Al momento de redactar esta colaboración, faltan poco más de 48 horas para que dicho documento, sea entregado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. En un contexto de masacres, faltas de respecto a la autoridad, improvisaciones por parte de los funcionarios civiles encargados de la Seguridad Pública federal, entre otras variables, la postura del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, comienza a perfilar lo que serán las bases de una política que atienda las exigencias de las distintas Seguridades del país.
Y me refiero a los planteamientos realizados tanto en sus entrevistas matutinas, como en las giras por todo el país. Por una parte, ha señalado que la Seguridad Pública es un tema pendiente y de primer orden en la agenda de su gobierno. Derivado de esto, hay que agregar, que debido a la intensidad de violencia y la reiteración de verdaderos actos de barbarie, se ha puesto en predicamento a la Seguridad Interior. De allí, que la indispensable consideración de las Fuerzas Armadas en primer lugar y luego, de la Guardia Nacional, sigan siendo los recursos con los que el mismo Comandante Supremo sigue contando, además de la nueva corporación para la Seguridad Pública.
Aunado a la problemática de la Seguridad Pública y de la Seguridad Interior, en tanto existen antagonismos como la migración irregular y los efectos que genera en México, se suman otros aspectos como el tráfico de variado tipo: armas, drogas, dinero, entre otros, lo que pone en riesgo la Seguridad Regional. Por sus características geopolíticas, México es un foco natural de atención y tensión de los círculos de poder, que lo mismo van de las grandes empresas petroleras, a los medios de comunicación o a la natural proyección de los intereses nacionales de otros Estados.
En ese sentido, la Seguridad Pública y su notable disfunción, debe ser atendida de forma estructurada y objetiva. Sin ambages se puede decir, que sin el funcionamiento de las condiciones para la Seguridad Pública, se cuestionan las bases de la democracia. De allí, que en el texto del Primer Informe de gobierno, debe haber un planteamiento autocrítico para entonces corregir –y de fondo, lo que se ha hecho y acometer lo que se ha dejado de hacer. Por ejemplo, la impostergable restructuración del los sistemas penitenciarios estatales y federal. También algo o mucho tendrá que referirse a la situación de las policías locales.
Otro aspecto no menos relevante, robustecer el sistema penal acusatorio hoy conocido de forma irónica como “la puerta giratoria” para el ingreso y salida de probados y flagrantes delincuentes. Aquí la decidida convergencia de los Poderes Legislativo y Judicial, es determinante. El Presidente de la República, su partido y aliados, cuentan con el número suficiente de legisladores para generar la plataforma que dé pasos sustanciales en la materia. Ya lo demostraron en el ágil proceso para la formación de la Guardia Nacional.
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