Cumpliendo con los tiempos marcados por la ley, la Cámara de Diputados aprobó el Dictamen del Proyecto de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018. Toca ahora al Senado de la República revisar y en su caso, aprobar el dictamen en comento emitido por su colegisladora. En este proceso destaca la posibilidad que tuvieron los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda para combinar los objetivos de reducción del déficit de la deuda pública propuestos por el Ejecutivo federal con la necesidad de identificar recursos adicionales para el financiamiento de la reconstrucción, que por lo menos requerirá 48 mil millones de pesos. Sin duda, ambos factores estarán presentes en el análisis, discusión y aprobación por parte de los senadores.
El ejercicio realizado por la Cámara de Diputados, consideró el comportamiento más reciente del mercado petrolero y del mercado cambiario, se ajustaron las previsiones de precios del petróleo, así como del precio del dólar. Estas modificaciones fueron avaladas por la propia SHCP, quien además afirmó, que, de ser necesario, las coberturas petroleras contratadas y los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios contribuirían a garantizar el monto de recursos establecidos en la Ley de Ingresos. De este modo, el Ejecutivo federal y el Poder Legislativo tuvieron los acuerdos necesarios para apoyar las tareas de reconstrucción durante el ejercicio fiscal 2018.
En este sentido, el Dictamen del Proyecto de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, establece una recaudación de cinco billones 279 mil 667 millones de pe- sos, monto que representa un incremento de 43 mil 291 mdp, respecto de la propuesta original del Ejecutivo federal. El incremento es congruente con la estimación de costos de la reconstrucción de los cuales este año hay disponibles cinco mil millones de pesos.
Sin duda, el Senado de la República confirmará las modificaciones de los diputados para consignar los recursos necesarios para la reconstrucción.
Por otra parte, el incremento presupuestal (43 mil 291 millones de pesos), habrá de orientarse a las partidas presupuestales que tengan como función apoyar la reconstrucción. Estamos hablando de infraestructura de comunicaciones, agua, electricidad, educación, salud, vivienda, así como otro tipo de apoyos para familias que perdieron no solo seres queridos, sino su hogar, su centro de trabajo, su patrimonio.
La tarea presupuestal que sigue no es fácil pues de la determinación de las partidas presupuestales que se verán incrementadas, se establecerán compromisos y obligaciones de las dependencias federales, así como los mecanismos y tipo de instrumentos de política pública que habrán de atender a la población damnificada.
El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) cuenta con reglas para el trabajo conjunto con los gobiernos estatales y municipales; asimismo, los organismos de vivienda tienen los propios, así como dependencias como Sedatu, SEP, Salud, CDI, Conagua, etc. Lo mismo sucede con la Banca de Desarrollo y los fondos de financiamiento de vivienda. De ahí que sea muy importante evaluar cuáles son los mecanismos más eficaces para atender las necesidades sociales derivadas de los desastres naturales vividos, de ser necesario fortalecer otros mecanismos, fondos o fideicomiso y la coordinación entre órdenes de gobierno.
La reconstrucción no será de unos meses, el restablecimiento de la “normalidad” en las comunidades afectadas puede tardar años.Para muchas familias y comunidades hay un antes y un después del 19S, por lo que el compromiso de las instituciones del Estado con la población afectada es permanente.
En este horizonte, otro elemento importante es transparencia del gasto público destinado a la reconstrucción, pero también será indispensable diseñar una salvaguarda de consenso para evitar que los recursos tan necesarios dejen de fluir debido al proceso electoral. La población requerirá apoyo permanente, las instituciones del Estado deben demostrar que cuentan con la capacidad necesaria para ello.
