/ jueves 3 de diciembre de 2020

Libertad de expresión y derecho a defender en Coahuila

Leonor Gómez Barreiro*


Coahuila ocupó la cuarta posición con una calificación de 5.55 en el Índice Estatal de Libertad de Expresión en México 2020, que realiza el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE), a través de una métrica basada en estándares de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), esta organización consideró en su estudio tres dimensiones en las que la entidad tuvo los siguientes resultados: 1) Marco legal de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos 3.30, segundo lugar; 2) Pluralismo y medios de comunicación, 4.33, lugar 21; y 3) Seguridad de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, 9.01, primer lugar.

Para entender estos resultados es necesario comprender la siguiente pregunta: ¿qué se toma en cuenta en cada dimensión? La primera atiende indicadores estructurales, a través de una revisión a la legislación local y las capacidades institucionales para garantizar el derecho a la libertad de expresión y la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas; la segunda se enfoca en el proceso, es decir corresponde a identificar cuáles son las garantías de libertad de expresión en la aplicación de políticas públicas (programas y procedimientos); y la tercera, se basa en los resultados para evaluar cómo se ejercen estos derechos en determinado contexto.

El estudio permite tener un punto de partida objetivo para que tomadores de decisión procuren acciones encaminadas a mejorar las condiciones en las que personas defensoras de derechos humanos y periodistas desempeñan su importante función social para contribuir de manera sustantiva en la vida democrática del estado y del país. Y entre las recomendaciones de dicho estudio destacan: la necesidad de contar con áreas especializadas para la investigación de delitos contra periodistas y defensores; medios de comunicación que desempeñen un papel más activo para prevenir agresiones a estos grupos, además de adoptar un enfoque de derechos humanos, de género e interseccional en sus líneas editoriales; evitar coberturas imprudentes, mejorar condiciones laborales; y establecer protocolos y códigos de ética, entre otras.

Asimismo, se proponen políticas públicas para elaborar y poner en práctica capacitación sobre libertad de expresión a personas funcionarias públicas, con la finalidad de que comprendan el rol social que desempeñan periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como impulsar acciones de litigio estratégico para aquellas disposiciones que limitan los derechos de asociación y libertad de expresión.

Los diagnósticos acompañados de posibles alternativas de solución son esenciales para atender los problemas públicos, más cuando estos son abordados desde enfoques amplios en los cuales diversos actores pueden sumar esfuerzos para atajar un asunto. Así, CASEDE no sólo da una fotografía de las condiciones en las que se ejerce el derecho a libertad de expresión en Coahuila; sino que ofrece un insumo generoso para desplegar una ruta crítica sobre líneas de acción que permitirían a las personas defensoras y periodistas trabajar de manera más segura y con un acompañamiento más responsable tanto de las autoridades como del sector privado y la comunidad en general.

* Colaboradora del CASEDE y Coordinadora del Centro de Investigación y Estudios de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila.

Leonor Gómez Barreiro*


Coahuila ocupó la cuarta posición con una calificación de 5.55 en el Índice Estatal de Libertad de Expresión en México 2020, que realiza el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE), a través de una métrica basada en estándares de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), esta organización consideró en su estudio tres dimensiones en las que la entidad tuvo los siguientes resultados: 1) Marco legal de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos 3.30, segundo lugar; 2) Pluralismo y medios de comunicación, 4.33, lugar 21; y 3) Seguridad de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, 9.01, primer lugar.

Para entender estos resultados es necesario comprender la siguiente pregunta: ¿qué se toma en cuenta en cada dimensión? La primera atiende indicadores estructurales, a través de una revisión a la legislación local y las capacidades institucionales para garantizar el derecho a la libertad de expresión y la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas; la segunda se enfoca en el proceso, es decir corresponde a identificar cuáles son las garantías de libertad de expresión en la aplicación de políticas públicas (programas y procedimientos); y la tercera, se basa en los resultados para evaluar cómo se ejercen estos derechos en determinado contexto.

El estudio permite tener un punto de partida objetivo para que tomadores de decisión procuren acciones encaminadas a mejorar las condiciones en las que personas defensoras de derechos humanos y periodistas desempeñan su importante función social para contribuir de manera sustantiva en la vida democrática del estado y del país. Y entre las recomendaciones de dicho estudio destacan: la necesidad de contar con áreas especializadas para la investigación de delitos contra periodistas y defensores; medios de comunicación que desempeñen un papel más activo para prevenir agresiones a estos grupos, además de adoptar un enfoque de derechos humanos, de género e interseccional en sus líneas editoriales; evitar coberturas imprudentes, mejorar condiciones laborales; y establecer protocolos y códigos de ética, entre otras.

Asimismo, se proponen políticas públicas para elaborar y poner en práctica capacitación sobre libertad de expresión a personas funcionarias públicas, con la finalidad de que comprendan el rol social que desempeñan periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como impulsar acciones de litigio estratégico para aquellas disposiciones que limitan los derechos de asociación y libertad de expresión.

Los diagnósticos acompañados de posibles alternativas de solución son esenciales para atender los problemas públicos, más cuando estos son abordados desde enfoques amplios en los cuales diversos actores pueden sumar esfuerzos para atajar un asunto. Así, CASEDE no sólo da una fotografía de las condiciones en las que se ejerce el derecho a libertad de expresión en Coahuila; sino que ofrece un insumo generoso para desplegar una ruta crítica sobre líneas de acción que permitirían a las personas defensoras y periodistas trabajar de manera más segura y con un acompañamiento más responsable tanto de las autoridades como del sector privado y la comunidad en general.

* Colaboradora del CASEDE y Coordinadora del Centro de Investigación y Estudios de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila.