Por: Daniel Ávila Ruiz
En los últimos años la sociedad ha manifestado su hartazgo por la impunidad y la baja eficiencia de las corporaciones de seguridad pública, así como de impartición de justicia. Para los ciudadanos, estar expuestos a agresiones y robos de diferentes tipos, es uno de los problemas que consideran prioritario resolver.
En ocasiones los ciudadanos han decidido tomar la justicia en sus manos, contraviniendo lo estipulado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los linchamientos representan también una violación al artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, debido a que no respetan la presunción de inocencia, además de imponer tratos denigrantes a la persona.
En ese sentido el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) informó que, cuando hay un linchamiento es porque ya hubo una impunidad, los ciudadanos que toman la justicia por su propia mano desconfían de la justicia por parte del gobierno.
Un estudio realizado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD), señaló que en la LXIII Legislatura no se han presentado iniciativas para el tema de linchamientos, por lo que es un tema pendiente de revisión y discusión tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República. No obstante, una investigación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), sobre violencia social, comunicó que, de 1998 a junio de 2016, se registraron 191 casos de linchamiento en del Estado de México; además de 101 en Puebla; 64 en la Ciudad de México; 39 en Morelos, y 39 en Oaxaca, lo que nos da una idea de la gravedad del asunto.
Estos datos nos ayudan a identificar la regionalización de los linchamientos, por lo que se debe poner más empeño en las entidades federativas del centro, a fin de reducir el número de incidentes. El estudio nos ayuda a pensar en políticas públicas que reduzcan el impacto de los delitos, al tiempo de fortalecer los sistemas de justicia, a fin de evitar que las comunidades sigan haciendo justicia por propia mano.
Los linchamientos son un riesgo para el tejido social, debido a que contribuye al descredito de las instituciones, además de ignorar las leyes y los procesos de impartición de justicia. Estos actos generan una espiral de la violencia, por lo que es necesario ponerles un alto a fin de asegurar la gobernabilidad y el estado de derecho.
Estos actos también nos permiten reflexionar de la necesidad de poner freno a la violencia que sacude a México, por lo que es necesario fortalecer los valores tanto en la familia como en la escuela, y buscar el desarrollo de las actividades humanas en un marco legal y con armonía en la convivencia. Además, la vinculación entre sociedad, gobierno y organizaciones civiles debe ofrecer soluciones para que las personas logren sus objetivos sin recurrir a la delincuencia como una forma de subsistir.
Es necesario frenar las conductas ilegales -entre ellas los linchamientos- que tanto aquejan a nuestras sociedades. El creciente número de intentos de linchamiento es muestra de la necesidad de hacer más eficiente los servicios de emergencia, a fin de que lleguen a tiempo y evitar este tipo de acciones.
Senador por el PAN
