/ miércoles 14 de agosto de 2019

Las joyitas de un juez

Al leer parte de la página del acta de entrega-recepción de la secretaría de Desarrollo Social que la defensa de Rosario Robles le presentaba, el juez José de Jesús Delgadillo rompió toda forma de impartidor de justicia; no se contuvo y exclamó: Esto es una joyita que permite llegar a otros altos servidores públicos, léase el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto y José Antonio Meade, cuando la hoy recluida en un penal asumía la titularidad de esa dependencia. El juez Delgadillo veía en ello su lanzamiento al estrellato en el universo de la judicatura con la oportunidad de dar en el blanco de los objetivos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, disfrazados de un deslinde de la autonomía y la independencia de los órganos de procuración y ministración de justicia, que sin embargo apunta a lo que considera las cabezas de la corrupción.

La Fiscalía General de la República reabre el proceso de la llamada estafa maestra, en realidad nunca cerrado desde que la Auditoría Superior de la Federación señaló anomalías en el otorgamiento de contratos de servicios a instituciones educativas y organizaciones sociales en los años en que Rosario Robles Berlanga estuvo al frente de ambas secretarías. Las auditorías del órgano del Poder Legislativo están en curso. La fiscalía general, a cargo de Alejandro Gertz Manero, ha continuado la averiguación e iniciado un proceso judicial para determinar las responsabilidades, tanto de Rosario Robles como de los funcionarios de esas dos dependencias por la probable comisión de delitos con daño al erario por más de cinco mil millones de pesos. Las averiguaciones responden a nuevas denuncias presentadas por la actual administración, especialmente la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda. La responsabilidad que pueda fincarse tanto a la exsecretaria de SEDESOL y SEDATU como a los funcionarios que hubieran participado en ese fraude es obligación, no sólo de la Fiscalía sino del propio gobierno ante posibles delitos que debe denunciar ante el organismo encargado de la procuración de justicia.

Rosario Robles, lo mismo que los funcionarios y las organizaciones involucrados en este caso, deben responder ante la justicia por posibles actos constitutivos de delincuencia en detrimento de la sociedad entera. Nadie niega la procedencia jurídica de este proceso, por más que el propio presidente de la República se declare estar al margen de un juicio en el que el interés de la nación está por encima de cualquier intención de neutralidad, perdón u olvido.

La obligación de procurar y ministrar justicia en éste como en otros casos, obliga por igual al Ministerio Público como al juzgador a ceñirse a la objetividad de los elementos para demostrar responsabilidades. La acusación tanto del Ministerio Público como del juez de la causa no parece plegarse a esa objetividad que la procuración y la impartición de justicia reclaman. Rudeza innecesaria, como se dice en términos deportivos, se advierte tanto en la acusación como en la interpretación de los elementos que integran la carpeta de investigación. El fiscal reclama detención, a la que llama justificada por la sospecha de fuga de una acusada que se presenta por voluntad propia en las audiencias judiciales. De una referencia a la comunicación existente entre la acusada y el expresidente de la República, el juez infiere que el exmandatario estaba al tanto de las irregularidades punibles en este proceso y concluye también que el exsecretario José Antonio Meade es presunto responsable de omisión o encubrimiento de los delitos investigados. El juicio tiene dos caras: la justicia a secas por posibles delitos cometidos y la persecución con claros tintes políticos a cargo de un juez que ha encontrado al fin la joyita de su carrera en el foro.

srio28@prodigy.net.mx

Al leer parte de la página del acta de entrega-recepción de la secretaría de Desarrollo Social que la defensa de Rosario Robles le presentaba, el juez José de Jesús Delgadillo rompió toda forma de impartidor de justicia; no se contuvo y exclamó: Esto es una joyita que permite llegar a otros altos servidores públicos, léase el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto y José Antonio Meade, cuando la hoy recluida en un penal asumía la titularidad de esa dependencia. El juez Delgadillo veía en ello su lanzamiento al estrellato en el universo de la judicatura con la oportunidad de dar en el blanco de los objetivos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, disfrazados de un deslinde de la autonomía y la independencia de los órganos de procuración y ministración de justicia, que sin embargo apunta a lo que considera las cabezas de la corrupción.

La Fiscalía General de la República reabre el proceso de la llamada estafa maestra, en realidad nunca cerrado desde que la Auditoría Superior de la Federación señaló anomalías en el otorgamiento de contratos de servicios a instituciones educativas y organizaciones sociales en los años en que Rosario Robles Berlanga estuvo al frente de ambas secretarías. Las auditorías del órgano del Poder Legislativo están en curso. La fiscalía general, a cargo de Alejandro Gertz Manero, ha continuado la averiguación e iniciado un proceso judicial para determinar las responsabilidades, tanto de Rosario Robles como de los funcionarios de esas dos dependencias por la probable comisión de delitos con daño al erario por más de cinco mil millones de pesos. Las averiguaciones responden a nuevas denuncias presentadas por la actual administración, especialmente la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda. La responsabilidad que pueda fincarse tanto a la exsecretaria de SEDESOL y SEDATU como a los funcionarios que hubieran participado en ese fraude es obligación, no sólo de la Fiscalía sino del propio gobierno ante posibles delitos que debe denunciar ante el organismo encargado de la procuración de justicia.

Rosario Robles, lo mismo que los funcionarios y las organizaciones involucrados en este caso, deben responder ante la justicia por posibles actos constitutivos de delincuencia en detrimento de la sociedad entera. Nadie niega la procedencia jurídica de este proceso, por más que el propio presidente de la República se declare estar al margen de un juicio en el que el interés de la nación está por encima de cualquier intención de neutralidad, perdón u olvido.

La obligación de procurar y ministrar justicia en éste como en otros casos, obliga por igual al Ministerio Público como al juzgador a ceñirse a la objetividad de los elementos para demostrar responsabilidades. La acusación tanto del Ministerio Público como del juez de la causa no parece plegarse a esa objetividad que la procuración y la impartición de justicia reclaman. Rudeza innecesaria, como se dice en términos deportivos, se advierte tanto en la acusación como en la interpretación de los elementos que integran la carpeta de investigación. El fiscal reclama detención, a la que llama justificada por la sospecha de fuga de una acusada que se presenta por voluntad propia en las audiencias judiciales. De una referencia a la comunicación existente entre la acusada y el expresidente de la República, el juez infiere que el exmandatario estaba al tanto de las irregularidades punibles en este proceso y concluye también que el exsecretario José Antonio Meade es presunto responsable de omisión o encubrimiento de los delitos investigados. El juicio tiene dos caras: la justicia a secas por posibles delitos cometidos y la persecución con claros tintes políticos a cargo de un juez que ha encontrado al fin la joyita de su carrera en el foro.

srio28@prodigy.net.mx

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