Por Andrea Velasco
El gobierno tiene una gran deuda con el ejercicio de la libertad de expresión. Hace algunos años, nos alarmaba que Reporteros sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) equipararan los niveles de violencia contra periodistas en México con los que se viven en países en guerra. En el último reporte de CPJ sobre el tema, se indica que México los ha superado a casi todos, con la única excepción de Afganistán.
Las agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos no sólo no se han logrado frenar, sino que van en aumento. Las cifran varían entre distintas fuentes, sin embargo, de acuerdo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Artículo 19 y artículos periodísticos, sabemos que en 2020 por lo menos 13 periodistas y 14 personas defensoras de derechos humanos fueron víctimas de homicidio. Por su parte, Artículo 19 documentó un aumento de 45% en las agresiones a periodistas durante el primer semestre de 2020.
Según la investigación del CASEDE, la mayor cantidad de agresiones sufridas por estos grupos provienen de funcionarios públicos que, si bien son de distintos niveles, principalmente provienen del local. Esto no ha cambiado y, de hecho, la experiencia de años anteriores nos lleva a prever que la situación está por recrudecerse ante el periodo electoral que se avecina. En esta coyuntura, ni las instituciones federales, ni las locales están preparadas para proteger y, mucho menos, para prevenir las agresiones contra periodistas y personas defensoras. En general, no sólo no han mejorado sus capacidades, sino que ha habido retrocesos importantes, como la desaparición del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, sin ofrecer alguna alternativa más eficaz y eficiente para el manejo de los fondos. Esto se aprobó en el Congreso contra toda recomendación del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección federal, beneficiarios, periodistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil.
La desaparición del Fondo representa una vulneración a la protección y seguridad de periodistas y personas defensoras. Los recursos se trasladaron a la Secretaría de Gobernación (Segob), donde su uso está sujeto a caprichos políticos o simplemente desaparecer ante los recortes discrecionales al presupuesto. Asimismo, la posibilidad de disponer de ellos para tomar las medidas correspondientes en casos urgentes, en que alguna vida se vea amenazada, se podrá ver truncada por los tiempos de la burocracia.
No todo está perdido. La propuesta de reforma a la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, podría contribuir a mejorar la situación al fortalecer operativamente el Mecanismo de Protección y garantizar su presupuesto anual, desconcentrándolo de la Segob. También, requiere que los estados y municipios que firmen nuevos convenios de coordinación con el Mecanismo los cumplan o, de lo contrario, podrán estar sujetos a sanciones civiles, penales o administrativas. Si bien la reforma a la Ley se aprobó el 3 de diciembre de 2020 en la Cámara de Diputados y se turnó inmediatamente a la Cámara de Senadores para su discusión, se le excluyó de la agenda de cierre de año, por lo que está pendiente la fecha para su discusión en la Cámara revisora. Otro posible obstáculo para su aprobación proviene de la Secretaría de Hacienda (SHCP), que mantiene algunas objeciones presupuestarias al respecto.
En este sentido, no hay que quitar el dedo del renglón. Urge una reforma para fortalecer al Mecanismo y su coordinación con las instituciones estatales que, hasta ahora, se han quedado muy cortas en sus funciones de prevención y protección. Garantizar la libertad de expresión no es solamente cuestión de abrir el micrófono, sino de proteger a quienes lo utilizan y lo necesitan.
* Investigadora del CASEDE
