A las dos de la tarde recibió una llamada. La voz se identificó como un supuesto policía de investigación, y le preguntó si tenía alguna relación con el crimen organizado porque habían detectado varias llamadas a grupos delincuenciales desde su celular. El “policía” le pidió que saliera de su casa debido a que su vida estaba en peligro por dichas llamadas. Le dijo que se fuera a la capital -a una hora de distancia- sin avisarle a nadie porque la podían estar vigilando. Y que no colgara ya que levantaría sospechas de complicidad. Durante el trayecto, obtuvo sus datos personales, entre ellos, el contacto de sus familiares cercanos. Una vez en la capital, lejos de su casa e incomunicada, el “policía” se comunicó con su esposo y sus hermanas para pedirles dinero como rescate de un supuesto secuestro. Me depositan cien mil pesos o la mato, sentenció.
Hace algunos meses, la Fiscalía de San Luis Potosí emitió un boletín porque había detectado siete casos, en menos de tres días, con el mismo modus operandi. Lo primero que hacen es comunicarse con la víctima y mediante engaños la hacen salir de su domicilio sin avisarle a nadie, advirtió la Fiscalía. Después de obtener los datos de sus familiares, los contactan para hacerles creer que la tienen secuestrada. Finalmente, les exigen dinero para no hacerle daño y dejarla libre. El boletín incluye un dato aterrador: los delincuentes incluso realizan depósitos bancarios a las víctimas para que paguen el transporte u hospedaje con el fin de asegurarse que no estarán en su hogar. La creatividad criminal, ciertamente, no tiene límites.
En lo que va del año se han iniciado, en promedio, veinte investigaciones diarias por extorsión. Sin embargo, estas cifras no reflejan la realidad. Acorde a datos del INEGI, el 98% de las extorsiones que se cometen en el país no se denuncian. A pesar de esta subrepresentación, las cifras disponibles dan cuenta de un panorama aún más desalentador: la mayoría de las extorsiones son telefónicas y provienen de las cárceles del país. Los criminales han logrado hacer negocio de la negligencia gubernamental que mantiene al sistema penitenciario en un estado de precariedad y abandono.
Según datos oficiales y de organizaciones de la sociedad civil, 80% de las extorsiones telefónicas provienen de los penales, principalmente, en Ciudad de México, Estado de México y Tamaulipas. Al respecto, durante el 2018, el Instituto Federal de Telecomunicaciones reportó que 3.7 millones de llamadas de extorsión salieron desde las cárceles. Para el reporte de 2020, la cifra había aumentado a más de cinco millones. El problema es tan común y evidente que incluso hay videos de carácter público en donde salen personas realizando llamadas de extorsión desde un penal de la Ciudad de México. Las cárceles son call centers para realizar extorsiones.
¿Y las autoridades? Pasmadas, omisas y renuentes. Repitiendo el absurdo de lo cotidiano. Sin planes ni propuestas claras para rescatar y mejorar el sistema penitenciario. Sin una estrategia clara para reducir las llamadas y el delito de extorsión. Lo único que nos dan son buenas intenciones, discursos vacíos y propuestas que nunca llegan a implementarse. La Comisión de Seguridad Pública del Senado es un claro ejemplo de lo anterior, ya que ha emitido varios “respetuosos exhortos” para que las autoridades hagan algo al respecto.
Este desastre podría resolverse si se invierten los roles y surgen gobiernos criminales y delincuentes burocráticos. Es decir, autoridades que actúen de manera rápida, efectiva y muy creativa. O bien, criminales que soliciten el dinero amablemente, que nunca llamen a los familiares y que simulen extorsionar sin hacerlo en realidad.
