Este año se cumplieron diez años de la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. A pesar de estos esfuerzos, y otros que se ha transformado en avances en procuración e impartición de justicia; las cifras que la ENDIREH entregó en 2016, y testimonios como los de las mujeres víctimas en Atenco frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dan cuenta de una terrible realidad que pone en riesgo la vida de millones de mujeres, y la propia gobernabilidad del país.
En su último informe de Observaciones para México, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), expresó una tajante preocupación, por el hecho de que los altos niveles de inseguridad y violencia tuvieran efectos negativos particularmente en las mujeres, niñas y adolescentes en el disfrute y protección de sus derechos humanos. Dicho informe destaca de paso, que la impunidad y corrupción persistentes, han contribuido en agravar la violencia y discriminación por razón de género en el país.
Las alarmantes cifras de INEGI, señalan que de las más de 46 millones de mujeres adolescentes o adultas que residen en el país, más del 71% ha padecido al menos un incidente de violencia en el último año. Destaca que los espacios en los que somos más violentadas son el hogar y el ámbito familiar. En sus más preocupantes expresiones, la violencia sexual fue padecida por 3 de cada 10 mujeres. El cuerpo de la mujer continúa siendo cosificado y visto como un instrumento de dominación, al grado de ser nuestro país uno de los principales en trata sexual y pornografía de niñas y niños, violencias que no paran, y que están ahí a la vista.
Poco se habla de la terrible crisis de desapariciones, fenómeno que hizo internacionalmente conocido a México, y que en los últimos 6 años reporta cifras negras de más de 30 mil mujeres, pero que para el caso de adolescentes, ha tenido un alarmante aumento del 974% según señalan algunas organizaciones. Cifras de SEGOB indican que 921 mujeres reportadas como desaparecidas, finalmente fueron halladas muertas en alguna de las 32 entidades del país –entre las que destacan el Estado de México y Tamaulipas-; esto como consecuencia de protocolos que resultan insuficientes o deficientes para hallarles oportunamente.
La semana pasada, el Ejecutivo promulgó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, misma que contará con apenas 470 millones pesos para su ejecución, casi el 8% de lo que Peña Nieto ha destinado a rubros que parecieran serle más relevantes, como lo son la publicidad oficial, a la que ha destinado casi 38 mil millones en su sexenio.
Este próximo 25 de noviembre conmemoraremos una vez más Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, sin embargo en México es urgente ir más allá de una solidaridad que se agota en la retórica. Hay que erradicar la desigualdad entre hombres y mujeres con hechos. El pasado 19 de septiembre la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, se comprometió a juntar las iniciativas y proposiciones que incidieran en detener la violencia de género, hoy sigue siendo un pendiente esta resolución.
Las omisiones de las autoridades son un terrible obstáculo para que las mujeres accedamos a la justicia. Los testimonios de las mujeres víctimas en Atenco, exigen que sigamos alzando la voz once años después: #NoMásTortura, y justicia para todas aquellas que fueron arrebatadas cobardemente, mientras sus victimarios siguen impunes.
Diputada por Movimiento Ciudadano
