/ martes 21 de diciembre de 2021

¿Maniobra o equivocación?

Los Centros de Justicia para las Mujeres CEJUM operados por las Fiscalías de los estados, funcionan como un modelo punitivo y un enfoque unidimensional del acceso a la justicia, centrándose solo en la persecución de delitos. Se trata de 55 Centros que cuentan con el apoyo técnico y presupuestal de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia, CONVAVIM dependiente de la Secretaría de Gobernación.

La eficacia de los Centros, como política pública pretenden ser una respuesta estatal a la falta de acceso a la justicia que enfrentan las mujeres en México, ya que desde 2005 las expertas de la CEDAW, recomendaron al Estado Mexicano, disminuir eficazmente la impunidad. Recomendación que se cumplió 5 años después.

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El 11 de noviembre la Cámara de Senadores aprobó un proyecto para regular el funcionamiento de estos centros, creados en 2010, contribuyendo al cumplimiento del Estado en sus obligaciones convencionales en materia de derechos humanos de las mujeres y dotarlos de las atribuciones, alcances, características y lineamientos generales que permitan prevenir eficazmente la violencia contra las mujeres y las niñas.

La organización Equis Justicia para las Mujeres, urgió a esa regulación, ya que funcionan con una normatividad y objetivos, muy diversas, en cada entidad. La reforma primero, en la Cámara de Diputados, a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, revisada por el Senado donde Miguel Ángel Mancera Espinosa (PRD) pidió que esos centros contarán con suficientes recursos de la Federación.

Según datos oficiales el presupuesto para los CEJUM pasó de 70.5 a 122.2 millones de pesos entre los años 2019 y 2021, esto significó un aumento del 73 por ciento.

Pero en la última sesión senatorial -15 de diciembre- la senadora Malú Micher Camarena, presidenta de la Comisión de Igualdad pretendió pasar una modificación como “fe de erratas” que quitaba a la federación su obligación que pasaría a los estados. Ello no se logró, primero porque la oposición se dio cuenta y luego porque el jefe político de Morena desestimó la propuesta y le pasó la bolita a la Cámara de Diputados. Porque se pretendía dejar a las entidades federativas sin dinero, y asumir las obligaciones de la federación. La intentona, por error o por interés fue frenada. Ahora veremos qué sucede en la Cámara de Diputados.

¿Qué fue lo que realmente sucedió? Una morenista intentando ahorrar algunos recursos para los proyectos económicos presidenciales o se trató solamente de una equivocada indicación de su asesoría. Era sensata la duda, porque los recursos para la política de género se han reducido y según numerosas organizaciones y análisis los de la CONAVIM apenas tendrán en 2022 un aumento de 1.3 por ciento, nada, frente al gravísimo problema de la violencia contra las mujeres.

Llama la atención esta equivocación, cuando el 16 de diciembre, en Villahermosa, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en reunión con Conago, reconoció que no han disminuido los feminicidios en el país, precisamente cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, por primera vez en 3 años, preside una reunión de la República, con el tema central de la seguridad y la paz.

Un contrasentido, sin duda, que deja la boca seca. En todos los rincones de la 4T, parece haber una conspiración contra una política específica para las mujeres. Como si se tratara de desmantelar la especificidad de los problemas de las mexicanas. Veremos

*Periodista, directora del portal informativo semmexico.mx

Los Centros de Justicia para las Mujeres CEJUM operados por las Fiscalías de los estados, funcionan como un modelo punitivo y un enfoque unidimensional del acceso a la justicia, centrándose solo en la persecución de delitos. Se trata de 55 Centros que cuentan con el apoyo técnico y presupuestal de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia, CONVAVIM dependiente de la Secretaría de Gobernación.

La eficacia de los Centros, como política pública pretenden ser una respuesta estatal a la falta de acceso a la justicia que enfrentan las mujeres en México, ya que desde 2005 las expertas de la CEDAW, recomendaron al Estado Mexicano, disminuir eficazmente la impunidad. Recomendación que se cumplió 5 años después.

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El 11 de noviembre la Cámara de Senadores aprobó un proyecto para regular el funcionamiento de estos centros, creados en 2010, contribuyendo al cumplimiento del Estado en sus obligaciones convencionales en materia de derechos humanos de las mujeres y dotarlos de las atribuciones, alcances, características y lineamientos generales que permitan prevenir eficazmente la violencia contra las mujeres y las niñas.

La organización Equis Justicia para las Mujeres, urgió a esa regulación, ya que funcionan con una normatividad y objetivos, muy diversas, en cada entidad. La reforma primero, en la Cámara de Diputados, a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, revisada por el Senado donde Miguel Ángel Mancera Espinosa (PRD) pidió que esos centros contarán con suficientes recursos de la Federación.

Según datos oficiales el presupuesto para los CEJUM pasó de 70.5 a 122.2 millones de pesos entre los años 2019 y 2021, esto significó un aumento del 73 por ciento.

Pero en la última sesión senatorial -15 de diciembre- la senadora Malú Micher Camarena, presidenta de la Comisión de Igualdad pretendió pasar una modificación como “fe de erratas” que quitaba a la federación su obligación que pasaría a los estados. Ello no se logró, primero porque la oposición se dio cuenta y luego porque el jefe político de Morena desestimó la propuesta y le pasó la bolita a la Cámara de Diputados. Porque se pretendía dejar a las entidades federativas sin dinero, y asumir las obligaciones de la federación. La intentona, por error o por interés fue frenada. Ahora veremos qué sucede en la Cámara de Diputados.

¿Qué fue lo que realmente sucedió? Una morenista intentando ahorrar algunos recursos para los proyectos económicos presidenciales o se trató solamente de una equivocada indicación de su asesoría. Era sensata la duda, porque los recursos para la política de género se han reducido y según numerosas organizaciones y análisis los de la CONAVIM apenas tendrán en 2022 un aumento de 1.3 por ciento, nada, frente al gravísimo problema de la violencia contra las mujeres.

Llama la atención esta equivocación, cuando el 16 de diciembre, en Villahermosa, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en reunión con Conago, reconoció que no han disminuido los feminicidios en el país, precisamente cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, por primera vez en 3 años, preside una reunión de la República, con el tema central de la seguridad y la paz.

Un contrasentido, sin duda, que deja la boca seca. En todos los rincones de la 4T, parece haber una conspiración contra una política específica para las mujeres. Como si se tratara de desmantelar la especificidad de los problemas de las mexicanas. Veremos

*Periodista, directora del portal informativo semmexico.mx