/ martes 7 de septiembre de 2021

Matrimonio forzado infantil, dignidad ultrajada

Comienza la LXV Legislatura en el Congreso de la Unión. Las agendas políticas de quienes pertenecemos a esta Cuarta Transformación tienen el compromiso férreo de generar mecanismos para afrontar los grandes retos del país.

Hay un tema que nos lacera como sociedad, que me preocupa sobremanera. Uno que tiene que ser prioridad para nosotras como mujeres y para la sociedad en general, pues quebranta los más elementales derechos humanos de un grupo altamente vulnerado y discriminado: las niñas y mujeres indígenas.

En localidades de Oaxaca, Chiapas y Guerrero persisten prácticas que atentan contra toda libertad de decisión y libre desarrollo. En efecto, la venta de niñas y mujeres con fines de matrimonio forzado es una realidad. Un cáncer que debemos frenar. Los datos, por ejemplo, que arroja Grupo Reforma son contundentes: se estima que 300 mil niñas han sido vendidas para matrimonio en Guerrero. Peor aún, tienen precio: desde 40 mil hasta 200 mil pesos, incluso se paga con ganado o bebidas alcohólicas. Factores como la pobreza, la omisión del Estado y el arraigo de tradiciones permite que prevalezca y se fomente, como lo refiere Neil Arias, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en Guerrero. El patriarcado cosifica pero nunca más lo permitiremos. Quitar esas vendas machistas para velar por los derechos de todas las personas independientemente de su género, condición social, orientación sexual u origen étnico.

Costumbres que deben ser erradicadas porque simplemente dañan la dignidad e integridad de niñas y mujeres. Un principio tan medular en un Estado Constitucional de Derecho.

Por ello, en mi carácter de legisladora, presentaré una iniciativa de ley para prohibir “las prácticas y costumbres comunitarias” que vulneren los derechos humanos, las libertades y el libre desarrollo de las niñas y mujeres indígenas. Una apuesta por la libertad y en contra de toda violencia hacia nuestro género. No podemos permitir que prevalezcan costumbres que atentan directamente contra la dignidad de la persona y el bagaje nacional e internacional de derechos humanos. Tenemos la imperiosa necesidad de garantizar los derechos de las niñas y mujeres indígenas en un esquema general y amplio, donde el interés superior de la infancia, la progresividad, la igualdad, la certeza jurídica y el libre desarrollo de su integridad prevalezca. Sin menoscabo ni discriminación.

Como lo decía Stevenson, me parece que el pecado capital del ser humano no es el rencor, es la crueldad. Ser cruel con una niña vulnerable es algo que no debemos permitir. Atendamos el llamado.

Comienza la LXV Legislatura en el Congreso de la Unión. Las agendas políticas de quienes pertenecemos a esta Cuarta Transformación tienen el compromiso férreo de generar mecanismos para afrontar los grandes retos del país.

Hay un tema que nos lacera como sociedad, que me preocupa sobremanera. Uno que tiene que ser prioridad para nosotras como mujeres y para la sociedad en general, pues quebranta los más elementales derechos humanos de un grupo altamente vulnerado y discriminado: las niñas y mujeres indígenas.

En localidades de Oaxaca, Chiapas y Guerrero persisten prácticas que atentan contra toda libertad de decisión y libre desarrollo. En efecto, la venta de niñas y mujeres con fines de matrimonio forzado es una realidad. Un cáncer que debemos frenar. Los datos, por ejemplo, que arroja Grupo Reforma son contundentes: se estima que 300 mil niñas han sido vendidas para matrimonio en Guerrero. Peor aún, tienen precio: desde 40 mil hasta 200 mil pesos, incluso se paga con ganado o bebidas alcohólicas. Factores como la pobreza, la omisión del Estado y el arraigo de tradiciones permite que prevalezca y se fomente, como lo refiere Neil Arias, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en Guerrero. El patriarcado cosifica pero nunca más lo permitiremos. Quitar esas vendas machistas para velar por los derechos de todas las personas independientemente de su género, condición social, orientación sexual u origen étnico.

Costumbres que deben ser erradicadas porque simplemente dañan la dignidad e integridad de niñas y mujeres. Un principio tan medular en un Estado Constitucional de Derecho.

Por ello, en mi carácter de legisladora, presentaré una iniciativa de ley para prohibir “las prácticas y costumbres comunitarias” que vulneren los derechos humanos, las libertades y el libre desarrollo de las niñas y mujeres indígenas. Una apuesta por la libertad y en contra de toda violencia hacia nuestro género. No podemos permitir que prevalezcan costumbres que atentan directamente contra la dignidad de la persona y el bagaje nacional e internacional de derechos humanos. Tenemos la imperiosa necesidad de garantizar los derechos de las niñas y mujeres indígenas en un esquema general y amplio, donde el interés superior de la infancia, la progresividad, la igualdad, la certeza jurídica y el libre desarrollo de su integridad prevalezca. Sin menoscabo ni discriminación.

Como lo decía Stevenson, me parece que el pecado capital del ser humano no es el rencor, es la crueldad. Ser cruel con una niña vulnerable es algo que no debemos permitir. Atendamos el llamado.