/ martes 6 de marzo de 2018

Lo que debe aclarar Anaya

Uno de los asuntos más comentados durante este periodo de intercampañas, que en lugar de un remanso ha resultado más tormentoso que el de la precampaña, es la acusación lanzada contra Ricardo Anaya, candidato de la alianza PAN-PRD-MC, por su presunta participación en el posible delito de lavado de dinero.El llamado “joven maravilla” se duele de ser víctima de una “embestida” en su contra, pues ¿qué esperaba?, toda campaña en las democracias competitivas es una cadena de embestidas recíprocas entre las distintas candidaturas, ¿no fue así el enfrentamiento Trump-Clinton?, ¿de cuántos delitos se acusaron mutuamente? Meade es objeto también de una embestida y hay que darse una vuelta por las redes sociales y algunos editoriales de prensa para enterarse de la que se dirige contra Lopez Obrador.

Lo que corresponde ahora es que se determine si el ataque está justificado o no y para ello la PGR debe hacer su trabajo y no puede decirse que esté impedida por el hecho de que la persona involucrada sea candidato a la presidencia de la República. Se objeta que hay otras pesquisas importantes que no avanzan y en eso puede haber razón, pero no es aceptable argumentar el retraso de otra averiguación para pretender que se deje de investigar una conducta que eventualmente podría ser constitutiva de delito. Ciertamente habría que reconocer que la difusión de un vídeo grabado con motivo de la presencia de Ricardo Anaya, Diego Fernández de Ceballos y otros connotados frentistas en la Procuraduría, constituyó un acto injustificado que no tenía ninguna relación con la investigación y que daba la impresión de que solo respondía a la realización de un verdadero mitin de campaña a las puertas de esa institución cuando se supone está prohibido. De cualquier modo la difusión del vídeo dio la impresión de que hay un enfrentamiento personal entre la Procuraduría y Anaya lo cual no es sano para el desarrollo de una investigación cuyo sustento jurídico no debería tener que ver con disputas políticas. No debe caer la Procuraduría en una conducta que dé pie a que se desvirtúe su tarea la cual no tiene por qué tomar en cuenta la calidad del investigado así sea candidato a la presidencia.

En el caso comentado hay cuestiones no suficientemente aclaradas en la conducta de Anaya. La principal suspicacia surgió de su resistencia a admitir la cercanía amistosa con el señor Barreiro de quien se afirma que le vendió un terreno en 10 millones de pesos y luego se lo compró en 54 millones, después de que se construyó en él una nave industrial. Parte importante de la defensa de Anaya ha sido señalar que el terreno no le fue vendido al mismo señor Barreiro y dio el nombre de un supuesto comprador que luego resultó no serlo, lo que ha sido aprovechado por el presidente del PRI para endilgar a Anaya el calificativo de mentiroso. Lo importante en cuanto al comprador es si efectivamente la misma persona que le vendió en 10 millones luego le compró en 54 millones. Ahí es donde radica uno de los aspectos más cuestionables de este episodio porque según afirma el presidente del PRI, los socios que constituyeron la empresa compradora estaban íntimamente vinculados al señor Barreiro; para crearla aportaron un capital conjunto de diez mil pesos y no está claro cómo consiguieron los 54 millones a partir de un traslado de dinero efectuado por diferentes países.

Anaya se defiende diciendo que a él directamente no se le ha imputado nada salvo la amistad con el señor Barreiro que al parecer efectivamente existía. Pero resulta que el beneficiado por toda la operación fue el propio Anaya, al recibir un incremento en su patrimonio de 44 millones de pesos precedido por una serie de operaciones de dudosa legalidad. De manera que sí sería necesario que quien aspira a la presidencia de la República aclare plenamente cuál era el origen de los 10 millones con los que inicialmente adquirió el terreno y cuál era el valor de la nave construida sobre él, que de no haber sido alguna de naturaleza espacial con tecnología de punta difícilmente tendría un valor cercano a los 40 millones de pesos. El avalúo de esa construcción resulta muy importante y hasta ahora no se ha hecho referencia al mismo. Finalmente esclarecer el verdadero grado de cercanía con el señor Barreiro, sobre todo porque hay indicios de que él es la persona que se encontraba detrás de quienes hubieran prestado sus nombres para hacer la compra millonaria del mismo terreno que previamente había vendido dicho señor Barreiro. Todo ello es indispensable para que —independientemente de donde provenga el ataque que, lógicamente, le está dirigido por sus adversarios políticos— pueda refutar las bases del mismo y demostrar que no tiene ninguna responsabilidad en ese esquema que la opinión pública empieza a considerar como un verdadero lavado de dinero y que para determinar si lo es o no, el ministerio público tiene la obligación de investigar.

