/ domingo 22 de agosto de 2021

Las políticas públicas antirracistas

Daniel Hernández Aldaco


Julián Carrillo Martínez fue un líder rarámuri, defensor los derechos humanos y ambientales de su comunidad en la Sierra Tarahumara de Chihuahua. En octubre de 2019 el activista fue asesinado por un sicario en su comunidad en el municipio de Coloradas de la Virgen en el afán del narcotráfico por sembrar amapola.

En abril de 2021, un Tribunal en el sur de Chihuahua concluyó el juicio de su asesinato. A lo hecho en vida, el juicio de Julián se añade a su legado, pues la sentencia reconoció el daño sistemático que ha vivido la comunidad rarámuri.

Esta sentencia es una política pública antirracista—y tiene un valor histórico substancial.

Una política pública antirracista es aquella que (1) identifica el racismo en prácticas actuales y su raíz histórica; y (2) busca desmantelar activamente el racismo a través de nuevos sistemas, estructuras organizacionales, prácticas y actitudes para que el poder sea redistribuido y compartido equitativamente.

En ese sentido, la sentencia del caso no solo exige justicia al asesinato, sino a la falla del Estado en proteger la violación sistemática de derechos de las comunidades rarámuris de Coloradas de la Virgen por décadas: el despojo de sus recursos naturales, el desplazamiento forzado de al menos cincuenta familias, y una decena de muertes. Así, la sentencia señala que el Estado debe proveer reparaciones integrales, restitución de tierras, y garantías de no repetición y protección a las familias rarámuris.

Como esta, un ejemplo clásico de una política antirracista es la selección afirmativa escolar. O sea, cuotas designadas para estudiantes de grupos históricamente en desventaja socioeconómica respecto a otros grupos. Nueva Zelanda (maoris), Estados Unidos (latinos y afromericanos), India (castas y tribus registradas), Canadá (personas originarias) y Brasil y Sudáfrica (personas negras y mixtas) tienen políticas afirmativas educativas.

Los contraargumentos a políticas afirmativas se centran en que es mejor enfocarse en políticas basadas en clase social porque son: más eficaces (más evidencia científica), más atractivas (es políticamente sensible negociar sobre raza), y más justas (“la pobreza es transversal a muchas razas”). Estos contrargumentos son reales, pero creo que son efímeros. La evidencia científica sobre la efectividad de políticas basadas en raza es creciente (p. ej. ver edición especial de julio de Scientific American) y poco a poco se convierten en un tema de agenda política.

Más aún, creo que hacer políticas antirracistas no debería ser (únicamente) una decisión utilitarista, sino una postura nacional para reparar el racismo estructural. Aunque efectivas a su fin, las políticas basadas solo en clase social implícitamente niegan que existan diferentes realidades en función de categorías raciales. O sea, son “cegueras al color” y solo refuerzan la postura del (mito) del mestizaje al decir “¡México: todos somos iguales!”—y sí, pero no.

El mayor reto que le veo a las políticas antirracistas es su operación. Desde el sistema público, son onerosas e ineficientes porque la mayoría de nuestras instituciones redistributivas no están estructuradas para operar en términos raciales, sino de clase (por ejemplo, Oportunidades). Desde el privado, no es rentable porque durante años se ha incentivado la jerarquía y el consumo de contados fenotipos (p. ej., la mayoría de protagonistas de novelas son caucásicos).

Sin embargo, pronto será económica y políticamente necesario promover políticas públicas y privadas antirracistas: en la contratación de actrices, en la fotografía a modelos, en el número de curules legislativos, en la proporción de ejecutivos del país, en las cuotas escolares. Creo además que se deberían combinar con las ya existentes políticas basadas en clase, género y otras características.

La labor de estas políticas será infundir la sangre antirracista a nuestras instituciones. Solo así, por ejemplo, la conversación no será sobre si incluir cuotas afirmativas, sino en cómo se adapta el proceso de reclutamiento a las realidades del país: que las políticas antirracistas nos lleven a un sistema antirracista.

Daniel Hernández Aldaco (@danihaldaco) se enfoca en rendición de cuentas policial y en justicia étnico-racial. Es maestro en políticas públicas por la Universidad de Harvard.

