Ninguna administración abrió tantos frentes legales, como lo hace ahora el equipo de Andrés Manuel López Obrador, destacando el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, quien ha acaparado las primeras planas de todos los diarios
Empero, la responsabilidad de fincar las acusaciones con las pruebas necesarias para que, quienes estén fuera del país sean extraditados y los presos en México no salgan, es del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien por cierto esta semana filtraciones insanas afirmaban que ya había renunciado y hasta lo “reportaron” muy grave de salud.
Es importante señalar que tanto Rosario Robles, como Genaro García Luna y Emilio Lozoya fueron abandonados por sus excolaboradores e, incluso, por el PRI, partido en el que si bien es cierto nunca militaron, sí estuvieron en la campaña por la presidencia del entonces candidato presidencial, Peña Nieto.
Ante los comentarios recordando que Emilio Lozoya Austin formó parte del régimen priista, la dirigencia del partido emitió un comunicado para deslindarse del exfuncionario. Según el PRI "las conductas personales no son atribuibles a ninguna institución…”.
La aprehensión de Lozoya fue otro golpe en la cara del tricolor, que se suma a los que anteriormente habían dado por casos como el de los exgobernadores Javier Duarte, César Duarte, Rodrigo Medina, Roberto Borge, Rubén Moreira, Roberto Sandoval, Mario Anguiano, Fausto Vallejo o Egidio Torre.
Lo quieran o no, los partidos postulan a un personaje junto con todo un equipo que gobernará con los preceptos y propuestas partidistas, por lo que son corresponsables del actuar de sus militantes y de aquellos que los acompañan.
En la administración lopezobradorista, Santiago Nieto desde la UIF ha tomado una especial relevancia, por hacer públicas las investigaciones que realizan para combatir la corrupción, la impunidad y exhibir a quienes se han enriquecido de mala manera.
Con Nieto Castillo al frente de los reflectores, el fiscal Alejandro Gertz Manero ha desviado el acoso y los cuestionamientos de la prensa, con lo que deberá trabajar de la mejor manera para llevar a buen puerto las acusaciones en contra de los indiciados.
También el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo ha sido un funcionario central para el gobierno de López Obrador, aunque no se han advertido grandes logros en su estrategia, pues los niveles de violencia se incrementan aceleradamente.
Cada semana, un nuevo caso escandaliza a los mexicanos. El problema se agravará cuando la sociedad deje de ser sensible ante la barbarie y normalice la saña con que asesinan y la impunidad que gozan los responsables.
Las autoridades tanto federales como estatales y municipales, apenas dan un golpe y surge otro asunto más violento. Por ejemplo, esta semana en la Ciudad de México detuvieron al presunto coordinador del doble homicidio de ciudadanos israelíes en la Plaza Artz, pero pasó a segundo plano ante el horrible feminicidio de Ingrid Escamilla, perpetrado el fin de semana pasado en la alcaldía Gustavo A. Madero, por su pareja.
El horrible crimen fue el combustible que aumento la llama del movimiento de mujeres que reclaman mayor seguridad en sus casas, las calles, el transporte público y, sobre todo, más rapidez en el castigo a los culpables. Esta ocasión llegaron a Palacio Nacional donde realizaron pintas, intentaron irrumpir en la conferencia mañanera hasta que, finalmente, fue recibida una decena de activistas.
Días antes, López Obrador se mostró molesto ante los cuestionamientos de la prensa por la ola de feminicidios registrados en todo el país. Ayer el Presidente de la República no pudo más y dejó entrever lo incómodo que le resulta hablar de un tema tan sensible, como lo es el asesinato de mujeres.
AMLO ha insistido en lo importante que es erradicar la pobreza, el hambre y la desigualdad para su gobierno. Sin embargo, ha omitido referirse a otros asuntos de la agenda nacional, como los feminicidios o las desapariciones.
Cierto fue el comentario que hizo el empresario Carlos Slim, al señalar que asuntos como la rifa del avión presidencial no debe considerarse un distractor para los mexicanos, porque todos en el país sabemos lo que está ocurriendo.
El pasado jueves, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, se pronunció en contra de liberar a presuntos delincuentes. Al referirse a la excarcelación de Óscar Andrés Flores, alias "El Lunares" y líder del grupo delincuencial "La Unión Tepito", la ministra en retiro calificó la decisión como "una tontería" pues consideró que un juez con un poco más de sensibilidad social no lo habría dejado salir, aunque admitió que el informe sobre la aprehensión de "El Lunares" sí tenía errores menores que pudieron evitarse.
Ese mismo día, Sánchez Cordero reconoció que el sistema judicial requiere de importantes ajustes, porque en la realidad la gente no tiene acceso a la justicia y más que cierto.
Así han transcurrido ya 14 meses, entre detenciones, asesinatos, escándalos y otras atrocidades.
López Obrador ha defendido las conferencias matutinas bajo el argumento de difundir la realidad de la Nación, para que sus detractores no “mal informen” al pueblo. Pero no puede ni debe evitar referirse al reclamo social, por más pequeño o grande que sea el asunto.
Indudablemente, el Presidente ha dado muestras de negociación, la cual deberá reafirmar con las mujeres que reclaman justicia y ser respetadas, antes que ser asesinadas.
Mientras transcurre su segundo año de gobierno, se aproximan días difíciles para el Presidente de la República que seguramente sabrá enfrentar y resolver de la mejor manera. O al menos eso esperan los mexicanos.
Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.
