Por: René Gerez López
El nombramiento del General Luis Rodríguez Bucio como nuevo titular de la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), representa un logro más en el plan militarista del presidente López Obrador, un plan que inició como una simulación pero que a estas alturas de su administración resulta evidente que las intenciones siempre fueron claras, más militares y menos civiles.
La Guardia Nacional nació como una simulación. En la teoría esta corporación se presentó a las y los mexicanos como un cuerpo de seguridad de naturaleza civil que estaba adscrito administrativa y operativamente a la SSPC; sin embargo, en la práctica la Guardia Nacional se conformó por efectivos del Ejército y Marina, quedando al frente de la institución el General de Brigada Luis Rodríguez Bucio. Aunado a lo anterior, como parte de la simulación, el presidente se permitió hacer uso de las fuerzas armadas para cubrir las tareas de seguridad durante los 5 años siguientes bajo la justificación de que dicho apoyo era necesario para permitir el desarrollo de la estructura, capacidades e implementación territorial de la Guardia Nacional.
En febrero de este 2023 se cumplirán cuatro años del inicio de esta simulación y a lo largo de ellos el presidente ha tomado una serie de decisiones que nos han permitido observar a detalle el disfraz de su intención militarista. En estos 4 años el plan del presidente ha logrado: adjudicar al ejército un sinnúmero de atribuciones y tareas de naturaleza civil, ampliar la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad hasta el 2028 e incluso entregar administrativa y operativamente la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Es complicado saber cuál es el objetivo final del plan militarista del presidente, pero es claro que está en aras de lograrlo. En el organigrama de la administración pública federal cada vez es más común encontrar un militar a la cabeza de las instituciones y dependencias, pareciera que hoy la manera más fácil de obtener una plaza en la administración pública federal es enlistarse en el ejército. Desde que inició el sexenio, un seguimiento que realiza Causa en Común, revela que 173 militares han ocupado cargos en instituciones o dependencias de los 3 niveles de gobierno; de entre ellos se destacan puestos en la administración de aduanas, la administración de ISSSTE, directores de centros penitenciarios, fiscales estatales, directores de institutos estatales de migración y un gran número de titulares de secretarías de seguridad estatales y comisarías municipales. Esta sustitución de civiles por militares permite al presidente López Obrador y al General Secretario Luis Crescencio Sandoval continuar actuando con libertad y sin contrapesos.
El nombramiento de Rodríguez Bucio como nuevo Subsecretario de Seguridad es más de lo mismo. Quitarle al General Bucio el uniforme blanco de la Guardia Nacional y presentarlo en la conferencia matutina vestido de traje y corbata como un civil es tan absurdo como cuando les cambiaron el uniforme a miles de militares y los presentaron como una Guardia Nacional Civil. Este nuevo intento por disfrazar la militarización se suma a una extensa lista que al revisarse en conjunto permite entender que en realidad esto nunca fue una simulación y las intenciones de López Obrador y del Secretario Crescencio Sandoval fueron claras desde el primer momento. La militarización de México ya no es un proceso ni está en vías de lograrse, la militarización dejó de ser una simulación y se convirtió en un hecho.
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