Daniel Hernández Aldaco


Julián Carrillo Martínez fue un líder rarámuri, defensor los derechos humanos y ambientales de su comunidad en la Sierra Tarahumara de Chihuahua. En octubre de 2019 el activista fue asesinado por un sicario en su comunidad en el municipio de Coloradas de la Virgen en el afán del narcotráfico por sembrar amapola.

En abril de 2021, un Tribunal en el sur de Chihuahua concluyó el juicio de su asesinato. A lo hecho en vida, el juicio de Julián se añade a su legado, pues la sentencia reconoció el daño sistemático que ha vivido la comunidad rarámuri.

Esta sentencia es una política pública antirracista—y tiene un valor histórico substancial.

Una política pública antirracista es aquella que (1) identifica el racismo en prácticas actuales y su raíz histórica; y (2) busca desmantelar activamente el racismo a través de nuevos sistemas, estructuras organizacionales, prácticas y actitudes para que el poder sea redistribuido y compartido equitativamente.

En ese sentido, la sentencia del caso no solo exige justicia al asesinato, sino a la falla del Estado en proteger la violación sistemática de derechos de las comunidades rarámuris de Coloradas de la Virgen por décadas: el despojo de sus recursos naturales, el desplazamiento forzado de al menos cincuenta familias, y una decena de muertes. Así, la sentencia señala que el Estado debe proveer reparaciones integrales, restitución de tierras, y garantías de no repetición y protección a las familias rarámuris.

Como esta, un ejemplo clásico de una política antirracista es la selección afirmativa escolar. O sea, cuotas designadas para estudiantes de grupos históricamente en desventaja socioeconómica respecto a otros grupos. Nueva Zelanda (maoris), Estados Unidos (latinos y afromericanos), India (castas y tribus registradas), Canadá (personas originarias) y Brasil y Sudáfrica (personas negras y mixtas) tienen políticas afirmativas educativas.

Los contraargumentos a políticas afirmativas se centran en que es mejor enfocarse en políticas basadas en clase social porque son: más eficaces (más evidencia científica), más atractivas (es políticamente sensible negociar sobre raza), y más justas (“la pobreza es transversal a muchas razas”). Estos contrargumentos son reales, pero creo que son efímeros. La evidencia científica sobre la efectividad de políticas basadas en raza es creciente (p. ej. ver edición especial de julio de Scientific American) y poco a poco se convierten en un tema de agenda política.

Más aún, creo que hacer políticas antirracistas no debería ser (únicamente) una decisión utilitarista, sino una postura nacional para reparar el racismo estructural. Aunque efectivas a su fin, las políticas basadas solo en clase social implícitamente niegan que existan diferentes realidades en función de categorías raciales. O sea, son “cegueras al color” y solo refuerzan la postura del (mito) del mestizaje al decir “¡México: todos somos iguales!”—y sí, pero no.

El mayor reto que le veo a las políticas antirracistas es su operación. Desde el sistema público, son onerosas e ineficientes porque la mayoría de nuestras instituciones redistributivas no están estructuradas para operar en términos raciales, sino de clase (por ejemplo, Oportunidades). Desde el privado, no es rentable porque durante años se ha incentivado la jerarquía y el consumo de contados fenotipos (p. ej., la mayoría de protagonistas de novelas son caucásicos).

Sin embargo, pronto será económica y políticamente necesario promover políticas públicas y privadas antirracistas: en la contratación de actrices, en la fotografía a modelos, en el número de curules legislativos, en la proporción de ejecutivos del país, en las cuotas escolares. Creo además que se deberían combinar con las ya existentes políticas basadas en clase, género y otras características.

La labor de estas políticas será infundir la sangre antirracista a nuestras instituciones. Solo así, por ejemplo, la conversación no será sobre si incluir cuotas afirmativas, sino en cómo se adapta el proceso de reclutamiento a las realidades del país: que las políticas antirracistas nos lleven a un sistema antirracista.

Daniel Hernández Aldaco (@danihaldaco) se enfoca en rendición de cuentas policial y en justicia étnico-racial. Es maestro en políticas públicas por la Universidad de Harvard.

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