/ domingo 2 de junio de 2019

Las condiciones de la justicia militar

La prolongada presencia, acción y apoyo a las labores de Seguridad Pública, por parte del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México, ha tenido varias consecuencias estructurales tanto en el ámbito civil como en el militar. En el primero sin duda, la forma evasiva, inconsistente y en algunos casos, franca omisión, para atender los requerimientos legales, administrativos y de formación para las corporaciones policiales tanto en los ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal. El segundo, también incuestionable, son los efectos y consecuencias de la larga implicación de personal militar en tareas de seguridad pública, sin las condiciones jurídicas apropiadas y si en cambio, bajo la presión de diversos actores nacionales e internacionales, que sin rubor alguno, juzgan e incluso, descalifican dicho compromiso con la población de parte de las Fuerzas Armadas.

Con los acontecimientos recientes en varias partes del país, en donde se da cuenta de decenas de agresiones por parte de bandas delictivas desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el pasado 26 de mayo, en contra de personal militar que es atacado por sorpresa y con una capacidad de fuego desafiante, de nueva cuenta se cuestiona, la mayor parte de las veces, sin fundamento, la forma en que actúan o deben de actuar las Fuerzas Armadas. Algunos segmentos de la opinión pública han vuelto a poner en la mesa de discusión (diría de cuestionamiento) la viabilidad del fuero y jurisdicción militar. Se desconoce, por ejemplo el amplio sustento legal que va de la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta el reglamento interior de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina Armada de México.

Al contexto de las acciones militares en apoyo a la Seguridad Pública y con frecuencia, abierta sustitución de las autoridades civiles, se debe agregar, el complejo proceso de formación de la Guardia Nacional, en donde debiera prevalecer el fuero de guerra y no la ambivalencia o confusión, generada por la aprobación de las leyes secundarias de parte del Poder Legislativo. Aquí el punto medular es la imperiosa necesidad de que la disciplina, los valores y la formación sigan apegados a las prácticas de las Fuerzas Armadas.

Más aún, en un contexto en donde la escalada de desafíos por parte de las bandas criminales, ha llegado al grado de manejar grupos de la población para interponerlos a las formaciones militares desplegadas para impedir e incluso rechazar, la referidas operaciones en apoyo a la recuperación de la Seguridad Pública. La forma que va tomando la adaptación e imaginación criminal para acometer sus graves delitos, exige respuestas incrementales por parte del Estado mexicano, de tal forma que la disciplina, lealtad, honor, respeto a los Derechos Humanos, es lo que hace que la guía de los integrantes de las Fuerzas Armadas, sigan siendo el principal recurso para sostener las capacidades funcionales de nuestra democracia.

javierolivaposada@gmail.com

@JOPso

La prolongada presencia, acción y apoyo a las labores de Seguridad Pública, por parte del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México, ha tenido varias consecuencias estructurales tanto en el ámbito civil como en el militar. En el primero sin duda, la forma evasiva, inconsistente y en algunos casos, franca omisión, para atender los requerimientos legales, administrativos y de formación para las corporaciones policiales tanto en los ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal. El segundo, también incuestionable, son los efectos y consecuencias de la larga implicación de personal militar en tareas de seguridad pública, sin las condiciones jurídicas apropiadas y si en cambio, bajo la presión de diversos actores nacionales e internacionales, que sin rubor alguno, juzgan e incluso, descalifican dicho compromiso con la población de parte de las Fuerzas Armadas.

Con los acontecimientos recientes en varias partes del país, en donde se da cuenta de decenas de agresiones por parte de bandas delictivas desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el pasado 26 de mayo, en contra de personal militar que es atacado por sorpresa y con una capacidad de fuego desafiante, de nueva cuenta se cuestiona, la mayor parte de las veces, sin fundamento, la forma en que actúan o deben de actuar las Fuerzas Armadas. Algunos segmentos de la opinión pública han vuelto a poner en la mesa de discusión (diría de cuestionamiento) la viabilidad del fuero y jurisdicción militar. Se desconoce, por ejemplo el amplio sustento legal que va de la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta el reglamento interior de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina Armada de México.

Al contexto de las acciones militares en apoyo a la Seguridad Pública y con frecuencia, abierta sustitución de las autoridades civiles, se debe agregar, el complejo proceso de formación de la Guardia Nacional, en donde debiera prevalecer el fuero de guerra y no la ambivalencia o confusión, generada por la aprobación de las leyes secundarias de parte del Poder Legislativo. Aquí el punto medular es la imperiosa necesidad de que la disciplina, los valores y la formación sigan apegados a las prácticas de las Fuerzas Armadas.

Más aún, en un contexto en donde la escalada de desafíos por parte de las bandas criminales, ha llegado al grado de manejar grupos de la población para interponerlos a las formaciones militares desplegadas para impedir e incluso rechazar, la referidas operaciones en apoyo a la recuperación de la Seguridad Pública. La forma que va tomando la adaptación e imaginación criminal para acometer sus graves delitos, exige respuestas incrementales por parte del Estado mexicano, de tal forma que la disciplina, lealtad, honor, respeto a los Derechos Humanos, es lo que hace que la guía de los integrantes de las Fuerzas Armadas, sigan siendo el principal recurso para sostener las capacidades funcionales de nuestra democracia.

javierolivaposada@gmail.com

@JOPso

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