La fragilidad del Estado de Derecho es el principal inhibidor del desarrollo y el bienestar en México.
Fenómenos como la inseguridad, la impunidad y la corrupción sólo pueden explicarse por la inobservancia sistemática de la ley y la obsolescencia de las instituciones que tienen mandato de hacerla cumplir.
Para remediar esta problemática nuestro país necesita modernizar el marco legal de las instituciones que intervienen en el proceso de prevención, investigación, persecución, enjuiciamiento y readaptación de quienes violentan la ley.
Una primordial es contar con una Fiscalía General de la República moderna y que se caracterice por su independencia, autonomía y eficacia, que respete los derechos humanos y rinda cuentas.
La inoperatividad de la actual PGR hacen posible que en México permanezcan en impunidad los responsables de cerca 37 mil desapariciones ocurridas desde 2007, y los que cometieron más de 120 mil homicidios perpetrados desde 2012.
La obsolescencia de la institución responsable del Ministerio Público de la Federación, solapaó en perjuicio del interés social y el tesoro público, casos de corrupción como los de Javier y César Duarte, Odebrech y la Estafa Maestra. Su inoperancia, se tradujo en que la más importante investigación a su cargo, a saber la de la masacre de Ayotzinapa, fuere desestimada por el Poder Judicial.
En el colmo de la desviación de sus rectos fines sociales, ha hecho de la persecución política una agenda recurrente en los procesos electorales, pues lo mismo amenazó a López Obrador con el desafuero en el famoso caso de El Encino, que acorraló años después a Ricardo Anaya, en plena elección presidencial.
Desde los inicios del sexenio, un amplio grupo de organizaciones y activistas impulsó la reconfiguración institucional de la PGR. Pero el avance fue limitado. El sistema político creó sus anticuerpos y canalizó dicho activismo ciudadano hacia una reforma cosmética de la Constitución en 2014. Las luchas sociales por frenar al fiscal carnal y erradicar el pase automático, dan testimonio de batallas con restos aún humeantes.
Así llegó septiembre de 2017, cuando en un nuevo intento, las organizaciones sociales plantearon al Congreso de la Unión la necesidad de una transformación a fondo de la actual PGR y su evolución hacia la Fiscalía General independiente.
Sin embargo, los cambios legislativos no se concretaron para hacer posible esta transformación. Por ello, en uso de nuestros derechos ciudadanos y en el marco de la ley, la Coparmex inició el proceso para impulsar la Iniciativa Ciudadana que haga realidad que en la ley, y no sólo en los hechos, el anhelo de que México cuente con una Fiscalía General de la República.
Se ha propuesto un Fiscal de transición, que esté en funciones a partir de diciembre de 2018 y hasta septiembre de 2021. Para agilizar su nombramiento, el Fiscal de Transición deberá ser electo por el método tradicional, con una terna que envíe el Ejecutivo Federal al Senado.
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