Por: María de los Ángeles Huerta del Río
Recientemente, el Congreso organizó una serie de foros sobre reforma del Estado y reforma electoral; los coordinadores fueron los diputados Sergio Gutiérrez y Pablo Gómez. Se trataron temas variados, todos en relación con la estructura y el funcionamiento del Estado y sus instituciones: competencia de los órganos del Estado, federalismo, sistemas de fiscalización, austeridad, régimen de los partidos políticos e inminencia de una nueva reforma electoral.
Sin duda alguna, lo que más llamó la atención fueron las propuestas para modificar la estructura y los mecanismos de participación electoral. En este ejercicio de parlamento abierto, hubo importantes coincidencias —como en el tema de la paridad de género— y varias divergencias —en cuanto a la estructura de las instancias electorales, su funcionamiento y sus alcances—. Hay quienes quieren que todo siga igual; pero nosotros, en Morena, por congruencia, manifestamos la necesidad de proponer todavía varios cambios, máxime, en lo que se refiere a la conformación de la actual estructura electoral. Cambiar para mejorar, para adecuarnos a los nuevos tiempos y para dotar de mayor certeza a las instituciones —principalmente, para mejorar los procedimientos y exorbitantes costos en materia electoral.
Toma fuerza la propuesta de que el Instituto Nacional Electoral sea el encargado de organizar todas las elecciones, tal y como ya se ha venido haciendo, como en el caso de las elecciones en Puebla. Esto tiene que ver con la optimización de recursos, pero también con la profesionalización y, sobre todo, la independencia de las autoridades electorales. Para seguir con el ejemplo más reciente, nadie ha cuestionado la última elección en Puebla. Sin embargo, la anterior a ésta estuvo plagada de dudas y desconfianza. Ésa y varias elecciones previas han puesto en evidencia todas las debilidades de los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLEs). Casi todas las impugnaciones fueron por las acciones injerencistas de los gobiernos de los estados, tanto en OPLEs como en los tribunales locales electorales. Creemos que las funciones de estas dos instancias locales bien podrían ser ejercidas por el propio INE; así, evitaríamos la duplicidad y, sobre todo, los riesgos de indeseadas y fraudulentas interferencias.
Es un buen momento para construir los mecanismos de participación y elecciones que se requieren en la nueva vida democrática del país. Como oposición, hemos luchado por más de 18 años contra la estructura normativa que facilitaba la intervención de poderes fácticos locales. Buscamos, en serio, una transformación de la vida democrática del país.
Otro gran pendiente es reducir considerablemente el financiamiento a los partidos políticos. Este es uno de los reclamos más sentidos de la sociedad. La propuesta es reducir al 50% esta partida. En las pasadas elecciones, Morena donó la mitad de su presupuesto para los afectados del sismo. Con ello demostramos que se puede hacer una campaña austera y sin excesos. Las formas de comunicación han cambiado; ya no se requieren todos los recursos económicos de antes para poder llegar a los ciudadanos. Es necesario que eso se refleje en los recursos que recibirán los partidos políticos. La democracia no debe ser tan cara. Y los costosos desvíos en compra de voluntades e intervención de gobernadores y dirigentes para sesgar las tendencias son acciones que YA tienen que desaparecer.
También se discutieron propuestas para reestructurar el Consejo Político del INE. Una estructura técnica como la Junta General Ejecutiva sería más que suficiente. Puede haber ahí algún tipo de representación de los partidos, sí, pero bajar el costo político y económico de las elecciones, redefiniendo salarios y estructura burocrática, es inminente.
Diputada federal del grupo parlamentario de Morena