eduardoandrade1948@gmail.com

Uno de los asuntos más comentados durante este periodo de intercampañas, que en lugar de un remanso ha resultado más tormentoso que el de la precampaña, es la acusación lanzada contra Ricardo Anaya, candidato de la alianza PAN-PRD-MC, por su presunta participación en el posible delito de lavado de dinero.El llamado “joven maravilla” se duele de ser víctima de una “embestida” en su contra, pues ¿qué esperaba?, toda campaña en las democracias competitivas es una cadena de embestidas recíprocas entre las distintas candidaturas, ¿no fue así el enfrentamiento Trump-Clinton?, ¿de cuántos delitos se acusaron mutuamente? Meade es objeto también de una embestida y hay que darse una vuelta por las redes sociales y algunos editoriales de prensa para enterarse de la que se dirige contra Lopez Obrador.

Lo que corresponde ahora es que se determine si el ataque está justificado o no y para ello la PGR debe hacer su trabajo y no puede decirse que esté impedida por el hecho de que la persona involucrada sea candidato a la presidencia de la República. Se objeta que hay otras pesquisas importantes que no avanzan y en eso puede haber razón, pero no es aceptable argumentar el retraso de otra averiguación para pretender que se deje de investigar una conducta que eventualmente podría ser constitutiva de delito. Ciertamente habría que reconocer que la difusión de un vídeo grabado con motivo de la presencia de Ricardo Anaya, Diego Fernández de Ceballos y otros connotados frentistas en la Procuraduría, constituyó un acto injustificado que no tenía ninguna relación con la investigación y que daba la impresión de que solo respondía a la realización de un verdadero mitin de campaña a las puertas de esa institución cuando se supone está prohibido. De cualquier modo la difusión del vídeo dio la impresión de que hay un enfrentamiento personal entre la Procuraduría y Anaya lo cual no es sano para el desarrollo de una investigación cuyo sustento jurídico no debería tener que ver con disputas políticas. No debe caer la Procuraduría en una conducta que dé pie a que se desvirtúe su tarea la cual no tiene por qué tomar en cuenta la calidad del investigado así sea candidato a la presidencia.

En el caso comentado hay cuestiones no suficientemente aclaradas en la conducta de Anaya. La principal suspicacia surgió de su resistencia a admitir la cercanía amistosa con el señor Barreiro de quien se afirma que le vendió un terreno en 10 millones de pesos y luego se lo compró en 54 millones, después de que se construyó en él una nave industrial. Parte importante de la defensa de Anaya ha sido señalar que el terreno no le fue vendido al mismo señor Barreiro y dio el nombre de un supuesto comprador que luego resultó no serlo, lo que ha sido aprovechado por el presidente del PRI para endilgar a Anaya el calificativo de mentiroso. Lo importante en cuanto al comprador es si efectivamente la misma persona que le vendió en 10 millones luego le compró en 54 millones. Ahí es donde radica uno de los aspectos más cuestionables de este episodio porque según afirma el presidente del PRI, los socios que constituyeron la empresa compradora estaban íntimamente vinculados al señor Barreiro; para crearla aportaron un capital conjunto de diez mil pesos y no está claro cómo consiguieron los 54 millones a partir de un traslado de dinero efectuado por diferentes países.

Anaya se defiende diciendo que a él directamente no se le ha imputado nada salvo la amistad con el señor Barreiro que al parecer efectivamente existía. Pero resulta que el beneficiado por toda la operación fue el propio Anaya, al recibir un incremento en su patrimonio de 44 millones de pesos precedido por una serie de operaciones de dudosa legalidad. De manera que sí sería necesario que quien aspira a la presidencia de la República aclare plenamente cuál era el origen de los 10 millones con los que inicialmente adquirió el terreno y cuál era el valor de la nave construida sobre él, que de no haber sido alguna de naturaleza espacial con tecnología de punta difícilmente tendría un valor cercano a los 40 millones de pesos. El avalúo de esa construcción resulta muy importante y hasta ahora no se ha hecho referencia al mismo. Finalmente esclarecer el verdadero grado de cercanía con el señor Barreiro, sobre todo porque hay indicios de que él es la persona que se encontraba detrás de quienes hubieran prestado sus nombres para hacer la compra millonaria del mismo terreno que previamente había vendido dicho señor Barreiro. Todo ello es indispensable para que —independientemente de donde provenga el ataque que, lógicamente, le está dirigido por sus adversarios políticos— pueda refutar las bases del mismo y demostrar que no tiene ninguna responsabilidad en ese esquema que la opinión pública empieza a considerar como un verdadero lavado de dinero y que para determinar si lo es o no, el ministerio público tiene la obligación de investigar.

eduardoandrade1948@gmail.com