/ lunes 15 de abril de 2019

López Obrador solo cree en “su” Ley

El sentimiento de incapacidad que provoca que López Obrador nombre a un militar para que dirija la Guardia Nacional es realmente preocupante. No hay peor decisión que aquella que no aprende de los errores. Las consecuencias de tirar los preceptos constitucionales que señalan la Guardia Nacional debe ser civil en toda concepción, dirección y estructura en el cajón del escritorio más alejado de su oficina de Palacio Nacional se dejarán ver muy pronto para desgracia del país.

El mandatario debe tener la inteligencia para saber interpretar cuáles son sus responsabilidades intrínsecas al encargo. Se dice la gente quiere mano dura, por eso confía más en un soldado o un marino para detener a los malosos, que a un policía mal pagado, sin preparación o enganchado en la delincuencia.

Sin embargo el Presidente de México debe de tomar en consideración que a diferencia de cuando él se formó como político en los años del echeverrismo, hoy desde el cargo más ilustre de la representación del Estado Mexicano, hay un avance en la implementación de las políticas para garantizar la gobernanza, que deben atender el funcionamiento institucional fundando y garantizando el marco jurídico nacional y también del derecho internacional, ergo hay que atender las obligaciones derivadas de los tratados que el Estado Mexicano ha aprobado. Y por lo tanto, además de lo que establece la CPEUM, el Presidente debe atender: a) las recomendaciones que surjan desde el Consejo de Derechos Humanos de UN, a través del Mecanismo de Examen Periódico Universal para una seguridad pública civil en su concepción y dirección b) México sigue en falta en aplicar leyes que tienen consenso con las ONG, especialistas y colectivos de cada tema: tortura, desaparición forzada, periodistas, defensoras (res) de derechos humanos, atención a víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos, consulta pública, violencia contra las mujeres y feminicidio, trata de personas, migración, violaciones a derechos humanos, entre otros temas. c) cuando la gente señala que simpatiza con la “mano dura” en la persecución del delito y de los delincuentes, se refiere a que quieren contundencia en los resultados: se investigue, se les persiga, se les impute, se les sancione; se atienda sus denuncias; ergo se apliquen las leyes; d) se proteja a víctimas: justicia; no repetición; y a los militares les ha alcanzado señalamientos también de corrupción: no son infalibles. e) Antes que termine el mes de abril el Comité contra la Tortura va a revisar a México.

No le irá bien a este gobierno porque los señalamientos que se han venido haciendo tienen que ver con lograr un fiscal independiente del gobierno que se incumplió, atención a los señalamientos de tortura también a militares que no se han resuelto, así como cumplimiento de las recomendaciones del comité contra tortura de la CNDH.

El gobierno ha presentado su iniciativa de ley sobre Guardia Nacional, es imperativo establecer en ella la ruta para que los militares regresen a sus cuarteles en la medida que los tres órdenes de gobierno logran las policías que se requiere para cada ámbito. Así lo señala la Constitución. Pero el Presidente se ha propuesto hacer lo que él quiere en contra de los estándares internacionales que señalan que la seguridad pública corresponde a fuerzas civiles.

Defensora de los Derechos Humanos

@angelicadelap

El sentimiento de incapacidad que provoca que López Obrador nombre a un militar para que dirija la Guardia Nacional es realmente preocupante. No hay peor decisión que aquella que no aprende de los errores. Las consecuencias de tirar los preceptos constitucionales que señalan la Guardia Nacional debe ser civil en toda concepción, dirección y estructura en el cajón del escritorio más alejado de su oficina de Palacio Nacional se dejarán ver muy pronto para desgracia del país.

El mandatario debe tener la inteligencia para saber interpretar cuáles son sus responsabilidades intrínsecas al encargo. Se dice la gente quiere mano dura, por eso confía más en un soldado o un marino para detener a los malosos, que a un policía mal pagado, sin preparación o enganchado en la delincuencia.

Sin embargo el Presidente de México debe de tomar en consideración que a diferencia de cuando él se formó como político en los años del echeverrismo, hoy desde el cargo más ilustre de la representación del Estado Mexicano, hay un avance en la implementación de las políticas para garantizar la gobernanza, que deben atender el funcionamiento institucional fundando y garantizando el marco jurídico nacional y también del derecho internacional, ergo hay que atender las obligaciones derivadas de los tratados que el Estado Mexicano ha aprobado. Y por lo tanto, además de lo que establece la CPEUM, el Presidente debe atender: a) las recomendaciones que surjan desde el Consejo de Derechos Humanos de UN, a través del Mecanismo de Examen Periódico Universal para una seguridad pública civil en su concepción y dirección b) México sigue en falta en aplicar leyes que tienen consenso con las ONG, especialistas y colectivos de cada tema: tortura, desaparición forzada, periodistas, defensoras (res) de derechos humanos, atención a víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos, consulta pública, violencia contra las mujeres y feminicidio, trata de personas, migración, violaciones a derechos humanos, entre otros temas. c) cuando la gente señala que simpatiza con la “mano dura” en la persecución del delito y de los delincuentes, se refiere a que quieren contundencia en los resultados: se investigue, se les persiga, se les impute, se les sancione; se atienda sus denuncias; ergo se apliquen las leyes; d) se proteja a víctimas: justicia; no repetición; y a los militares les ha alcanzado señalamientos también de corrupción: no son infalibles. e) Antes que termine el mes de abril el Comité contra la Tortura va a revisar a México.

No le irá bien a este gobierno porque los señalamientos que se han venido haciendo tienen que ver con lograr un fiscal independiente del gobierno que se incumplió, atención a los señalamientos de tortura también a militares que no se han resuelto, así como cumplimiento de las recomendaciones del comité contra tortura de la CNDH.

El gobierno ha presentado su iniciativa de ley sobre Guardia Nacional, es imperativo establecer en ella la ruta para que los militares regresen a sus cuarteles en la medida que los tres órdenes de gobierno logran las policías que se requiere para cada ámbito. Así lo señala la Constitución. Pero el Presidente se ha propuesto hacer lo que él quiere en contra de los estándares internacionales que señalan que la seguridad pública corresponde a fuerzas civiles.

Defensora de los Derechos Humanos

@angelicadelap

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