gobierno, es parte esencial de la política económica y marca el destino del desarrollo y el nivel de vida de los habitantes del país.
En septiembre se presentó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2021, en un contexto complejo, derivado de la pandemia del Covid-19. El cuestionamiento es ¿serán suficientes seis mil 295.7 millones de pesos (mdp) para atender las amplias necesidades del país? ¿Cuál es la racionalidad del gasto?
Para 2021 se prevé un incremento del gasto público de 3.27 por ciento respecto a 2020, pese a la austeridad, casi 39 por ciento del presupuesto será destinado a cubrir los gastos operativos del gobierno, a través del gasto corriente.
La respuesta del Gobierno Federal para atender la pandemia se refleja marginalmente en la estimación del gasto para salud, que considera un incremento de 1.88 por ciento, alrededor de 12 mil 758 mdp adicionales a lo presupuestado en 2020. Paradójicamente el programa de vacunación tendrá 64 millones de pesos menos, aspecto que podría tener implicaciones negativas en la atención a la vacunación de otros padecimientos además del Covid-19.
La mitad del gasto en infraestructura lo absorberá Pemex en un nuevo intento para que aumente su producción, el gobierno federal le otorgará 544 mil 598mdp, un aumento por encima de cuatro por ciento respecto a lo aprobado para este año. Se priorizan proyectos como la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía con un monto de 21 mil 314 millones de pesos, con lo que se podrá cubrir sólo 25 por ciento del valor total del proyecto y al Tren Maya con 36 mil 287 mdp, menos de 30 por ciento solicitado.
Las dependencias que tendrán reducciones se encuentra la SHCP, que recibirá 17 por ciento menos que en 2020, con 20 mil 228.5 mdp. Ello tendrá un impacto directo en los órganos reguladores de servicios financieros, en un contexto en que éstos han permitido a gran parte de la población, contar con recursos para enfrentar la pérdida de empleo y recursos.
Los estados recibirán menos recursos federales, una reducción de alrededor de 6.4 por ciento en términos reales. ¿Qué implica? Un incremento de impuestos y derechos locales como medidas alternas para incrementar su recaudación, un mayor costo político para dichos gobiernos, que tendrán que asumir la responsabilidad de aumentar los impuestos, en un escenario preelectoral.
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados consideró en su plan anual de trabajo del próximo año, incluir el análisis de propuestas para una reforma fiscal integral y la posibilidad de un Parlamento abierto. Se espera que, a través del Gobierno Federal, se pueda convocar a una Convención Nacional Hacendaria que será fundamental para replantear no sólo el pacto fiscal, sino la distribución del gasto.
La racionalidad de la distribución del gasto en estos momentos no obedece a las mejores prácticas para promover una recuperación que resuelva también las múltiples necesidades sociales.
