/ viernes 15 de junio de 2018

Los magistrados anticorrupción

Cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato y obstrucción de la justicia son algunas de las faltas administrativas que sancionarán los ilustres magistrados, ésos a quienes el Senado de la República ha frenado su designación.

Son 3 Magistrados de la Tercera Sección de Sala Superior y 15 Magistrados de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pieza clave para sancionar a servidores públicos, personas físicas y personas morales que hayan cometido faltas administrativas graves por actos de corrupción.

En un momento en que el debate nacional es el combate a la corrupción, resulta de la mayor trascendencia hacer órganos funcionales, sin embargo, la tentación podría hacer que se nombren a los magistrados, pero no para combatirla, sino de tapadera. Nombrar sobre una lista propuesta por quien encabeza a los que serán juzgados, significaría un tiro de gracia para el Sistema Nacional Anticorrupción.

Frente a esto, la pregunta obligada es ¿qué hacer? El dilema cae entre la disimulación que representa nombrar a partir de la lista del presidente o iniciar un proceso abierto, creíble y transparente. Lo deseable sería esperar que los nombramientos los designe el nuevo Congreso, de esa manera se reflejará mejor la realidad política del país a partir del gobierno de un presidente integro.

De persistir en el nombramiento, hay también una propuesta que es muy sencilla: la primera alternativa es que el presidente abra una nueva convocatoria donde participen organizaciones de la sociedad civil, la academia, colegios de abogados y sociedad en general, para proponer a los y las mejores mexicanos en capacidad de ser juzgadores. La segunda alternativa, es que el presidente funde y motive cada una de sus propuestas, explicando las razones por las cuales considera que son los mejores ciudadanos para desempeñar tan importante tarea.

La verdad, lo más probable es que el presidente termine su gestión sin una acción honesta de combate a la corrupción y en los últimos estertores de su mayoría agonizante, haga un tiro parto de impunidad.

Por el bien de México, ojalá decida por una opción de fortalecer el combate a la corrupción y no a la impunidad.

Senador por el PT-Morena

@LuisHFernandez

Cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato y obstrucción de la justicia son algunas de las faltas administrativas que sancionarán los ilustres magistrados, ésos a quienes el Senado de la República ha frenado su designación.

Son 3 Magistrados de la Tercera Sección de Sala Superior y 15 Magistrados de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pieza clave para sancionar a servidores públicos, personas físicas y personas morales que hayan cometido faltas administrativas graves por actos de corrupción.

En un momento en que el debate nacional es el combate a la corrupción, resulta de la mayor trascendencia hacer órganos funcionales, sin embargo, la tentación podría hacer que se nombren a los magistrados, pero no para combatirla, sino de tapadera. Nombrar sobre una lista propuesta por quien encabeza a los que serán juzgados, significaría un tiro de gracia para el Sistema Nacional Anticorrupción.

Frente a esto, la pregunta obligada es ¿qué hacer? El dilema cae entre la disimulación que representa nombrar a partir de la lista del presidente o iniciar un proceso abierto, creíble y transparente. Lo deseable sería esperar que los nombramientos los designe el nuevo Congreso, de esa manera se reflejará mejor la realidad política del país a partir del gobierno de un presidente integro.

De persistir en el nombramiento, hay también una propuesta que es muy sencilla: la primera alternativa es que el presidente abra una nueva convocatoria donde participen organizaciones de la sociedad civil, la academia, colegios de abogados y sociedad en general, para proponer a los y las mejores mexicanos en capacidad de ser juzgadores. La segunda alternativa, es que el presidente funde y motive cada una de sus propuestas, explicando las razones por las cuales considera que son los mejores ciudadanos para desempeñar tan importante tarea.

La verdad, lo más probable es que el presidente termine su gestión sin una acción honesta de combate a la corrupción y en los últimos estertores de su mayoría agonizante, haga un tiro parto de impunidad.

Por el bien de México, ojalá decida por una opción de fortalecer el combate a la corrupción y no a la impunidad.

Senador por el PT-Morena

@LuisHFernandez