El lunes pasado, en el marco del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la declaratoria de alerta por violencia de género. La ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia señala que dicha medida es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida.
También pudimos observar que a nivel internacional y nacional se llevaron a cabo manifestaciones públicas por parte de mujeres. Su objetivo común es exigir que el Estado implemente acciones eficientes e inmediatas para detener y sancionar la violencia que existe contra las mujeres y las niñas.
Podemos tener o no diferencias con la manera en que se expresaron algunas mujeres en la Ciudad de México (pintas en monumentos), pero lo que hay que reconocer de forma unánime es que no solo el gobierno local, sino todo el Estado mexicano ha fracasado con la defensa de los derechos de las mujeres y, consecuentemente, con la sanción y erradicación de conductas que los vulneran.
Hay quienes se alarman por las pintas a monumentos en las protestas públicas de mujeres y las catalogan como actos que afectan a los derechos humanos, como recientemente consideró la ombusdperson de la CNDH. Sin embargo, es importante señalar que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), levantada por el INEGI en 2016 y publicada en agosto de 2017, ya había demostrado la necesidad urgente de tomar acciones inmediatas y trascendentes para cambiar la realidad del país.
Dicha conclusión se sustenta en los siguientes datos: de un universo de 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que habitan en México, la encuesta señala que el 66% (más de 30 millones) han padecido en distintos ambientes (familiares, escolares, laborales y comunitarios) violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación. El 38.3% han sufrido violencia, principalmente sexual, en el ámbito comunitario (calles, parques y transporte). El 26.6% de las mujeres han experimentado en su lugar de trabajo violencia sexual y de discriminación por razones de género o por embarazo.
Es importante señalar que dichos porcentajes pueden estar sub reportados, es decir, reflejan un número menor de lo que sucede en la realidad. Lo anterior es así, ya que la violencia sexual genera estigmatización y vergüenza en la víctima. Pese a ello son resultados que permiten afirmar, así, sin más, concluir que México no es seguro para las mujeres.
Confirman lo anterior los datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), pues con corte al 30 de octubre del presente año, las mujeres han sido víctimas de 809 feminicidios y 2,309 homicidios dolosos.
Por tal razón hoy está más que justificada la exigencia de las mujeres para que el Estado mexicano actúe y combata la violencia. Las pintas realizadas en algunos monumentos no pueden ser motivo de descalificación a la causa que persiguen las protestas públicas.
De hecho, más allá de discutir sobre si es la forma de manifestarse o no, veamos qué está pasando. Desde mi perspectiva no existen políticas públicas ni mucho menos un trabajo legislativo importante para atajar el problema. Podría pensarse que la legislatura de la paridad de género (48.2% de diputadas y 49.2% de senadoras) era un factor necesario para el cambio en el combate a la violencia contra las mujeres; sin embargo, ello no ha ocurrido.
Desde que iniciaron los trabajos de la actual legislatura a la fecha, se han presentado más de 200 iniciativas de reforma legal relacionadas con el tema de violencia contra las mujeres. De esas, solo 7 se han aprobado y destaca la reciente reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la que se considerará violencia digital aquellas conductas que impliquen acoso, hostigamiento, mensajes de odio y difusión de contenido sexual sin consentimiento (Ley Olimpia); sin embargo, no se reformó el Código Penal Federal, lo que podría implicar la ausencia de sanción o consecuencia.
Hoy más que nunca debe privilegiarse la sororidad (solidaridad entre mujeres). Liderazgos fuertes y trabajo conjunto sin colores partidistas. Resulta increíble que en la legislatura de la paridad la agenda de género esté ausente y el trabajo legislativo para el combate a la violencia contra las mujeres y niñas sea mínimo. Mientras no haya cambio, los que estamos convencidos que la igualdad y los ambientes públicos y privados libres de violencia contra las mujeres y niñas deben ser parte de nuestra normalidad, debemos seguir apoyando los reclamos públicos y las manifestaciones. Las violaciones a los derechos humanos de las mujeres jamás podrán ser limpiados con agua y jabón. Las piedras sí.
*Jefe de oficina de la presidencia del Consejo General del INE.
@ebuendiaz
