Ayer se celebró el día de la Lengua Materna. La idea de conmemorar el 21 de febrero de cada año y que celebramos desde 1999 a partir de una decisión de la UNESCO, es para recordar la importancia de visibilizar la diversidad lingüística, así como las diferencias culturales que existen dentro de una sociedad.
Si uno reconoce al lenguaje como el rasgo básico para la identidad cultural y personal y, en consecuencia, para la construcción de ciudadanía, también debe reconocerse la obligación que tienen los Estados de encontrar mecanismos que tiendan a proteger la lengua materna de quienes integran grupos originarios.
En México, de acuerdo con la Encuesta Intercensal del INEGI de 2015, más de 12 millones de personas viven en hogares indígenas y más de 25 millones de personas se auto adscriben como tales. También, de acuerdo al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), existen 68 lenguas indígenas y 31 de ellas están en riesgo de desaparición.
De ahí la importancia que tienen las instituciones del Estado mexicano, de implementar acciones que se dirijan a garantizar que el lenguaje de quienes integran a los pueblos originarios continúen vigentes.
De hecho, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), establecen el derecho de quienes integran las minorías étnicas a emplear su propio idioma y a tener su vida cultural, así como el deber que tiene el Estado de adoptar disposiciones para preservar las lenguas indígenas, promover su desarrollo y la práctica de las mismas, respectivamente. Dichas disposiciones son de aplicación obligatoria para el Estado mexicano, por haber suscrito esas normas internacionales.
La falta de implementación de medidas institucionales que protejan, desarrollen y preserven las lenguas originarias, deteriora no solo el carácter pluricultural de una nación, sino también pone en riesgo el reconocimiento individual y colectivo de comunidades originarias como sujetos de derechos. No visibilizarlos significa ignorarlos. Y eso es inaceptable en una sociedad que busca consolidar su sistema democrático.
Por ello, tratándose de participación política, es oportuno mencionar que con motivo del proceso electoral del año pasado, el INE y el TEPJF tomaron una decisión que buscó eliminar la desigualdad existente con los integrantes de pueblos y comunidades originarias en materia de representación política, obligó a los partidos políticos a postular en 13 de los 28 distritos indígenas a personas que se auto adscribieran con tal carácter.
El resultado de dicha acción afirmativa realizada por las autoridades electorales fue que hoy, por primera vez en la historia de nuestra democracia, existen 13 diputaciones indígenas en el Congreso de la Unión, lo que permite que dichos representantes populares trabajen desde el órgano encargado de dictar las leyes en el país, las medidas que promuevan el desarrollo, la difusión y el respeto de las lenguas indígenas que existen en México.
El INE desde su creación ha asumido su rol como órgano de garantía y ha impulsado medidas tendentes a que el ejercicio de los derechos políticos, no solo sea universal, sino que facilite la inclusión.
De ahí que para asegurar que todas y todos puedan realizar su trámite para la obtención de la credencial, el INE ha realizado campañas de credencialización en lenguas originarias. Ejemplo de ello, por señalar algunos casos, es que en los módulos de atención ciudadana en Yucatán existen carteles en lengua Maya, en la Huasteca Hidalguense hay en lengua Náhuatl y en la región del Valle del Mezquital hay en lengua Otomí.
También se han pautado en medios de comunicación mensajes en Zapoteco, Tseltal, Tsotsil, Maya y Mixteco, relacionados con trámites registrales, así como con la promoción del ejercicio del voto de manera libre, informada y razonada.
Las anteriores medidas son un ejemplo del trabajo de una institución que si bien tiene como atribución la organización y conducción de los procesos electorales, no agota su trabajo en ella. Al contrario, a partir de los fines que tiene respecto a la promoción, protección y garantía del ejercicio de derechos políticos, ha implementado medidas que privilegian la igualdad y la inclusión de quienes integran pueblos y comunidades indígenas.
La ONU ha establecido que 2019 es el año internacional de las lenguas indígenas. Creo que el 21 de febrero no debe reducirse a eventos conmemorativos de la lengua materna. Al contrario, es un permanente recordatorio sobre las necesidades que tienen los pueblos y comunidades originarias.
Ser omisos en atenderlas afecta directamente nuestro patrimonio cultural, pero también genera exclusión individual y social. Me parece que nadie quiere eso y hay que trabajar para evitarlo.
Jefe de oficina de la presidencia del INE
@ebuendiaz
