Una extraña paradoja caracterizó al periodo neoliberal en México: por un lado, se abandonaron las funciones de gobierno y se gestionaron los recursos públicos en favor de una minoría; y por otro, se aumentó el tamaño de la burocracia con organismos especializados, la mayoría con el propósito de convertirse en una “agencia de colocaciones” para la llamada burocracia dorada. Los “puestos” eran creados no para servir al interés público, sino como una oportunidad de enriquecer y ocupar espacios para grupos y partidos; el director del Infonavit, por ejemplo, llegó a ganar casi 700 mil pesos mensuales, mientras los créditos otorgados a los trabajadores para la compra de vivienda sumaban, en promedio, 345 mil pesos. Un trabajador tardaba una vida para poder pagar la quincena del director.
Aún hoy, más de 17 mil servidores públicos ganan más que el Presidente, muchos de ellos en organismos como el INE, el Banco de México y el Instituto Federal de Telecomunicaciones; en la Corte de Justicia, algunos ministros ganan más de 400 mil pesos mensuales, y todavía hay quien se atreve –incluyo en este comentario mi crítica absoluta a la actual presidenta panista de la Cámara de Diputados, Laura Rojas– a iniciar litigios para atacar la voluntad popular.
El problema es muy grave, pues aunque sólo se tratara de sueldos, existe toda una estructura normativa creada para debilitar al gobierno y fortalecer los intereses privados, con la excusa de una especialización técnica. Este argumento es tan falaz, que la realidad lo pone en evidencia: la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, dos organismos constitucionales autónomos con especialidad técnica, se han dedicado a trabajar en un mismo tema, importantísimo para el interés nacional: aprobar la fusión Fox-Disney y, recientemente, la fusión de Uber-Cornershop, ejerciendo un presupuesto de más de 2 mil millones de pesos entre ambas instituciones.
No tenemos ninguna duda de que, como bien lo ha dicho ya nuestro Presidente, es urgente revisar la pertinencia de contar con 10 organismos constitucionales autónomos y más de 200 entidades paraestatales, que hacen un gobierno obeso, costoso e ineficiente.
El hecho de reducir el tamaño del gobierno en ningún momento quiere decir que éste deje de cumplir con sus obligaciones. Pensemos, por ejemplo, en Pro México y el Consejo de Promoción Turística de México, ambos muy onerosos, y por ello promovimos y votamos por su desaparición. Hasta hoy, las Secretarías de Economía y de Turismo han dado mejores resultados; y en vez de derrochar en una burocracia dorada, esos recursos se invierten en el desarrollo del país y en la promoción turística de México.
Otro esquema con el cual se ha pretendido unificar la decisión del gobierno es la creación de mecanismos en los cuales era necesaria la aprobación de particulares para tomar decisiones relevantes de Estado; por ejemplo, el Programa Nacional de Normalización, en donde se definen las Normas Oficiales Mexicanas y son los propios evaluados –cámaras y asociaciones de industriales y comerciales del país– quienes votan sus propias regulaciones. Esto no puede seguir ocurriendo, es necesario escuchar y dialogar, tal cual lo ha venido haciendo la Cámara de Diputados con el Parlamento Abierto, para atender y resolver todos los temas sustantivos.
Cuando el Presidente habla de revisar la pertinencia de conservar el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, debemos de hacerlo en este contexto. De ninguna manera estamos renunciando a las obligaciones del gobierno, por el contrario, nuestro principal objetivo es asumirlas plenamente.
En estos momentos de crisis, es necesario revisar cómo el gobierno se puede transformar y hacer más eficiente, que cueste menos, que asuma sus facultades y beneficie más a todos los mexicanos.
Diputada Federal Coordinadora Temática de Economía del Grupo Parlamentario de Morena
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