Además de la crisis sanitaria, este año 2021 tiene un carácter eminentemente político. Pero en el contexto de la Pandemia, no tenemos idea de las condiciones -medidas de confinamiento vigentes o liberación de actividades; reducción o crecimiento de contagios, comportamiento de hospitalizaciones, avances y/o éxito en la aplicación de vacunas, etc.- en que llegaremos a la elección del 6 de junio.
Los 20,792 cargos de elección popular en disputa convierten a esta elección en la más grande de nuestra historia. En tiempos del Covid, será un reto más al que tendremos que hacer frente para cumplir con uno de los más importantes derechos políticos: el ejercicio del voto.
Para propósitos de este artículo, quiero centrarme de manera particular en las 15 gubernaturas que están en disputa. Por una parte, se trata de las posiciones políticas de mayor responsabilidad para el futuro y condiciones de vida de los habitantes de aquellos estados; por la otra, la gestión de muchos gobernadores que concluyen sus mandatos ha sido desastrosa y dejan a sus entidades en condiciones deplorables.
Más allá de esas 15 posiciones que se van a elegir, no sólo está de por medio la elección misma de los titulares de los poderes ejecutivos estatales; sino particularmente, está en juego el futuro, las expectativas, las condiciones de vida, el bienestar, la seguridad y tranquilidad de los millones de habitantes de dichos estados. Una aspiración largamente pospuesta.
Los 15 gobernadores que ya van de salida son: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Michoacán, Colima, Guerrero, Tlaxcala y Campeche.
Sin embargo, intentemos hacer un breve análisis de la situación en que se encuentran estas entidades en tres rubros clave: seguridad, pobreza y endeudamiento.
Para empezar, de esos 15 estados, los de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Zacatecas, Chihuahua, Sonora y Baja California, son considerados los estados más violentos y más peligrosos del país. En consecuencia, también ahí se ubican varios de los municipios más críticos en términos de seguridad, tal es el caso de: Acapulco, Manzanillo, Tijuana, Tecate, Ensenada, Ciudad Juárez, Fresnillo, Zamora, Uruapan, Guaymas, Cajeme, Ciudad Obregón y Culiacán, entre muchos otros más, pues únicamente he citado los casos más representativos.
En este rubro, los resultados que “entregan” los gobernadores que terminan su mandato son desastrosos; parecerían sexenios perdidos dado que no cumplieron con el compromiso de garantizar seguridad a sus habitantes.
Pasemos a otro ámbito, el de la pobreza. De las 15 entidades mencionadas, un buen número de ellas registran los más altos porcentajes de pobreza, empezando por Guerrero -es el segundo estado más pobre del país- y de ahí le siguen Tlaxcala, Zacatecas, Campeche y Michoacán. En este punto, las condiciones y/o carencias que presentan sus habitantes son prácticamente las mismas a las de seis años atrás o más.
Hay un punto más que quiero abordar: la situación de endeudamiento que los gobernadores dejan en las finanzas estatales. Ningún mandatario quedó a salvo de contratar deuda con la banca comercial, de desarrollo o a través de emisiones bursátiles. Los estados que registran la deuda más elevada, con respecto a sus ingresos totales, son Nuevo León (84%), Sonora (74%), Chihuahua (72%), Baja California (36%) y Nayarit (30%).
¿ Qué significa esta situación?. Veámoslo de manera particular con el caso de Nuevo León, que es el estado con mayor endeudamiento per cápita. Esto es, cada habitante de esa entidad gobernada por un Independiente tiene a cuestas una deuda de 14 mil 775 pesos. Pero los habitantes de Chihuahua -gobernados por un panista- tampoco la tienen fácil, cada uno debe 13 mil 322 pesos.
Así están más o menos las cosas. Tras culminar sus respectivas gestiones, esos 15 gobernadores -incluida una mujer- dejan entidades violentas, sumidas en la pobreza y por si fuera poco, endeudadas. Tal parece que ese endeudamiento de nada sirvió para fortalecer las capacidades institucionales ante la inseguridad y mucho menos tuvo como propósito promover el desarrollo de las comunidades más golpeadas por la pobreza.
Para los habitantes de esos 15 estados existen muy pocos incentivos para acudir a las urnas; pero aun así, están llamados a cumplir con el deber ciudadano de votar.
Las y los candidatos deberán tener muy claro el tamaño de la responsabilidad que tendrán a cuestas y que, en caso de triunfar, no pueden fallar. De lo contrario, sería mejor no obsesionarse con una búsqueda del poder por el poder mismo, mucho más cuando su aparente “compromiso” con el bienestar de sus paisanos no será auténtico ni honesto.
*Presidente de la Academia Mexicana de Educación.
