Infraestructura para el desarrollo regional y el ordenamiento del territorio
Un nuevo proyecto de nación que pretende una mayor justicia para los mexicanos, incrementar el crecimiento económico, disminuir las desigualdades de toda índole que nos agobian y dotar de bienestar a las familias mexicanas y de oportunidades de desarrollo individual a todos, es decir, la reconstrucción nacional que permita emprender un verdadero cambio de rumbo, rompiendo las tendencias que han lacerado a México en los últimos decenios y que tienen como principal tragedia a la mitad de la población en la pobreza, requiere de acciones múltiples, amplias, profundas y urgentes en muchos renglones, entre los que se encuentra, obviamente, la infraestructura física del país.
La necesidad de superar las grandes asimetrías de la Nación y la convicción de que la justicia social, asunto fundamental de la democracia, con todos los elementos del progreso: alimentación, educación, salud, vivienda, cultura, empleo, productividad, participación social, libertad de tránsito, de expresión, de manifestación, es decir, la posibilidad del ejercicio de todos los derechos humanos, o sea, el derecho a la vida digna, tienen una clara dependencia de una infraestructura integral, sostenible, eficiente y moderna, respetuosa de los individuos y de la naturaleza, que es necesario desarrollar con una visión social de largo plazo y una orientación hacia el desarrollo regional y el reordenamiento del territorio, inspiran la propuesta a realizar en el próximo período sexenal 2018- 2024, de Morena y de los Partidos de la coalición “Juntos haremos historia”.
Estimamos que el estancamiento económico y social que padecemos pasa por una insuficiente inversión pública en infraestructura, que ha llevado, no sólo a la magra ampliación y modernización de la misma, sino, lo que es peor, a un grave deterioro de la que se ha construído durante décadas y que requiere de una costosa y urgente atención.
El proyecto toma en consideración el que es conveniente y necesario estimular la participación privada y del sector social en el desarrollo de la infraestructura, pero que es la inversión pública, que se ha constreñido severamente en las últimas décadas, la menor de los últimos lustros, la responsable de atender los proyectos estratégicos de alta prioridad con gran potencial de rendimiento, orientando los esfuerzos necesarios a lograr un desarrollo nacional y regional armónico y sustentable y asumiendo el compromiso con una nueva filosofía: con estrictas normas éticas para lograr, efectivamente, disminuir las enormes y ominosas diferencias que padecemos y promover una mayor inclusión social.
Planteamos en este programa, un cambio de paradigma en cuanto a las políticas públicas establecidas en las cuatro últimas décadas con relación a la inversión en infraestructura, para ampliar los horizontes del desarrollo armónico y el ordenamiento territorial, lo que no pueden lograr las solas fuerzas del mercado.
Estamos convencidos de que todo proyecto de desarrollo iniciado con inversión pública, adecuadamente planificado y evaluado, honestamente realizado y con un respeto absoluto al estado de derecho, trae consigo un ambiente de confianza entre gobierno, empresarios y sociedad y consecuentemente un incremento de la inversión privada.
El desarrollo regional, como punto toral de este proyecto, es necesario tanto para atenuar la marginación, la exclusión en que se encuentran muchos mexicanos, el alto desempleo en la mayor parte del país, el abandono de pueblos y suelos agropecuarios, así como los flujos migratorios a las ciudades y al exterior, todo esto, con graves consecuencias sociales, como la violencia, la inseguridad y la ruptura de los núcleos familiares y del tejido social.
Sabemos también que la ineficiencia que provoca una infraestructura deficiente, afecta el desarrollo económico y cancela oportunidades de vida y posibilidades de creación de valor y de riqueza para todos y en particular para las clases más necesitadas.
La agenda de proyectos prioritarios que proponemos como detonadores de la inversión, dará impulso al sector agropecuario con miras a la soberanía alimentaria y a una política industrial -hoy inexistente- con especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas y por tanto al empleo y al desarrollo integral en zonas especiales tanto en el sureste del país como en las fronteras norte y sur de nuestro territorio; garantiza la comunicación por carretera pavimentada a las cabeceras municipales hoy incomunicadas, agua para todos y para todos los usos, la modernización de los distritos de riego y el manejo integral de grandes cuencas de ríos; nuevas carreteras, modernización de puertos, aeropuertos y de la red ferrroviaria con proyectos para la recuperación de trenes de pasajeros y una eficiente vinculación de los diferentes modos de transporte; conectividad universal con Banda Ancha y desarrollo de redes de comunicación de nueva generación, para acceso de toda la población, sin discriminación alguna, a las tecnologías de la información.
Un programa de infraestructura, en suma, con visión de largo plazo y con vocación de desarrollo regional, ordenamiento territorial y justicia social.
