Por: Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Mientras para muchas familias el pasado 10 de mayo fue una ocasión de encuentro y celebración, para cientos de madres de personas desaparecidas fue una fecha en la que, de nueva cuenta, dejaron constancia de su dolor, valentía y exigencia a las autoridades, de los distintos órdenes y niveles de gobierno, para que den respuestas pertinentes a las demandas de verdad y justicia para sus seres queridos.
A las 2 fosas clandestinas encontradas a principios de este mes en el estado de Nayarit, donde se ha reportado la exhumación de 4 cuerpos, tan sólo la semana pasada se tendría que sumar el hallazgo de 3 fosas más en el estado de Jalisco, que contendrían los restos de cerca de 30 personas, la localización de 4 cuerpos en el estado de Sinaloa, así como la detección de posibles nuevas fosas en Úrsulo Galván, Veracruz, hechos que se han podido concretar, en buena medida, gracias al trabajo de los grupos de rastreo, integrados por las madres y otros familiares de quienes han sido víctimas de desaparición.
El mayor desafío que el Estado mexicano enfrenta en materia de derechos humanos, lo constituye la desaparición de personas. Si bien es cierto que en los últimos años se han registrado innegables avances en cuanto a la visibilización, reconocimiento y atención del problema, lo cierto es que los mismos resultan incipientes ante la magnitud y gravedad de la situación. Conforme a cifras del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, más de 37,000 personas estarían desaparecidas y existirían más de 26,000 cuerpos que no han sido identificados o reclamados en los servicios médicos forenses del país, a lo cual hay que agregar los miles de fragmentos óseos y otros restos humanos recuperados de fosas clandestinas e irregulares.
El que el Gobierno de la República haya anunciado que su principal prioridad es la búsqueda de desaparecidos y que no se escatimarán recursos económicos para ello, es algo que debe reconocerse, pero que debe traducirse, en el corto plazo, en acciones concretas que tengan un reflejo operativo e incidencia práctica, dada la diversidad y complejidad de los retos que se presentan. Un primer punto a atender sería la necesidad de contar con un diseño y estructura institucional, tanto a nivel federal como local, que cuente con las capacidades y recursos, debidos y suficientes, para permitir la búsqueda, localización e identificación de personas. Recientemente se reinstaló el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP), pero cerca de la tercera parte de los sistemas locales de búsqueda que deberían estar operando aún no se instalan y en 7 entidades no se ha constituido, o entrado en operación, la comisión local de atención a víctimas.
Los sistemas forenses del país enfrentan una crisis, por el volumen de trabajo que tienen, así como por las carencias técnicas, operativas y de infraestructura de muchos de ellos, lo cual les impide realizar debidamente su trabajo y, en no pocos casos, las acciones mínimas indispensables para la preservación e identificación adecuada de los cuerpos y restos que les son entregados, situación que lleva implícita una violación a los derechos humanos de las víctimas y de sus familiares. Nuestro país todavía no cuenta con protocolos unificados para el registro, la conservación, manejo e identificación de restos humanos. Del mismo modo, no contamos con biobancos o bases de datos de información genética estandarizados, accesibles y seguros, que propicien la identificación de las personas desaparecidas.
Las carencias y dificultades para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, es también causa de que estos casos no se investiguen y sancionen adecuadamente. Cada desaparición supone la comisión de un delito que tendría que ser perseguido por las autoridades, con independencia de las circunstancias en que hubiese ocurrido y de la ocupación o carácter que tuviera la víctima. Subsiste la falta de investigaciones ministeriales homogéneas, lo cual refleja un problema estructural en materia de procuración de justicia que también debe atenderse. La impunidad incentiva que estos ilícitos se sigan cometiendo.
