Mucho se habla de seguridad pública sin distinguir con claridad la diferencia que hay entre ella y la investigación de los delitos, que corresponde al Ministerio Público y a la policía que depende de él; siendo lo grave que esta falta de distinción repercute en la realidad, o sea, que se confunden los términos al extremo de darle a aquél atribuciones que no le competen. En efecto, una cosa es la averiguación de un delito, de su comisión, de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevó a cabo y otra muy distinta que antes de esa comisión se tomen las medidas necesarias para evitarlo. Es así mismo, pues, que dicha evitabilidad nada tiene que ver con el evento delictivo. Hay momentos, claro, en que una determinada situación peligrosa debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público, para que indague, sólo él, sobre las posibles pistas precedentes al suceso ilícito. Por lo tanto, confundir aquí las funciones de cada quien siempre resulta en perjuicio de los derechos y garantías de la persona.
Ahora bien, no es muy claro el texto constitucional cuando en el artículo 21 se dispone que la seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la Constitución señala. Y no es muy claro porque la “persecución de los delitos” no es de la incumbencia de la seguridad pública. El llamado Sistema Nacional de Seguridad Pública consta, digamos, de dos partes, la preventiva y la ejecutiva; siendo que ésta última, la investigación y persecución de los delitos, únicamente la atañe al Ministerio Público. Consecuencia de lo anterior es que es necesario estructurar una auténtica Política Criminal, de la que hoy por hoy carece el gobierno. Esto es o sería seguridad pública, es decir, una actividad oficial consistente en analizar, determinar y precisar las causas de los actos delictivos, sus motivaciones y su evitabilidad o tratamiento vista la violencia criminal como una enfermedad social que daña la salud del cuerpo social. No hay que perder de vista que el delito no nace de la nada. Es primero un embrión, con todas las características delictivas en ciernes. Es, si cabe el término, un predelito. Ello es muy importante porque reúne en potencia todos los elementos del delito, aunque sin serlo materialmente. En otros términos, en este terreno es donde debe actuar la seguridad pública, pero sin intervenir en el curso de las funciones propias y exclusivas del Ministerio Público. Lo indiscutible es que México se halla agobiado por la violencia y la inseguridad. Y vale agregar en medio de los festejos virtuales de las fiestas patrias que no puede haber patria, por la que dieron sus vidas entre otros Hidalgo y Morelos, ni libertad, ni independencia, ni soberanía, ni justicia, ni democracia, ni paz; que no puede haber México en un clima social de inseguridad latente, constante, y que sobresalta el espíritu de la nación entera, desgarrando vidas, familias, patrimonios, y sembrando por doquier la discordia. En tal virtud no hay que olvidar los cánones rectores de la seguridad pública. México no puede crecer en ningún sentido hundiéndose en un pantano de inseguridad constante. Sin paz individual y social no hay progreso ni tampoco evolución. Lo que hace falta, pues, es una política de Estado clara y contundente, inteligente y apoyada en la razón; ya que tan grave o más aún que la pandemia del covid-19 es el virus antisocial de la inseguridad y de la intranquilidad.
Profesor Emérito de la UNAM
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