En la Cámara de Diputados, avanzamos para resolver las demandas de los ciudadanos: no más despilfarro ni más burocracia dorada. Es por ello que, el jueves 10 de octubre, aprobamos modificaciones a los artículos 116 y 127 de la Constitución, a efecto de que absolutamente ningún servidor público pueda ganar más que el presidente.
Ha sido éticamente inaceptable que en administraciones pasadas funcionarios de altos rangos llegaran a tener sueldos exorbitantes. Por ejemplo, el director del Infonavit tenía un sueldo de casi 700 mil pesos mensuales, cuando el salario mínimo era de $2,650.80. Ese director ganaba más de lo que en conjunto recibían más de 250 mexicanos; una afrenta y un abuso increíble. Por eso, la primera medida del presidente fue bajar sueldos de la burocracia dorada y aumentar los salarios mínimos de todos los mexicanos.
También, la semana pasada expedimos la Ley de Austeridad Republicana, incluso contra la oposición explícita del PRI, PAN y PRD. Es una pena que después de los grandes abusos cometidos en administraciones anteriores, sigan sin escuchar este clamor ciudadano. Todos estamos ya hartos de la corrupción y el abuso gubernamental. La Ley de Austeridad Republicana es un imperativo ético, que se plantea como una exigencia normativa que nos permite cuidar los recursos públicos y destinarlos a programas sociales, que beneficien a la población más necesitada. Parte de la tragedia nacional es que, en este país que nos dejaron, hay comunidades enteras en la miseria y el dolor de la terrible marginación. Esto es lo que estamos en camino de resolver.
En esta Ley, se considera la creación de un comité de evaluación, que hará un diagnóstico y emitirá lineamientos a través de los cuales se informará de forma clara y precisa a la Cámara de Diputados en dónde se ahorró, cuáles son las políticas de austeridad, y lo más importante, a dónde se canalizaron los recursos que son de todos nosotros.
Así mismo, se prohíbe aquella costumbre perversa en la que los servidores públicos —en cuanto concluían su cargo, o en el mejor de los casos, pasado un año— eran contratados por las mismas empresas que regularon o supervisaron mientras trabajaban en el gobierno. Esto hizo que su paso por el servicio público se usara como un periodo de capacitación para servir mejor a la iniciativa privada. Es importante mencionar que no se está atentando contra la libertad de trabajo de quienes han servido en el gobierno y ahora pretenden cambiar de sector. Lo que estamos haciendo es impedir que los funcionarios de mandos superiores trabajen específicamente en las mismas empresas que antes hubieran supervisado, regulado o respecto de las cuales se haya tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo. Con estas medidas, estamos homologando nuestra legislación con la de otros países democráticos. En el caso de Inglaterra o Estados Unidos, por ejemplo, el plazo de transición es un poco menor a los 5 o 10 años propuestos en esta Ley. Pero también hay que decir que en ningún otro país había tanta corrupción como la que hubo aquí. Eso es lo que hoy estamos tratando de erradicar. De conformidad con Transparencia Internacional, en 2017, sólo 24% de nuestra población decía que se actuaba contra la corrupción. Hoy, 61% expresa que el gobierno de López Obrador está procediendo bien o muy bien en lo que se refiera a la lucha contra la corrupción.
Aún queda el gran reto de seguir interiorizando, en muchos mexicanos y servidores públicos, que la austeridad es lo que más beneficia al país. Es la austeridad lo que nos permite hacer un uso eficiente de los recursos. Nuestra visión respecto a la redistribución presupuestal es que antes de exigir más dinero, debemos saber cómo ser más eficientes con el presupuesto que ya tenemos. El cambio verdadero empieza por una genuina redistribución de la riqueza.
Diputada Federal y Coordinadora Temática de Economía y Competitividad del Grupo Parlamentario de Morena.
https://www.facebook.com/angeleshuertadip/
https://twitter.com/gelahuerta
