/ lunes 17 de diciembre de 2018

Los ejes del presupuesto de la 4T

Inició el debate del presupuesto federal y la reingeniería propuesta por el nuevo gobierno. Destacan los elementos de planeación determinados, en contraste con la visión de los analistas económicos, el Banco de México, las calificadoras y departamentos de análisis de los bancos. Para tranquilidad de los mercados, el compromiso del gobierno con la disciplina fiscal y financiera, para garantizar la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento de las finanzas públicas se consuma con un paquete económico austero, que propone un superávit primario de 1% del PIB; un crecimiento económico de 2%; inflación de 3.65%; un tipo de cambio de 20 pesos y; una tasa de interés de 8.3%.

Sin duda, esta base de planeación contrasta con lo que estiman los analistas económicos de diversas instituciones que sostienen un crecimiento del PIB de 1.8%, inflación cercana al 5%, tasas de interés arriba de 9% y un tipo de cambio más cercano a los 21 pesos, dada la volatilidad financiera global, la especulación sobre nuestra moneda y las decisiones de política económica.

Las bases del nuevo presupuesto se fincan en tres pilares que articulan la visión de izquierda neopopulista de la nueva administración, en conjunción con los 17 objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y la reconstrucción de un “Estado de Bienestar” que socializa costos y disparidades sociales, con modelos compensatorios de transferencias y proyectos estratégicos de inversión en regiones rezagas.

Por supuesto, los tres pilares muestran la ideología dominante en el gobierno; primero la restauración de la seguridad y la mejora en el estado de derecho, aunque está a veces parezca un tanto a modo; segundo, mediante el modelo de bienestar social y combate a la pobreza, que obedece más a modelos de subsidios regresivos y por último; el desarrollo económico incluyente.

La danza de los millones permanece igual o casi igual, pero con una redistribución del gasto, con recortes sustanciales al gasto corriente, con reorientación del gasto de inversión el cual por cierto se reduce en 18.1% en SCT y contrasta con la aspiración de un México mejor conectado.

Y además cuenta con la suficiencia presupuestal, tan esperada y criticada, de los programas sociales para beneficio de millones de personas en situación de vulnerabilidad. Los mexicanos tenemos la esperanza de que se blinden estos programas para que no sea el regreso del clientelismo electoral del viejo PRI.

La dupla seguridad con Estado de derecho, bienestar social y desarrollo económico incluyente simplifica la complejidad del presupuesto y sustenta, en gran medida, lo que será el Plan Nacional de Desarrollo de esta administración.

Como se esperaba, y ya habíamos comentado en este espacio, el neonacionalismo de la administración se concentrará en los recursos naturales y el relanzamiento de Pemex y CFE como empresas productivas del Estado, que están llamadas a mejorar sus infraestructuras y su aportación al crecimiento, en un modelo de soberanía energética, que busca agregar valor al petróleo y gas que producimos y disminuir la vulnerabilidad del país en materia de combustibles. En teoría tiene un punto a favor; sin embargo, la rentabilidad económica de estas inversiones deben de garantizar el retorno de inversión de estos recursos.

Las premisas del desarrollo económico incluyente promueven un modelo de crecimiento económico que “no deje a nadie atrás” y por tanto, se activan procesos de intervención económica del Estado en sectores y regiones para el “cierre de brechas”. En este rubro la reingeniería no es sólo conceptual, sino que se esperan reducciones sustanciales a las transferencias y subsidios a los sectores productivos. Los recortes en ciencia y tecnología del 12% y de economía del 9% disminuirán los apoyos a PyMES y emprendedores, a las empresas que hacen esfuerzos por integrarse a las cadenas de valor, y sobre todo, a las empresas y emprendedores que buscan la innovación para resolver problemas sociales a través del mercado, la creatividad y el riesgo empresarial.

También se observa una aguda reducción del presupuesto de medio ambiente y desarrollo agropecuario, que contrasta con los objetivos de reactivar el campo y fortalecer las instituciones encargadas de cuidar el medio ambiente. Los objetivos económicos y sociales se entrelazan en el presupuesto, pero con énfasis en las transferencias compensatorias a grupos vulnerables, que abonan a la demanda interna, pero que difícilmente agregan innovación y estructuras económicas saludables para lograr un crecimiento económico sostenido, balanceado e incluyente.

La causa de las PyMES debería estar en el centro del enfoque de inclusión del desarrollo económico, se requiere habilitar la empleabilidad productiva adaptada a la realidad tecnológica actual, establecer instrumentos de fomento a la innovación en contraste con la reducción del presupuesto de Conacyt. La capacidad exportadora de las PyMES y otros mecanismos de inversión privada, se desvanecen con la reducción del presupuesto a la Secretaría de Economía, con una reingeniería hacia ese sector que causa desaliento y baja de expectativas en las PyMES, que son el motor de la inclusión, ya que representan el 52% del PIB y el 72% del empleo formal en el país.

Constataremos una discusión amplia y fuertes reacciones de sectores afectados con un presupuesto de corte restrictivo que al “al jalar la cobija” para el desarrollo social, reduce amplios apoyos clientelares y subsidios por una parte, pero también programas estratégicos para la diversificación económica y la innovación.

