El 11 de diciembre, en la Cámara de Diputados, aprobamos la Ley de Amnistía Federal. Si bien es cierto que, en el pasado, ya hubo algunas propuestas de amnistía, ésta es la primera vez que la Ley considera, además de las cuestiones de índole político, otros temas diversos. El espíritu de esta ley tiene muy claro el origen de las injusticias: un sistema político que, en el pasado, fue el principal promotor de la miseria en la que han vivido millones de mexicanos. Un sistema que provocó la pobreza y después la criminalización de la misma, creando un círculo muy perverso para mucha gente sin oportunidades.
Es por eso que, en esta Ley, además de la causal de la protesta política, se integró la problemática de las mujeres que decidieron abortar, las mujeres que sirvieron para transportar drogas influenciadas y forzadas por sus parejas, los jóvenes que tenían en su posesión hasta dos veces más de la dosis permitida o delitos contra la salud cometidos por personas que pertenezcan a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana que no hayan tenido acceso a intérpretes o defensores que conocieran su lengua y cultura. Finalmente, también se considera a aquellas personas que cometieron el delito de robo simple y sin violencia, siempre y cuando haya sido su primera vez y, que además, no amerite sentencia mayor a cuatro años de prisión.
Un dato importante es que la aplicación de esta ley en ningún caso se olvida de los derechos de las víctimas, pues en el artículo quinto se especifica, de forma muy clara, cómo esos derechos quedan salvaguardados.
Es cierto que a nivel federal no existe una sola persona sentenciada por el delito de aborto; sin embargo, en el artículo segundo transitorio se establece que la Secretaría de Gobernación promoverá también, en los estados, una ley de amnistía a delitos que se asemejen en contenidos a la propia Ley de Amnistía Federal. Éste es el caso por el cual se incluye el tema del aborto.
Diputados del PAN y del PRI votaron en contra; en contra de reconocer que nos heredaron un sistema de procuración de justicia que revictimiza a la gente vulnerable —casi 80% de las personas que están en las prisiones son de muy bajos recursos económicos, de conformidad con la Encuesta Nacional que mide la Población Privada de su Libertad (INEGI)—. Pero esa revictimización no concluye ahí, ya que, en el propio dictamen, se explica que el sistema penitenciario es uno de los más olvidados. En celdas para ocupación máxima de seis personas, viven entre 14 y 20 presos; en estas condiciones, no es posible que la reinserción funcione adecuadamente. Lo único que se consigue es que gente inocente se gradué en estas universidades del crimen.
Dijo la oposición que con motivo de la aprobación de esta ley los delincuentes serían liberados; nada más falto a la verdad que esa aseveración. Si se concede la amnistía a personas sentenciadas por delitos que no ameritan más de cuatro años de prisión, es porque, si hubieran tenido dinero en el momento de ser apresados, podrían haber salido con el pago de una fianza. Quienes pudieron pagarla, ya están libres; así que les pedimos a los diputados del PRI y del PAN que dejen de ensañarse con los mismos pobres que sus gobiernos generaron.
No es justo que haya personas que sólo por pertenecer a una comunidad indígena estén en la cárcel; o mujeres violadas que abortaron, y han sido injustamente apresadas y juzgadas. En México, sólo hay un defensor público federal por cada 600 mil habitantes indígenas, y no es posible cubrir su defensa por la escasez de defensores que hablen múltiples lenguas. La realidad es que no hay forma de que se ejerza la justicia para los indígenas de este país.
Hoy, avanzamos en la reconciliación nacional y el reconocimiento de las injusticias del anterior régimen. Una Ley de Amnistía que va a liberar a muchas personas detenidas injustamente.
Diputada Federal Coordinadora Temática de Economía del Grupo Parlamentario de Morena
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