Por: Andrea Horcasitas *
Incluso para un país que vive aturdido por una ola interminable de violencia, las cifras que reflejan la cantidad de sangre que ha corrido en este proceso electoral son inauditas. Desde su inicio, 83 personas políticas han sido asesinadas según un informe de la consultora Etellekt. 21 de las 32 entidades federativas han atestiguado un asesinato político y 32 de las 83 personas asesinadas eran candidatas a un cargo de representación popular. A menos de dos semanas de que termine el proceso electoral más grande de la historia democrática de México, las cifras apuntan a que éste será el proceso electoral más violento en las últimas dos décadas, superando los tormentosos comicios de 2018.
A pesar de que el proceso electoral de 2018 cerró con 152 personas políticas asesinadas, de las cuales 48 eran candidatas a puestos de elección, el proceso electoral de 2021 ya rebasó el número de agresiones cometidas, entre las que se documentan amenazas, extorsiones y secuestros, con un aumento del 66% en hechos delictivos, lo cual se traduce en 563 hechos en 2021 contra 339 en 2018. Los homicidios representan el pico de una espiral de violencia que se sostiene con constantes ataques, descalificaciones y difamaciones que los mismos partidos políticos y sus candidatos y candidatas cometen de manera cotidiana.
Entre los estados más violentos se encuentran Veracruz con 15 asesinatos, Oaxaca con 11 asesinatos y Guerrero con 8 asesinatos. No obstante, incluso en entidades federativas que mantienen un “saldo blanco” de homicidios políticos, la violencia se ha agudizado de forma tal, que todos los bandos contendientes han sido afectados. Por ejemplo, en Campeche, los desencuentros entre los equipos de campaña del PRI y Morena han resultado en balazos para la coalición “Va por Campeche” y pedradas y quemaduras por ácido para el candidato de Morena.
Es responsabilidad del gobierno, y en particular de las fiscalías, esclarecer los hechos para recibir justicia. La negligencia por parte del Estado es complicidad. El alto porcentaje de impunidad en las investigaciones y la falta de exigencia de justicia y rendición de cuentas –más allá del comunicado en redes sociales– manda un mensaje muy claro: ni al Estado, ni a los partidos políticos les interesa quién asesinó a sus candidatas y candidatos. 91% de los asesinatos siguen sin resolverse; nada sabemos, por ejemplo de la investigación de Ivonne Gallegos, asesinada a balazos en marzo de este año, tampoco se ha esclarecido el asesinato de Adiel Zermann Miguel en el Estado de México, ni el caso de Antonio Hernández, uno de los primeros aspirantes asesinados en la contienda electoral.
En un país profundamente lastimado por la violencia, que despidió el 2020 con 35,484 homicidios, 23 personas defensoras de derechos humanos y 6 periodistas asesinados, las cifras de 563 hechos delictivos y el asesinato de 83 personas políticas se pasan desapercibidas entre el bullicio de las violencias cotidianas. No obstante, el asesinato reiterado de candidatos y candidatas representa un atentado contra el futuro de México. Un país en el que buscar un puesto de representación popular implica que puedan asesinarte a plena luz del día no puede llamarse un país democrático.
Es por ello que es urgente romper con la espiral de la violencia y que como ciudadanía no promovamos que se haga un espectáculo de la misma para sacar raja política. Frente a la polarización en el debate público, que permite un ambiente de conflicto sin reglas, es necesario establecer límites y observar que, si la misma base de las contiendas electorales se sostiene en actitudes y pensamientos prejuiciosos, es necesario promover un diálogo profundo para romperlos. Además de fomentar espacios para favorecer el contacto entre dos polos que buscan destruirse mutuamente, necesitamos hablar de y promover la paz. Partir de que la ausencia de violencia no es suficiente, sino simplemente la condición necesaria para que la paz exista, y que en México nos hace falta un gran trabajo de construcción de paz desde la raíz. Y si bien es imposible reducir la desigualdad, la corrupción y la impunidad en un día –condiciones necesarias para garantizar paz–, sí podemos empezar con ciertas acciones durante este clima electoral: romper con la espiral de violencia, aceptar nuestras diferencias y adoptar mecanismos pacíficos para procesar el conflicto con la intención de fomentar actitudes de paz en medio de una ola de violencia que nos atraviesa a todas y todos.
* Jefa de seguimiento de colectivos e incidencia
@horcasitaas