Vicepresidente de Canacintra

Inició el debate del presupuesto federal y la reingeniería propuesta por el nuevo gobierno. Destacan los elementos de planeación determinados, en contraste con la visión de los analistas económicos, el Banco de México, las calificadoras y departamentos de análisis de los bancos. Para tranquilidad de los mercados, el compromiso del gobierno con la disciplina fiscal y financiera, para garantizar la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento de las finanzas públicas se consuma con un paquete económico austero, que propone un superávit primario de 1% del PIB; un crecimiento económico de 2%; inflación de 3.65%; un tipo de cambio de 20 pesos y; una tasa de interés de 8.3%.

Sin duda, esta base de planeación contrasta con lo que estiman los analistas económicos de diversas instituciones que sostienen un crecimiento del PIB de 1.8%, inflación cercana al 5%, tasas de interés arriba de 9% y un tipo de cambio más cercano a los 21 pesos, dada la volatilidad financiera global, la especulación sobre nuestra moneda y las decisiones de política económica.

Las bases del nuevo presupuesto se fincan en tres pilares que articulan la visión de izquierda neopopulista de la nueva administración, en conjunción con los 17 objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y la reconstrucción de un “Estado de Bienestar” que socializa costos y disparidades sociales, con modelos compensatorios de transferencias y proyectos estratégicos de inversión en regiones rezagas.

Por supuesto, los tres pilares muestran la ideología dominante en el gobierno; primero la restauración de la seguridad y la mejora en el estado de derecho, aunque está a veces parezca un tanto a modo; segundo, mediante el modelo de bienestar social y combate a la pobreza, que obedece más a modelos de subsidios regresivos y por último; el desarrollo económico incluyente.

La danza de los millones permanece igual o casi igual, pero con una redistribución del gasto, con recortes sustanciales al gasto corriente, con reorientación del gasto de inversión el cual por cierto se reduce en 18.1% en SCT y contrasta con la aspiración de un México mejor conectado.

Y además cuenta con la suficiencia presupuestal, tan esperada y criticada, de los programas sociales para beneficio de millones de personas en situación de vulnerabilidad. Los mexicanos tenemos la esperanza de que se blinden estos programas para que no sea el regreso del clientelismo electoral del viejo PRI.

La dupla seguridad con Estado de derecho, bienestar social y desarrollo económico incluyente simplifica la complejidad del presupuesto y sustenta, en gran medida, lo que será el Plan Nacional de Desarrollo de esta administración.

Como se esperaba, y ya habíamos comentado en este espacio, el neonacionalismo de la administración se concentrará en los recursos naturales y el relanzamiento de Pemex y CFE como empresas productivas del Estado, que están llamadas a mejorar sus infraestructuras y su aportación al crecimiento, en un modelo de soberanía energética, que busca agregar valor al petróleo y gas que producimos y disminuir la vulnerabilidad del país en materia de combustibles. En teoría tiene un punto a favor; sin embargo, la rentabilidad económica de estas inversiones deben de garantizar el retorno de inversión de estos recursos.

Las premisas del desarrollo económico incluyente promueven un modelo de crecimiento económico que “no deje a nadie atrás” y por tanto, se activan procesos de intervención económica del Estado en sectores y regiones para el “cierre de brechas”. En este rubro la reingeniería no es sólo conceptual, sino que se esperan reducciones sustanciales a las transferencias y subsidios a los sectores productivos. Los recortes en ciencia y tecnología del 12% y de economía del 9% disminuirán los apoyos a PyMES y emprendedores, a las empresas que hacen esfuerzos por integrarse a las cadenas de valor, y sobre todo, a las empresas y emprendedores que buscan la innovación para resolver problemas sociales a través del mercado, la creatividad y el riesgo empresarial.

También se observa una aguda reducción del presupuesto de medio ambiente y desarrollo agropecuario, que contrasta con los objetivos de reactivar el campo y fortalecer las instituciones encargadas de cuidar el medio ambiente. Los objetivos económicos y sociales se entrelazan en el presupuesto, pero con énfasis en las transferencias compensatorias a grupos vulnerables, que abonan a la demanda interna, pero que difícilmente agregan innovación y estructuras económicas saludables para lograr un crecimiento económico sostenido, balanceado e incluyente.

La causa de las PyMES debería estar en el centro del enfoque de inclusión del desarrollo económico, se requiere habilitar la empleabilidad productiva adaptada a la realidad tecnológica actual, establecer instrumentos de fomento a la innovación en contraste con la reducción del presupuesto de Conacyt. La capacidad exportadora de las PyMES y otros mecanismos de inversión privada, se desvanecen con la reducción del presupuesto a la Secretaría de Economía, con una reingeniería hacia ese sector que causa desaliento y baja de expectativas en las PyMES, que son el motor de la inclusión, ya que representan el 52% del PIB y el 72% del empleo formal en el país.

Constataremos una discusión amplia y fuertes reacciones de sectores afectados con un presupuesto de corte restrictivo que al “al jalar la cobija” para el desarrollo social, reduce amplios apoyos clientelares y subsidios por una parte, pero también programas estratégicos para la diversificación económica y la innovación.

Vicepresidente de Canacintra