Las y los diputados de MORENA van a desaparecer los fondos de conacyt, de centros de investigación en distintas materias, fondos diversos y fideicomisos, en total 109. Argumentan hay opacidad, discrecionalidad en el uso de los recursos públicos, no hay transparencia, ni rendición de cuentas de estos fondos. No dicen en qué consiste la opacidad y tampoco dicen si han solicitado a cada autoridad de cada uno de esos fondos expliquen ESA opacidad. No hay antecedentes exigiendo rendición de cuentas de cada uno de estos fondos, tampoco se especifica dónde hubo omisión o alguna situación ilegal. Puros dichos. Puros pretextos. Y una clara decisión de darle esos recursos, 68 mil millones de pesos, al Presidente López Obrador para que los use con fines electorales; se están preparando para la elección del 21.
Y es muy lamentable lo que van a hacer en la Cámara de Diputados dominada por MORENA, porque cada grupo social que está siendo apoyado por un fondo o fideicomiso, ha logrado ejercer el derecho de una política pública cuya inscripción se da para fomentar y promover el desarrollo humano en materias de análisis diagnósticos, educación, investigación de diversas materias, así como fomento a la cultura; también se atienden asuntos relacionados con exigencias de protección, atención y prevención frente a eventualidades, algunas relacionadas con derechos humanos.
Los recursos de estos fondos no son una dádiva, ni regalo de un gobernante a un grupo determinado; su permanencia es muestra de que los procedimientos fiscales han venido funcionando, es una inversión de recursos de la hacienda pública que se integra con los impuestos de cada quién. Si hay cuestiones irregulares, como dicen los diputados, hay procedimientos para su corrección; pero no interesa eso, simplemente se cumple con la orden que reciben de López Obrador.
En particular me preocupa el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que está inscrito en la Ley de esta materia. El objeto de esta Ley es garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y periodismo. Esta Ley y su fondo, son respuesta de la presión social al Estado mexicano respecto de la lamentable situación de impunidad que padecen quienes son defensoras y defensores de DH o cuya profesión es el periodismo.
En México no hay garantías plenas para el ejercicio de estas actividades. El fondo tiene un Mecanismo -que está a punto de la extinción- cuya Junta de Gobierno resuelve, en base de un análisis de riesgo, cuál medida de protección es necesaria para proteger a estas personas frente a las amenazas que reciben por su actividad. Conozco este Mecanismo porque participé con voz durante seis años que fui Senadora. Me senté en las mesas de evaluación y análisis de riesgo de los casos. Si la SEGOB se va a encargar de seguir la dinámica que tiene cada uno de las y los peticionarios, anticipo un terrible fracaso. Y la verdad ya se venía venir este desenlace, por la desatención que ha sufrido el Mecanismo por parte de este gobierno.
Defensora de derechos humanos
