El Informe del Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas dio sus recomendaciones al Estado Mexicano el 12 abril 2022, después de su visita del 15 al 26 de septiembre pasado. Su estatus vinculante de estas recomendaciones elevan la grave situación de México al ámbito internacional y el gobierno de López Obrador tiene 4 meses para presentar sus observaciones.
Pero el Presidente tiene una concepción equivocada respecto a la vinculación de México al Derecho Internacional de los derechos humanos, su comentario al conocer el Informe del Comité de que no lo sentarían en el banquillo de los acusados, es característico de jefes de estado con personalidad autoritaria que hacen lo que quieren con sus sociedades aduciendo a la soberanía del país.
Sin embargo la Convención contra las Desapariciones Forzadas obliga a cumplir con sus preceptos. Y parafraseando a López Obrador, ya no es como antes, que las víctimas de violaciones de derechos humanos, si no obtenían justicia y reparación del daño en su país, simplemente se invisibilizaba o recriminaba incluso, la exigencia de justicia, causando una gran frustración e incapacidad en la víctimas y una impunidad permanente. Así hemos arrastrado la tragedia de desapariciones forzadas desde la guerra sucia.
Sin embargo desde la guerra contra el narcotráfico emprendida por Calderón al darles a las fuerzas armadas funciones de seguridad pública, en el país exponencialmente han crecido las desapariciones involuntarias. El gobierno actual es igual que los dos anteriores sexenios, y peor, la Guardia Nacional está integrada por dos tercios de militares, dirigida por un militar y hay un amenaza para entregarla a la SEDENA. Ningún país democrático decide poner a soldados a cuidar las calles. Por eso está enojado el Presidente, porque el Informe del Comité señala que parte del problema sistémico de las desapariciones es la militarización de la seguridad pública e insta su regreso gradual a los cuarteles.
El comité señala el beneplácito de la cooperación y facilidades brindadas por el Estado. Visitaron 13 entidades, sostuvo reuniones con instituciones de los 3 poderes, con organismos autónomos y decenas de colectivos de víctimas, de derechos humanos, y centenares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil. Así que sus conclusiones son fundadas en una realidad espantosa que no se puede negar, lo vivimos todos los días, incluso el propio Comité lo constató al saberse 112 personas desaparecieron durante su visita.
Por más que se esfuerce el presidente en decir que este gobierno no es como los otros, se evidencia es peor y ahí están las cifras oficiales de 91,121 personas que no se sabe su paradero, ni su suerte. Se impone una verdad incuestionable en palabras del Comité, al reiterar “su profunda preocupación porque se mantiene una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio nacional, frente a la cual imperan una impunidad casi absoluta y la re victimización”.
La impunidad en México concluye el Comité, es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y opera como factor de efectivización y socava el impacto de cualquier iniciativa para erradicar y prevenir las desapariciones forzadas. El reto es que la desaparición deje de ser el paradigma del crimen perfecto.
