/ martes 2 de junio de 2020

Libertad de expresión y servidores públicos

La libertad de expresión es la base de cualquier sociedad democrática, tiene como función el intercambio de ideas, el debate tenue o acalorado, el desarrollo de distintos puntos de vista, y que la sociedad adquiera información. Esta libertad tiene distintas dimensiones, ámbitos de protección, límites y contornos según quien la utilice. Al día de hoy, está causando mucha confusión en nuestro país y en el mundo.


La libertad de expresión no tiene la misma profundidad en un juez (en funciones), en el presidente de la República (en el ejercicio del servicio público), en un reportero, en un ciudadano o en un comerciante.


Los jueces tienen el deber de tener cautela en sus expresiones sobre los asuntos que están en su conocimiento o que podrían llegar a ser juzgados por estos. Esto se conoce como la prudencia judicial. Nadie quiere ver a un juez dando opiniones sobre un asunto, que está en curso, en la prensa -u- ofendiendo a las partes en plena audiencia. Imagine al juez declarando antes de la audiencia: Yo creo que es culpable.


En México, el órgano encargado de comunicar las decisiones administrativas del Poder Judicial de la Federación hace públicas sus decisiones sobre la suspensión de jueces o sus sanciones y, algunos dicen, que es libertad de expresión o el deber de informar a la sociedad. Me cuesta trabajo pensar que una organización del Estado mexicano tiene libertad de expresión en los mismos términos que un reportero o un ciudadano. También nos pone a pensar sobre la afectación a la presunción de inocencia del juez en procedimiento sancionatorio, sobre todo, cuando la resolución no es definitiva.


El presidente de un país, en un discurso, no hace un ejercicio de libertad de expresión sino es la voz del Estado. Todo esto viene a cuenta, por las expresiones del presidente de los Estados Unidos de América. El señor Donald Trump utiliza expresiones escandalosas, comentarios incendiarios o de división de una sociedad que hoy está convulsionada por un cobarde homicidio. El señor Trump confunde su capacidad para hablar en nombre de un Estado con la libertad de expresión. Todo se vuelve muy confuso, pues ¿Cómo distinguimos del jefe de Estado del ser humano y cómo se desdoblan? Los estándares pueden señalarse cuando hace uso de un espacio oficial, cuando habla en nombre del Estado o cuándo está en el ejercicio de sus funciones, pero siempre estamos en la neblina y no existen criterios claros sobre este tema. Nos tenemos que conformar con pedirle prudencia a los presidentes (cosa de la que casi siempre carecen) hasta que los tribunales nos digan qué hacer.


En México, las declaraciones de sus servidores públicos también están en la línea de fuego. No se distingue cuándo son a título personal, cuándo y por qué son hechas por un servidor público, cuándo se hacen en aras de informar, de proteger el interés nacional o si se despliegan para proteger intereses políticos. Somos muy cuidadosos de ser políticamente correctos en nuestras expresiones, más de un ciudadano ha sido linchado por ejercer su libertad de expresión. Sin embargo, nuestros servidores y servidoras públicas hacen cualquier manifestación al amparo de dicha libertad, sin que se distinga si es a título personal o en el ejercicio de sus funciones, lo cual parece más grave y tenemos que empezar a regular, no desde lo políticamente correcto sino de la ley y los principios del servicio público.

La libertad de expresión es la base de cualquier sociedad democrática, tiene como función el intercambio de ideas, el debate tenue o acalorado, el desarrollo de distintos puntos de vista, y que la sociedad adquiera información. Esta libertad tiene distintas dimensiones, ámbitos de protección, límites y contornos según quien la utilice. Al día de hoy, está causando mucha confusión en nuestro país y en el mundo.


La libertad de expresión no tiene la misma profundidad en un juez (en funciones), en el presidente de la República (en el ejercicio del servicio público), en un reportero, en un ciudadano o en un comerciante.


Los jueces tienen el deber de tener cautela en sus expresiones sobre los asuntos que están en su conocimiento o que podrían llegar a ser juzgados por estos. Esto se conoce como la prudencia judicial. Nadie quiere ver a un juez dando opiniones sobre un asunto, que está en curso, en la prensa -u- ofendiendo a las partes en plena audiencia. Imagine al juez declarando antes de la audiencia: Yo creo que es culpable.


En México, el órgano encargado de comunicar las decisiones administrativas del Poder Judicial de la Federación hace públicas sus decisiones sobre la suspensión de jueces o sus sanciones y, algunos dicen, que es libertad de expresión o el deber de informar a la sociedad. Me cuesta trabajo pensar que una organización del Estado mexicano tiene libertad de expresión en los mismos términos que un reportero o un ciudadano. También nos pone a pensar sobre la afectación a la presunción de inocencia del juez en procedimiento sancionatorio, sobre todo, cuando la resolución no es definitiva.


El presidente de un país, en un discurso, no hace un ejercicio de libertad de expresión sino es la voz del Estado. Todo esto viene a cuenta, por las expresiones del presidente de los Estados Unidos de América. El señor Donald Trump utiliza expresiones escandalosas, comentarios incendiarios o de división de una sociedad que hoy está convulsionada por un cobarde homicidio. El señor Trump confunde su capacidad para hablar en nombre de un Estado con la libertad de expresión. Todo se vuelve muy confuso, pues ¿Cómo distinguimos del jefe de Estado del ser humano y cómo se desdoblan? Los estándares pueden señalarse cuando hace uso de un espacio oficial, cuando habla en nombre del Estado o cuándo está en el ejercicio de sus funciones, pero siempre estamos en la neblina y no existen criterios claros sobre este tema. Nos tenemos que conformar con pedirle prudencia a los presidentes (cosa de la que casi siempre carecen) hasta que los tribunales nos digan qué hacer.


En México, las declaraciones de sus servidores públicos también están en la línea de fuego. No se distingue cuándo son a título personal, cuándo y por qué son hechas por un servidor público, cuándo se hacen en aras de informar, de proteger el interés nacional o si se despliegan para proteger intereses políticos. Somos muy cuidadosos de ser políticamente correctos en nuestras expresiones, más de un ciudadano ha sido linchado por ejercer su libertad de expresión. Sin embargo, nuestros servidores y servidoras públicas hacen cualquier manifestación al amparo de dicha libertad, sin que se distinga si es a título personal o en el ejercicio de sus funciones, lo cual parece más grave y tenemos que empezar a regular, no desde lo políticamente correcto sino de la ley y los principios del servicio público.

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