La plena legalización de la mariguana en California a partir de principios de año, que vino a sumarse a la ya existente en otros siete estados de la Unión Americana y su capital Washington, D.C. plantea una serie de cuestiones que impactan a la política que debe seguirse en nuestro país en la materia puesto que, justo en el patio de a lado, la producción y el consumo de este estupefaciente parece generar enormes beneficios para distintos sectores, incluido el gobierno que cobra los impuestos, de acuerdo a reportes que aparecen en medios de gran prestigio internacional como la revista The Economist.
Estas circunstancias obligan a reflexionar sobre lo difícil de mantener una situación asimétrica desde el punto de vista económico en razón de la cercanía de nuestros países y la influencia que puede tener el despegue de una gran industria basada en el consumo legal de la mariguana prácticamente en todo el territorio de los Estados Unidos en el corto plazo, y mientras allá se obtienen múltiples ventajas de esta nueva situación, México continúa pagando un alto costo en vidas humanas y en seguridad pública que parece justificarse cada vez en menor medida.
Basta echar un ojo al artículo publicado en la primera edición de 2018 de la referida revista británica para percibir la actitud no solo complaciente sino hasta entusiasta que se muestra en ese texto respecto de los resultados que se esperan de la legalización total del consumo y evidentemente de la producción de mariguana en el territorio californiano que ocupa el sexto lugar entre las economías del mundo y se ha convertido en el mercado más grande del planeta para la mariguana de uso recreativo.
De acuerdo al artículo mencionado, un estudio realizado por la Universidad de California indica que las ventas de ese producto para uso lúdico alcanzarán cinco mil millones de dólares al año. En ese estado las ventas legales ya eran de dos mil millones anuales bajo las reglas de venta para uso médico, el cual se permitió desde 1996 y, como se ve, constituía un muy jugoso negocio. Una particularidad interesante de las normas aplicables en California lo constituye el hecho de que a residentes que han sido condenados por delitos, que dejarán de serlo bajo la nueva normatividad, se les ha permitido eliminar sus antecedentes penales; pero eso no es todo, los cambios legales permiten que los condenados por tales delitos se incorporen a la nueva industria legal e incluso en algunas ciudades como Los Ángeles les conceden preferencia para la obtención de las licencias de venta.
Se dice que esta política es conveniente porque permite incorporar a la actividad lícita a quienes anteriormente operaban en el mercado negro. ¡Caray! parecería que el conocimiento del negocio sucio ahora les favorece. Además, sostienen, es útil que se incorporen personas que fueron perjudicadas por la guerra contra las drogas dándoles oportunidad de obtener beneficios en el marco de la industria legalizada.
Todo indica que llega el tiempo de analizar alternativas que posibiliten enfrentar la realidad económica y social imperante precisamente al lado nuestro. No es desdeñable elucubrar sobre un escenario en el cual con la misma capacidad imaginativa del litigio estratégico por virtud del cual la Suprema Corte de Justicia avaló el uso lúdico de la mariguana, se emprendiera una política espejo de la que aplica el país vecino.
Allá, con fenomenal hipocresía, los estados hacen legal lo que la Federación considera ilegal. ¿Qué sucedería si algunas entidades federativas en nuestro país actuaran con el mismo pragmatismo con el que se actúa en Estados Unidos para supuestamente prohibir y al mismo tiempo permitir el consumo de este estupefaciente? El resultado podría ser un mecanismo basado en la defensa y ampliación de los derechos humanos; por ejemplo, algunas normas estatales que establecieran la licitud de la producción y el tráfico de estupefacientes cuyo consumo estuviera permitido en otras latitudes.
Supongamos que a partir de lo señalado en el artículo 5o. constitucional de que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícito, un texto constitucional local dijese: “En esta entidad el derecho humano a la libertad de trabajo y a ejercerlo de manera lícita, digna y socialmente útil, protege la producción y tráfico de cualquier estupefaciente, siempre que se destine a ser enviado a lugares donde su consumo o industrialización sea lícito”. De paso podría justificar el cultivo de amapola para fines medicinales. Este subterfugio reproduce la hipócrita lógica estadounidense y se basaría en que los derechos humanos no pueden restringirse por la legislación inferior, pero sí pueden ser ampliados, de manera que se abriría un espacio a la producción para la exportación concebida como el ejercicio de un trabajo garantizado por la Constitución mexicana.
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