El empresario Alejandro Ramírez decidió no difundir una de las encuestas encargadas y pagadas por el Consejo Mexicano de Negocios, en la que José Antonio Meade aparecía en segundo lugar en las preferencias electorales. Organismo apartidista, como lo precisa el propio Consejo, tiene el legítimo interés en analizar, mediante estudios de opinión, el panorama político en la proximidad de la jornada electoral del primero de julio próximo. Fue injusta la crítica cuando un organismo empresarial hizo público el llamado a sus trabajadores a reflexionar sobre el voto que se emitirá. Como el propio Consejo Mexicano de Negocios lo aclara, la auscultación de la opinión pública y los análisis sobre la situación política en época electoral, son elementos que todo organismo público puede y debe allegarse como parte que es de la sociedad.
Abstracción hecha de la libertad de expresión, los empresarios, lo mismo que las agrupaciones sindicales, están en su derecho de manifestar públicamente sus preferencias y sus convicciones políticas, sin que ello constituya una presión para orientar el voto de sus agremiados o miembros, que son sus interlocutores naturales. La pertenencia a una organización sindical o a un organismo empresarial no obliga al voto, pero sí supone una identidad que los une.
El empresario Alejandro Ramírez se vio obligado a dar a conocer la encuesta, inicialmente no difundida por la serie de críticas y comentarios en la prensa nacional y en los círculos políticos del país, en los que se consideró que el ocultamiento de ese sondeo era contrario a la objetividad con la que las organizaciones de la sociedad civil deben abordar cuestiones políticas tan importantes como la contienda electoral. Esconder la encuesta finalmente conocida pudo interpretarse como un acto deliberadamente opuesto a la libertad de expresión y manifestación de las ideas.
La negativa del empresario Ramírez a hacer público el resultado del sondeo muestra, una vez más, la perversidad que puede encerrarse en la práctica de las encuestas de opinión como instrumento de manipulación, distorsión y falsedad de la voluntad de los electores. La encuesta se ha convertido en una industria de la política en la que, como lo que ocurre con cualquier mercancía, el que paga manda. Una encuesta se compra, pero el que la paga puede ocultar la mercancía adquirida para manipularla y darle valor en lo que es su campo de acción, el mercado.
Vista desde ese ángulo la encuesta ejerce sobre el elector efectos contrarios a la democracia. Aquel a quien el sondeo muestra sostenidamente en primer lugar arrastra la intención de voto hacia el que aparece como el seguro ganador. Es una falacia estadística que, en rigor, no debería, no debe influir en el análisis sereno, la reflexión del elector informado en la hora de votar.
La perversidad de la encuesta no aparece sólo en los márgenes de error aceptados en las entrevistas a pequeños segmentos de la población. Va más allá. El manejo perverso de la encuesta, su dependencia de quien se convierte en su comprador, propietario y manipulador, son los verdaderos enemigos de esa práctica pretendidamente democrática.
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