Annel A. Vázquez Anderson
La corrupción es la apropiación ilegítima y sistémica de lo público. La corrupción, por tanto, despoja a la ciudadanía de lo que le pertenece: los recursos, servicios y bienes públicos; y la excluye del acceso a la justicia. Si como decía Gabriel Zaid “la corrupción es el sistema” y la corrupción, es la captura de lo público por intereses privados, entonces la solución no puede venir del sistema mismo sino fuera de éste, de la sociedad y se trata de emancipar lo público, lo que nos pertenece.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de 2019, el costo de la corrupción en México asciende a los 12,770 millones de pesos, esto rebasa, por ejemplo, el total de presupuesto asignado para el municipio de Guadalajara para 2021, que es de 9,181 millones de pesos, y es el doble del presupuesto asignado a Monterrey que es de 6,188 millones de pesos. Por otro lado, el Índice de Percepción de la Corrupción 2020 de Transparencia Internacional sitúa a nuestro país en el lugar 124, de los 180 países evaluados y que, si bien logramos avanzar seis posiciones respecto a 2019, nuestra calificación global es reprobatoria: 31 de 100 puntos. La corrupción no es un problema menor y requiere ser atendido de manera urgente y sistémica.
Organizaciones internacionales y múltiples estudios han mostrado que ninguna estrategia anticorrupción funciona sino incluye a la sociedad. Por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción en su artículo 13, urge a los Estados a fomentar medidas de participación activa que involucren a las personas, a la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales en la prevención y lucha contra la corrupción. La OCDE hace hincapié en que el combate a la corrupción no se trata de endurecer las leyes, sino de fomentar la participación ciudadana en la formulación de políticas públicas.
Por esa razón, es que uno de los aciertos esenciales de los sistemas anticorrupción en México, es la integración de lo que se llamó la séptima silla, la de la sociedad: los comités de participación ciudadana (CPCs). El diseño institucional de los sistemas anticorrupción tuvo dos objetivos: 1) Coordinar los esfuerzos anticorrupción sentando en la misma mesa a todas las instancias que ya combatían la corrupción desde sus propias esferas y 2) integrar a la sociedad en esta mesa. En tan importante el ente ciudadano que no solo integra el sistema, sino que lo preside.
Los CPCs son el canal de interacción entre la sociedad y el gobierno en la lucha anticorrupción y tienen la responsabilidad de vigilar el funcionamiento de todo el Sistema, de proponer políticas públicas, metodologías e indicadores de evaluación contra la corrupción, y sobre todo de generar mecanismos para que la sociedad participe en su prevención y denuncia.
Sin embargo, es fundamental aclarar que los CPCs no representan a la ciudadanía, sino que son la ciudadanía misma ya que su función primordial es integrar a la sociedad en la lucha contra la corrupción, creando, activando e incentivando el uso de mecanismos de participación ciudadana. Por tanto, si lo comités no son capaces de convocar a las organizaciones de la sociedad civil, dialogar con especialistas, integrar a la iniciativa privada y a universidades en la prevención y lucha contra la corrupción, así como sensibilizar a la sociedad sobre la existencia, las causas y la gravedad de la corrupción, entonces la séptima silla estaría vacía.
