Las declaraciones formuladas por el secretario de turismo Enrique de la Madrid que levantaron ámpula y han dado lugar a encontradas reacciones, requieren un análisis ponderado que no las descalifique sin más trámite. El secretario es un hombre informado con enorme éxito en su función y sus preocupaciones no deben ser desechadas sin someterlas a una consideración seria. Es verdad que se trata de un tema que toca fibras emotivas ligadas a valores sustantivos pero que requiere ser tratado con gran objetividad puesto que la guerra contra las drogas no ha dado el resultado esperado y buscar fórmulas alternativas es una actitud responsable sobre todo cuando hay nuevas circunstancias con efectos negativos para los intereses del país.
Tengo la impresión de que no se han valorado suficientemente las razones expuestas por De la Madrid. He escuchado voces de personas inteligentes que lo juzgan como si estuviera tratando de recurrir a una inmoralidad para ganar dinero, cuando lo que él propone no tiene la intención de alentar el consumo de estupefacientes para atraer turistas, sino el de evitar que la violencia ligada al mercado ilícito de drogas y a su combate por medio de la fuerza, dé al traste con la prosperidad de destinos turísticos que son muy importantes para los ingresos nacionales. Adicionalmente, el problema con la marihuana se complica por la extendida legalización de su consumo recreativo en Estados Unidos; por ello, la consideración de un tratamiento distinto a la producción y consumo de marihuana en determinadas zonas constituye una propuesta cuyo análisis debe ser multidisciplinario y no solo en un sentido moral o de salud.
No se trata de promover o alentar el empleo de estupefacientes. Es evidente que su consumo es dañino para la salud y debe combatirse con rigor por el Estado. Para eso pueden realizarse campañas que desalienten el uso de las droga, lo cual no riñe con su posible consumo en determinadas condiciones. Eso es justamente lo que se hace con el alcohol y el tabaco.
Otra objeción que se ha formulado en contra de la legalización selectiva es la supuesta imposibilidad de dar un tratamiento diferenciado por región a la eventual despenalización de la producción, tráfico y consumo de la marihuana. Lo cierto es que desde el punto de vista estrictamente jurídico constitucional es perfectamente posible. Precisamente porque estamos constituidos como República Federal una de las características de dicha organización del poder en el territorio nacional es la diferenciación del tratamiento de distintos problemas en razón de las condiciones de cada entidad federativa. La Constitución General de la República no establece la exclusividad de la Federación para el tratamiento de los delitos en materia de estupefacientes. El artículo 73 de la Constitución, fracción XXI, señala que el Congreso de la Unión tiene facultades para expedir leyes generales en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral. De ahí se desprende que no hay disposición específica que obligue al legislador ordinario a regular las materias delictivas vinculadas con los estupefacientes a través de leyes generales.
Nada impide constitucionalmente una decisión del Poder Legislativo federal que excluya de las disposiciones penales aplicables federalmente las vinculadas a los estupefacientes, que podrían ser tipificadas o no por cada entidad federativa ejerciendo su facultad de libre configuración legislativa según conviniese a sus características.
Los regímenes diferenciados son propios de un sistema federal; inclusive hay precedentes que van más allá del mero principio federalista y permiten el establecimiento de regímenes especiales para ciertas zonas del país, como ha ocurrido con la constitución de las Zonas Económicas Especiales dentro de las cuales imperarán condiciones jurídicas diferentes a las de otras áreas del territorio nacional.
Ciertamente, que algo sea legal en Estados Unidos no justifica necesariamente que se les imite pero respecto de las drogas son muchos los factores que deben sopesarse. Siempre habrá daños; lo que hay que buscar es que sean los menores posibles. En el caso, por ejemplo, del turismo sexual los daños colaterales a las personas implicadas, la trata de personas o los abusos contra menores son de tal naturaleza que ese factor tiene mayor peso que cualquier otro, pero en el consumo de estupefacientes el daño se lo hace quien los emplea y si la cadena de producción y distribución está dentro de la ley, como la del alcohol, pudieran reducirse los daños y los que ocurran limitarse mediante campañas en contra de las adicciones. El asunto es muy complejo, pero precisamente por eso y porque las tácticas de combate han fallado, explorar otros caminos no parece descabellado.
eduardoandrade1948@gmail.com
