En nuestra política está sucediendo algo que es de llamar la atención: prevalece un encono, una enorme antipatía contra las figuras gobernantes, en especial si forman parte del partido que ha estado más tiempo y en el mayor número de entidades federativas a cargo del poder gubernamental. Al reflexionar para redactar los últimos 4 artículos, me ha resultado cada vez más claro el notar que si los actos de corrupción y el entorno que ha rodeado las punibles triquiñuelas del candidato Ricardo Anaya, hubiesen sido cometidos por el candidato que nunca se ha afiliado al PRI pero que ahora figura como su abanderado para la campaña presidencial, el enojo y la indignación de la sociedad habría estallado con furia y ahora JAMK se encontraría ya en una situación insostenible.
Algo sucede con los candidatos agresivos, sistemáticos contestatarios, acérrimos críticos contra el gobierno, quienes de alguna forma adquieren una especie de bálsamo o teflón mágico que impide que algo les pegue, que sus errores, sus desvaríos o sus actos delictivos les afecten; inexplicablemente gozan de una extraña e inicua inmunidad. Sin embargo, no nos queda más que continuar apelando a la razón, a la imparcial reflexión sobre las graves consecuencias que tendría una errónea decisión en el voto presidencial.
Ricardo Anaya Cortés (RAC) es sin duda un político sumamente inteligente y habilidoso en el uso de la palabra. Esas extraordinarias habilidades pueden ser utilizadas para lograr objetivos positivos y loables, pero desafortunadamente también para perseguir objetivos negativos y condenables. En el caso de RAC, parece que con suma frecuencia opta por la segunda opción, recurriendo a la distorsión para justificar actos ilícitos en los que haya incurrido.
Un ejemplo es el existente en torno a un reportaje publicado en Ago.28/2017 por “El Universal” bajo el título “Se beneficia Anaya con terrenos expropiados”, contra el cual argumentó y difundió que era evidente la mentira publicada, al hablar de que se había beneficiado de una expropiación realizada en 1997, cuando él apenas tenía 17 años y estudiaba la preparatoria. En realidad RAC tergiversó mintiendo, ya que el periódico expone que benefició a sus familiares cuando el predio “La Machorra”, expropiado en 1997, fue decretada su desincorporación a fines de junio de 2007 por el gobernador Francisco Garrido Patrón y él fungía como su secretario particular consentido. Con su cínica e ingeniosa habilidad trataba de desacreditar así un reportaje verdadero con una falacia distorsionadora que, a pesar de las evidencias, sus seguidores y simpatizantes tienden a creerle.
Otro ejemplo más de habilidosa capacidad distorsionadora: En la entrevista que sostuvo en el noticiario del Canal 2 de TV Despierta con Loret, Ricardo Anaya reiteró con insistencia como elemento central de su defensa que él consideraba que si Manuel Barreiro hubiese querido darle los 54 millones de pesos, no era necesario que realizara todo ese complejo enredo de transacciones a través del mundo atravesando diversos paraísos fiscales, sino que habría bastado que se lo entregara directamente. Esa fue la explicación fundamental que dio para demostrar que era ilógico que él estuviera implicado en el intrincado proceso de lavado de dinero.
Y el perspicaz Loret de Mola se lo tragó, aunque en realidad eso es precisamente lo que puede explicar la necesidad de que su negado amigo Barreiro le ayudara a lavar un dinero obtenido por vías ilícitas.
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