/ martes 2 de enero de 2018

Los retos de la justicia penal en el 2018

El doctor Miguel Ángel Mancera ha criticado la reforma penal del 2008 de manera constante. Lo mismo sucede con destacados abogados que se resisten al cambio. Así las cosas, el primer reto de la justicia penal es poder dar vuelta a la página del cómo se procura y se administra justicia. El derecho penal nunca satisface a todos, pero sin duda, el viejo modelo ya cayó por su propio peso.

La imparcialidad de los agentes del ministerio público y de los jueces se suele ver comprometida cuando hay personajes públicos involucrados, sin duda, la justicia es distinta para estos y para nosotros, los ciudadanos de a pie. Mientras esto no se resuelva no tendremos confianza en los fiscales y en los jueces. La justicia selectiva se debe terminar.

La corrupción también afecta de manera grave la confianza en las instituciones del Estado mexicano. La percepción de que el derecho penal se adjudica al mejor postor, hace que las personas no denuncien, le teman al sistema de justicia, se engarcen en el círculo de la corrupción o resuelvan sus conflictos por propia mano.

Los ministerios públicos y los policías no tienen estabilidad en el empleo, sus jornadas de trabajo son inhumanas, las condiciones laborales distan de ser las óptimas y el régimen disciplinario es arbitrario, por decir lo menos. Todo lo anterior, debilita a las instituciones del Estado mexicano. Los problemas de las personas que integran una institución se convierten en las fracturas de la propia institución. No hablemos más de capacitación, hasta no resolver el mínimo de las condiciones laborales ¿Quién quiere recibir clase después de 48 horas de trabajo? Así mismo, se necesita una revisión salarial de ministerios públicos y de las fuerzas del orden; y la dignificación de su labor ¿Cuántos policías han muerto este año?  y ¿Cuál es el trato que reciben de la ciudadanía?

Algunos políticos avanzan una agenda que privilegia la represión, la prisión preventiva y condenas que oscilan de 100 años a la cadena perpetua. Llevamos muchos años escuchando estas propuestas y, sin duda, ya se demostró que no funcionan. Estas políticas públicas, sus esquemas legales y sus resultados no modifican la incidencia delictiva; y no han afectado a los grupos de la delincuencia organizada. De verdad que difícil es enfrentarse a la demagogia legislativa.

Los cambios en la justicia se tienen que construir día a día. Las instituciones necesitan consolidarse y transitar sin presiones demagógicas, en otras palabras: más técnicos en la procuración de justicia y menos políticos. Por ello, es necesario el nombramiento del Fiscal Anticorrupción y una posición de cero tolerancia hacía este fenómeno.

La lógica de menos política y más técnica en la política pública criminal también aplica a nuestro federalismo. Nuestro país es una federación en donde cada estado tiene un ámbito de responsabilidad sobre la prevención, investigación y sanción del delito. Tenemos que abandonar la vieja práctica de recargar todo hacia la federación o a las fuerzas armadas. Cuanto más se recobre la autonomía y la soberanía de las entidades en materia penal, más eficaz será la acción del Estado frente a la delincuencia. El esquema de federalizar todo el derecho penal  provoca confusión en la ciudadanía ¿Quién se responsabiliza por Guerrero?   o ¿Quién es responsable por Tamaulipas? No puede haber gobernadores solo para inaugurar hospitales y verificar cuestiones administrativas, se necesitan autoridades que asuman la totalidad de sus responsabilidades.

El doctor Miguel Ángel Mancera ha criticado la reforma penal del 2008 de manera constante. Lo mismo sucede con destacados abogados que se resisten al cambio. Así las cosas, el primer reto de la justicia penal es poder dar vuelta a la página del cómo se procura y se administra justicia. El derecho penal nunca satisface a todos, pero sin duda, el viejo modelo ya cayó por su propio peso.

La imparcialidad de los agentes del ministerio público y de los jueces se suele ver comprometida cuando hay personajes públicos involucrados, sin duda, la justicia es distinta para estos y para nosotros, los ciudadanos de a pie. Mientras esto no se resuelva no tendremos confianza en los fiscales y en los jueces. La justicia selectiva se debe terminar.

La corrupción también afecta de manera grave la confianza en las instituciones del Estado mexicano. La percepción de que el derecho penal se adjudica al mejor postor, hace que las personas no denuncien, le teman al sistema de justicia, se engarcen en el círculo de la corrupción o resuelvan sus conflictos por propia mano.

Los ministerios públicos y los policías no tienen estabilidad en el empleo, sus jornadas de trabajo son inhumanas, las condiciones laborales distan de ser las óptimas y el régimen disciplinario es arbitrario, por decir lo menos. Todo lo anterior, debilita a las instituciones del Estado mexicano. Los problemas de las personas que integran una institución se convierten en las fracturas de la propia institución. No hablemos más de capacitación, hasta no resolver el mínimo de las condiciones laborales ¿Quién quiere recibir clase después de 48 horas de trabajo? Así mismo, se necesita una revisión salarial de ministerios públicos y de las fuerzas del orden; y la dignificación de su labor ¿Cuántos policías han muerto este año?  y ¿Cuál es el trato que reciben de la ciudadanía?

Algunos políticos avanzan una agenda que privilegia la represión, la prisión preventiva y condenas que oscilan de 100 años a la cadena perpetua. Llevamos muchos años escuchando estas propuestas y, sin duda, ya se demostró que no funcionan. Estas políticas públicas, sus esquemas legales y sus resultados no modifican la incidencia delictiva; y no han afectado a los grupos de la delincuencia organizada. De verdad que difícil es enfrentarse a la demagogia legislativa.

Los cambios en la justicia se tienen que construir día a día. Las instituciones necesitan consolidarse y transitar sin presiones demagógicas, en otras palabras: más técnicos en la procuración de justicia y menos políticos. Por ello, es necesario el nombramiento del Fiscal Anticorrupción y una posición de cero tolerancia hacía este fenómeno.

La lógica de menos política y más técnica en la política pública criminal también aplica a nuestro federalismo. Nuestro país es una federación en donde cada estado tiene un ámbito de responsabilidad sobre la prevención, investigación y sanción del delito. Tenemos que abandonar la vieja práctica de recargar todo hacia la federación o a las fuerzas armadas. Cuanto más se recobre la autonomía y la soberanía de las entidades en materia penal, más eficaz será la acción del Estado frente a la delincuencia. El esquema de federalizar todo el derecho penal  provoca confusión en la ciudadanía ¿Quién se responsabiliza por Guerrero?   o ¿Quién es responsable por Tamaulipas? No puede haber gobernadores solo para inaugurar hospitales y verificar cuestiones administrativas, se necesitan autoridades que asuman la totalidad de sus responsabilidades.

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