/ sábado 18 de noviembre de 2017

Licurgo se queda corto

1.- Una sentencia estos días de la Suprema Corte, motivada por una libertaria organización de la sociedad civil que pidió el amparo de la Justicia Federal por agravios a sus derechos humanos, ordena al Congreso reglamentar la asignación de gastos de publicidad del Ejecutivo en medios de comunicación. El solo enunciado da para dos o tres hemerotecas de opiniones y glosas, que podrían incluir hasta las de orden jurídico. El ministro ponente, ilustre letrado que sabe de Derecho casi tanto como de su manejo de medios, perfiles y nichos de oportunidad, ha bordado sobre la omisión legislativa; sobre la defensa de los derechos humanos de los medios que azotan al gobierno y no les toca tajada, y sobre la obligación oficial de tenerles casa y escolta.

2.- A las nobles organizaciones no gubernamentales promotoras y defensoras de los derechos en cuestión parecen no bastarles las cantidades que reciben del gobierno, incluidos los locales, municipales, federal y todos los organismos públicos para su subsistencia, no siempre precaria, y para difundir toda clase de propaganda afilada justo contra las entidades del Estado. Al Gobierno no le basta con sufragar una carísima comisión nacional de los dichos derechos que se dedica nada más a zarandearlo sin fecha de prescripción; parece que ahora deberá, cuando el Congreso quiera, doblar la dosis de publicidad oficial a los medios que lo denigran por tarea.

3.- A bien entender el criterio tribunalicio, en atención a la sociedad civil cuya organización pidió el amparo el gobierno, previa regulación del Congreso, deberá pagar todavía más para que le peguen –célebre chunga del agudo Galindo Ochoa-. Y no se ha alzado aún la voz que interponga un juicio de garantías contra la subversión destructora de los líderes “sociales” que tripulan a su arbitrio a una opinión pública a menudo ingenua y, por su propia falta de información, vulnerable a las medias verdades, al engaño íntegro o ambos.

4.- Contrario sensu –como dicen los juristas-, la Corte deberá ordenar también al Congreso que imponga castigo ejemplar a esos paladines sociales que estrangulan órganos legislativos federales o locales, caso actual de la Asamblea de la Ciudad de México, que operan con dos mesas directivas según la pandilla que llegue más temprano y se encajan las uñas entre las excelsas damas madres de la patria. O del Senado de la República, donde otra caterva paraliza la Cámara y exige que la fiscalía electoral sea para una mujer. A propósito, tampoco se ha visto ninguna organización defensora furiosa de los derechos humanos de la mujer que solicite un amparo contra la forma más abyecta y burda de discriminación, como ésa de la cuota de género.

5.- Y le falta al señor ministro ordenar al Congreso que regule la actividad de las beneméritas organizaciones mártires del calvario humanitario para que se pronuncien con igual frenesí sobre las flagrantes violaciones que propina el gorila de Venezuela contra una población que padece penuria y desabasto; contra la que lanza a su policía a aplastar manifestantes, y a la que castiga con una inflación arriba de mil por ciento para mirarse solito en el espejo.

6.- O no habrá, sin salir del país, una venerable organización que condene el hurto vil y vulgar del patriarca del partido del trabajo a las arcas públicas, y la mofa prosaica de canalizar a la cuenta personal de su señora fondos asignados a la educación de preescolares y preescolaras. A primera vista, mucho lápiz le queda por arrastrar al señor ministro del copyright y el tres cuartos.

 

camilo@kawage.com

1.- Una sentencia estos días de la Suprema Corte, motivada por una libertaria organización de la sociedad civil que pidió el amparo de la Justicia Federal por agravios a sus derechos humanos, ordena al Congreso reglamentar la asignación de gastos de publicidad del Ejecutivo en medios de comunicación. El solo enunciado da para dos o tres hemerotecas de opiniones y glosas, que podrían incluir hasta las de orden jurídico. El ministro ponente, ilustre letrado que sabe de Derecho casi tanto como de su manejo de medios, perfiles y nichos de oportunidad, ha bordado sobre la omisión legislativa; sobre la defensa de los derechos humanos de los medios que azotan al gobierno y no les toca tajada, y sobre la obligación oficial de tenerles casa y escolta.

2.- A las nobles organizaciones no gubernamentales promotoras y defensoras de los derechos en cuestión parecen no bastarles las cantidades que reciben del gobierno, incluidos los locales, municipales, federal y todos los organismos públicos para su subsistencia, no siempre precaria, y para difundir toda clase de propaganda afilada justo contra las entidades del Estado. Al Gobierno no le basta con sufragar una carísima comisión nacional de los dichos derechos que se dedica nada más a zarandearlo sin fecha de prescripción; parece que ahora deberá, cuando el Congreso quiera, doblar la dosis de publicidad oficial a los medios que lo denigran por tarea.

3.- A bien entender el criterio tribunalicio, en atención a la sociedad civil cuya organización pidió el amparo el gobierno, previa regulación del Congreso, deberá pagar todavía más para que le peguen –célebre chunga del agudo Galindo Ochoa-. Y no se ha alzado aún la voz que interponga un juicio de garantías contra la subversión destructora de los líderes “sociales” que tripulan a su arbitrio a una opinión pública a menudo ingenua y, por su propia falta de información, vulnerable a las medias verdades, al engaño íntegro o ambos.

4.- Contrario sensu –como dicen los juristas-, la Corte deberá ordenar también al Congreso que imponga castigo ejemplar a esos paladines sociales que estrangulan órganos legislativos federales o locales, caso actual de la Asamblea de la Ciudad de México, que operan con dos mesas directivas según la pandilla que llegue más temprano y se encajan las uñas entre las excelsas damas madres de la patria. O del Senado de la República, donde otra caterva paraliza la Cámara y exige que la fiscalía electoral sea para una mujer. A propósito, tampoco se ha visto ninguna organización defensora furiosa de los derechos humanos de la mujer que solicite un amparo contra la forma más abyecta y burda de discriminación, como ésa de la cuota de género.

5.- Y le falta al señor ministro ordenar al Congreso que regule la actividad de las beneméritas organizaciones mártires del calvario humanitario para que se pronuncien con igual frenesí sobre las flagrantes violaciones que propina el gorila de Venezuela contra una población que padece penuria y desabasto; contra la que lanza a su policía a aplastar manifestantes, y a la que castiga con una inflación arriba de mil por ciento para mirarse solito en el espejo.

6.- O no habrá, sin salir del país, una venerable organización que condene el hurto vil y vulgar del patriarca del partido del trabajo a las arcas públicas, y la mofa prosaica de canalizar a la cuenta personal de su señora fondos asignados a la educación de preescolares y preescolaras. A primera vista, mucho lápiz le queda por arrastrar al señor ministro del copyright y el tres cuartos.

 

camilo@kawage.com

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