Para entender cabalmente el tema de los fideicomisos y la nueva propuesta de ley en la materia, es fundamental no confundir los medios con los fines. El hecho de cambiar los mecanismos a través de los cuales se administran los recursos, en modo alguno significa que el gobierno deje de cumplir con sus obligaciones.
Los fideicomisos son un contrato mediante el cual una parte (fideicomitente) aporta dinero a un banco (fiduciario) para que éste sea utilizado en beneficio de otra (fideicomisario), con la particularidad de que ese dinero deja de ser propiedad de quien lo aporta (en este caso el gobierno) y es resguardado por un fiduciario mientras es transferido a un beneficiario. Es un mecanismo que permite aportar dinero para alguna actividad futura y en el Presupuesto de Egresos se tiene como ejercido, aunque la actividad se realice después del año o periodo en el que fue presupuestada.
En algún momento se encontró que este mecanismo era eficiente para salvaguardar recursos en un tiempo de administración incierta y desordenada, donde se modificaba el presupuesto sin un adecuado control legislativo. Era un modo de garantizar recursos para proyectos cuya duración excedía más de un ejercicio fiscal. El objetivo consistía en asegurar la disponibilidad de recursos y que estos pudieran acumularse. El problema fue que las administraciones pasadas abusaron de ese mecanismo –como en muchos otros casos–, y lo convirtieron en un espacio para la corrupción. Con el pretexto de que la figura del fideicomiso permite que los recursos dejen de ser de la persona que los aporta, decían que los recursos YA NO eran del gobierno, lo que se tradujo en una terrible opacidad y corrupción en su manejo. Mediante este mecanismo legal, el dinero de todos los mexicanos dejaba de ser de nosotros y se volvía patrimonio privado de unos cuantos funcionarios, a veces de dudosa reputación.
Esta impunidad en el manejo de los recursos públicos ha sido documentada desde hace muchos años por la actual Secretaría de la Función Pública. Para decirlo en pocas palabras, lo que se instituyó con la figura del fideicomiso fue un saqueo legalizado y, desafortunadamente, ejemplos sobran en nuestro país: el fideicomiso “Aduanas 1”, en el que se desviaron más de 9 mil millones de pesos en un breve lapso de dos años, y además el gobierno llevó a cabo todo tipo de argucias para impedir que la ASF auditara los recursos; o el emblemático Fobaproa, que ahora administra el Instituto de Protección al Ahorro Bancario y tiene pasivos por más de un billón de pesos. Exactamente ése es el costo de la opacidad y la corrupción. Aquí menciono sólo dos ejemplos de los muchos que hay.
Entendemos la preocupación de varios sectores que se han manifestado por el cambio en el mecanismo de organizar el presupuesto, y muestra de ello son las reuniones que ha sostenido nuestro coordinador de bancada en Morena, el diputado Mario Delgado, con cineastas preocupados por el Fidecine. La inquietud se debe a que el presupuesto es anual y se preguntan qué pasaría si de un año a otro se dejan de financiar determinados proyectos. La respuesta es clara, ya que si bien es cierto el presupuesto es anual, la Constitución y la ley permiten la existencia de contratos plurianuales en obras y servicios, los cuales son mecanismos transparentes en la ejecución del gasto; y lo más importante es que con un modelo así es posible tener pleno control de fiscalización de la Cámara de Diputados, situación que no ocurre en el caso actual de los fideicomisos.
Para resolver y aclarar por qué la desaparición de la actual figura de los fideicomisos es muy conveniente, hemos propuesto un ejercicio de parlamento abierto. Convocaremos a mesas de diálogo y debate para escuchar la opinión de expertos y sociedad civil, con el propósito de que entre todos podamos procesar una adecuada reforma en esta sensible área de asignación presupuestal. Ya lo hicimos en el pasado y lo seguiremos haciendo siempre que sea necesario.
Diputada Federal Coordinadora Temática de Economía del Grupo Parlamentario de Morena
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