/ jueves 4 de agosto de 2022

Los tiempos de la Corte sí importan 

Por Laurence Pantin


Ya en 1825, el jurista y filósofo británico Jeremy Bentham decía que sin transparencia no puede haber justicia: todo un leitmotiv para nuestro Observatorio de la Suprema Corte, el estudio con el que buscamos averiguar qué tan cierta es la percepción de que hay asuntos que la Corte resuelve mucho más rápido o lento que el promedio.

Dirigimos más de 130 solicitudes de información a la Corte sobre la ruta procesal de los cuatro principales asuntos que conoce –acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, amparos en revisión y amparos directos en revisión–, desde 1995 a 2021.

Los datos proporcionados (a pesar de su baja calidad, errores e inconsistencias, cuando no fueron directamente negados) nos permitieron inferir cosas interesantes. Entre ellas, que una gran cantidad de asuntos tienen tiempos de resolución excepcionalmente más largos que el promedio, que entre ministros se observan grandes diferencias en sus tiempos de resolución promedio, que la carga de trabajo no necesariamente explica estas variaciones y que la distribución de los asuntos entre las ponencias no siempre es equitativa, lo que hace pensar que el turno puede ser manipulado.

¿Cómo pueden explicarse estas variaciones, entonces? En el Observatorio identificamos espacios de discrecionalidad y opacidad en la normatividad y en las prácticas de la Corte, que pueden ser usados por los ministros y por la presidencia misma para acelerar o retrasar la resolución de los asuntos, en particular cuando éstos tocan temas sensibles para el Gobierno, para intereses privados o cuando existe presión mediática. Para proteger a la propia Corte, esos espacios deben ser cerrados, y en nuestro estudio no faltan las recomendaciones para ello.

En la más reciente conferencia de prensa mensual del ministro Zaldívar, Alfredo Maza, reportero del medio que están ustedes leyendo, le preguntó sobre nuestro estudio. Lo primero que hizo el presidente de la Corte es reconocer que no lo había leído, lo que no le impidió criticarlo. Hizo precisamente lo que reprochaba a los detractores de la serie documental Caníbal: desestimar algo sin conocerlo.

Zaldívar también dijo que nuestro “gran descubrimiento” –que los tiempos de resolución de los ministros varían mucho– no era ninguna novedad. Ese “descubrimiento” es sólo uno entre muchos, pero no seamos tan estrictos con alguien que no leyó el estudio... Los que sorprende es que, si es cierto que esa brecha no es novedad, el presidente no haya buscado reducirla. En cualquier juzgado local o federal se realizan visitas y cuando se detecta excesivo retraso, se proponen medidas para ‘ponerlo al día’. ¿Cuáles son, entonces, los mecanismos que existen en la Corte para supervisar el buen funcionamiento de las ponencias?

El ministro Zaldívar también expresó que “a ojo de buen cubero” no entendía la lógica de nuestras métricas. Quiero subrayar que nuestro análisis no se realizó a ojo de buen cubero, sino con base en los datos proporcionados por la misma Corte. En todo caso, siempre hemos estado a disposición de todas las ministras y ministros para revisar el documento y su metodología.

Lo que no se evalúa, no se puede mejorar. Tal es nuestro lema en México Evalúa. Por eso nos preocupa la reacción del ministro presidente: su descalificación nos hace pensar que, por lo pronto, no parece reconocer que los espacios de discrecionalidad y opacidad representan un riesgo para la independencia judicial.

¡Qué lejano se percibe aquel ministro Zaldívar que compitió para la presidencia de la Corte con un plan de trabajo que ponía a la transparencia en el centro! Sólo queda esperar que quien lo sustituya en enero de 2023 recuerde las palabras de Bentham.


*Laurence Pantin (@lpantin) es coordinadora del programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa.

Por Laurence Pantin


Ya en 1825, el jurista y filósofo británico Jeremy Bentham decía que sin transparencia no puede haber justicia: todo un leitmotiv para nuestro Observatorio de la Suprema Corte, el estudio con el que buscamos averiguar qué tan cierta es la percepción de que hay asuntos que la Corte resuelve mucho más rápido o lento que el promedio.

Dirigimos más de 130 solicitudes de información a la Corte sobre la ruta procesal de los cuatro principales asuntos que conoce –acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, amparos en revisión y amparos directos en revisión–, desde 1995 a 2021.

Los datos proporcionados (a pesar de su baja calidad, errores e inconsistencias, cuando no fueron directamente negados) nos permitieron inferir cosas interesantes. Entre ellas, que una gran cantidad de asuntos tienen tiempos de resolución excepcionalmente más largos que el promedio, que entre ministros se observan grandes diferencias en sus tiempos de resolución promedio, que la carga de trabajo no necesariamente explica estas variaciones y que la distribución de los asuntos entre las ponencias no siempre es equitativa, lo que hace pensar que el turno puede ser manipulado.

¿Cómo pueden explicarse estas variaciones, entonces? En el Observatorio identificamos espacios de discrecionalidad y opacidad en la normatividad y en las prácticas de la Corte, que pueden ser usados por los ministros y por la presidencia misma para acelerar o retrasar la resolución de los asuntos, en particular cuando éstos tocan temas sensibles para el Gobierno, para intereses privados o cuando existe presión mediática. Para proteger a la propia Corte, esos espacios deben ser cerrados, y en nuestro estudio no faltan las recomendaciones para ello.

En la más reciente conferencia de prensa mensual del ministro Zaldívar, Alfredo Maza, reportero del medio que están ustedes leyendo, le preguntó sobre nuestro estudio. Lo primero que hizo el presidente de la Corte es reconocer que no lo había leído, lo que no le impidió criticarlo. Hizo precisamente lo que reprochaba a los detractores de la serie documental Caníbal: desestimar algo sin conocerlo.

Zaldívar también dijo que nuestro “gran descubrimiento” –que los tiempos de resolución de los ministros varían mucho– no era ninguna novedad. Ese “descubrimiento” es sólo uno entre muchos, pero no seamos tan estrictos con alguien que no leyó el estudio... Los que sorprende es que, si es cierto que esa brecha no es novedad, el presidente no haya buscado reducirla. En cualquier juzgado local o federal se realizan visitas y cuando se detecta excesivo retraso, se proponen medidas para ‘ponerlo al día’. ¿Cuáles son, entonces, los mecanismos que existen en la Corte para supervisar el buen funcionamiento de las ponencias?

El ministro Zaldívar también expresó que “a ojo de buen cubero” no entendía la lógica de nuestras métricas. Quiero subrayar que nuestro análisis no se realizó a ojo de buen cubero, sino con base en los datos proporcionados por la misma Corte. En todo caso, siempre hemos estado a disposición de todas las ministras y ministros para revisar el documento y su metodología.

Lo que no se evalúa, no se puede mejorar. Tal es nuestro lema en México Evalúa. Por eso nos preocupa la reacción del ministro presidente: su descalificación nos hace pensar que, por lo pronto, no parece reconocer que los espacios de discrecionalidad y opacidad representan un riesgo para la independencia judicial.

¡Qué lejano se percibe aquel ministro Zaldívar que compitió para la presidencia de la Corte con un plan de trabajo que ponía a la transparencia en el centro! Sólo queda esperar que quien lo sustituya en enero de 2023 recuerde las palabras de Bentham.


*Laurence Pantin (@lpantin) es coordinadora del programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa.