Cancelar o poner trabas a motores de crecimiento y áreas de oportunidad robustas para la inversión siempre es un error, y más aún en un contexto como el de hoy, en el mundo y en México en particular. El caso de las Zonas Económicas Especiales, cuyo seguimiento se ha puesto en entredicho, es ejemplar en este sentido.
No sólo porque implican inversiones prácticamente listas para ejercerse en el corto plazo, que sólo esperan los permisos definitivos. Sobre todo, porque se trata instrumentos diseñados para ser palancas de inversión y de desarrollo integral, de cambio productivo y de impulso al valor agregado en las actividades económicas, y todo esto en donde más se necesita de dichos procesos.
Inversiones, diversificación y valorización económica, más y mejores empleos para el desarrollo regional. Propulsar un crecimiento verdaderamente sostenible, sustentable e incluyente, en particular en el Sur y el Sureste. Simplemente, no podemos, como país, desaprovechar esta ventana de oportunidad, con las bases listas para arrancar. Mucho menos en esta coyuntura.
La inmensa mayoría de los ejercicios de evaluación y prospectiva sobre la economía nacional indican una desaceleración. Las expectativas de la encuesta entre analistas por parte de Banco de México en materia de crecimiento vuelven a bajar: 1.56 por ciento para este año y 1.82 por ciento en 2020. La misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público coincide, de acuerdo con los Pre Criterios Generales de Política Económica para 2020, con una proyección de aumento del PIB de entre 1.4 y 2.4 por ciento para 2019.
Así, se complica realmente llegar a la meta de terminar el sexenio con un crecimiento promedio de 4 por ciento.
Para cambiar la panorámica, tendría que haber, sobre todo, como factor determinante, más inversión: pública, pero en especial, privada. El Gobierno Federal, por más que pueda incidir en el mercado interno con programas sociales y megaproyectos como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, más allá de su idoneidad, tiene un radio de impacto limitado. Necesariamente se requiere de más proyectos desde las empresas nacionales y del extranjero.
Hay que tener en cuenta que ya en 2018 la inversión extranjera directa fue la menor desde 2012, con 24.7 mil millones de dólares, muy por debajo de los más de 28 mil millones de 2017 y los 30 mil millones de 2016, pero arriba de lo que se espera para el 2019: 25 mil 251 millones de dólares. Con esas cifras no es posible crecer mucho más.
Hasta antes de la transición, las inversiones contempladas por empresas en las Zonas Económicas Especiales, en el caso de las que prácticamente estaban amarradas y sólo requerían los últimos permisos, ascendían a 2 mil 792 millones de dólares, con una generación de más de 5 mil 900 empleos.
Principalmente, en Lázaro Cárdenas, para la producción de acero; en Puerto Chiapas, refinación, envasado y transformación de aceites vegetales; en Coatzacoalcos, sistemas de almacenamiento de gas y procesamiento de sosa cáustica; en Progreso, proveeduría de servicios tecnológicos; y en Coatzacoalcos y Seybaplaya, Campeche, por parte de los administradores integrales.
Sin embargo, eso es apenas lo que sólo esperaba el banderazo de salida, porque la prospectiva de corto y mediano plazos es de cerca de 8 mil 235 millones de dólares por parte de 95 proyectos de compañías con cartas de intención para invertir y generar más de 31 mil empleos. De cara al largo plazo, de acuerdo con la prospectiva de los dictámenes de las siete primeras Zonas Económicas Especiales, la proyección total de inversiones llega a 42 mil 287 millones de dólares, para generar casi 368 mil empleos.
¿De verdad podemos darnos el lujo de darle la espalda a todo eso? Sobre todo, cuando el objetivo es precisamente llevar inversión ahí donde no la ha habido y difícilmente la habrá sin un esquema integral de incentivos fiscales y de otros tipos, infraestructura, formación y condiciones óptimas para aprovechar las vocaciones productivas y ventajas competitivas locales.
