En los últimos años, el robo de transporte de carga en todas sus modalidades se ha incrementado significativamente en las principales carreteras y vías de comunicación del país, sean federales, estatales o concesionadas, situación que ha ocasionado cuantiosas pérdidas económicas en diferentes sectores de la industria, no sólo para los transportistas con flota propia, sino y sobre todo a los usuarios.
Y por usuarios, entendemos no sólo al pasajero ordinario que viaja en autobús, sino a todos nosotros, que de alguna u otra manera, somos consumidores y que nos servimos de los productos que día a día, son transportados sin descanso por las vías de comunicación de nuestro país.
Algunas voces del gremio, con importantes hechos y datos han narrado en distintos foros y escenarios, la manera en que esta situación afecta de manera directa y negativa la cadena productiva, el comercio, la libre circulación de mercancías y la inversión privada, pero también de forma social, como individuos, como empleadores, como empleados, como jefes y jefas de familia, como mexicanos.
Por ello, el desarrollo de acciones y concordancias entre el sector productivo y público ha sido y continuará siendo fundamental para encontrar respuestas en el combate de amenazas que afectan nuestro entorno social, y esto implica, indudablemente, la definición de estrategias en temas de seguridad, donde el sector del transporte se ha, lamentablemente, vuelto una presa de la delincuencia en distintos puntos carreteros del país.
Esta situación motivó que, Cámaras y Asociaciones del sector del transporte impulsaran diversos proyectos legislativos ante el Congreso de la Unión, específicamente a través de la Cámara de Diputados, con el propósito de reformar el Código Penal Federal y establecer el robo al transporte de carga y de pasajeros como delito del Fuero Federal.
Este hecho fue producto de la delincuencia que había azorado, como lo hace hoy en día al sector, todos recordamos hechos y eventos que le antecedieron y que estremecieron a la sociedad, los casos de robo y violación en la autopista México- Querétaro, los casos de robo y homicidio en la autopista México-Puebla, por citar algunos; pues bien la reforma que les comento tuvo su realidad en el mes de febrero del año pasado.
Sin embargo, la realidad es que, para dar puntual seguimiento a la correcta implementación de esta reforma, aún seguimos teniendo resistencias, interpretaciones anquilosadas de competencia y ante todo, criterios judiciales limitantes que obstaculizan la operación de la misma, entre los cuales podemos mencionar que se argumenta: “un tipo penal no tiene la capacidad ni la fuerza procesal para definir un ámbito de competencia, porque éste se sujeta a las reglas establecidas en los preceptos 2 a 5 del Código Penal Federal y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”.
Y el numeral 50 referido, establece la competencia de los juzgadores federales, en su fracción I, y particularmente en el caso de los delitos carreteros en su inciso n). Esta situación permitirá el aumento de la incidencia delictiva, tal y como lo demuestra la estadística publicada por diferentes instituciones públicas y privadas a este respecto.
Un esfuerzo más ha sido la modificación del segundo párrafo del artículo 19 constitucional que, considerara agregar la prisión preventiva oficiosa al robo de transporte de carga en cualquiera de sus modalidades.
Además de mercancías sin destino, la falta de atención a este tipo de delitos provoca: el surgimiento y crecimiento de grupos de delincuencia organizada; desabasto en el suministro de insumos básicos para las necesidades de la población; afectación en el desarrollo económico de zonas urbanas y colindantes que son destinos de entrega, así como puntos turísticos y pueblos mágicos; inseguridad y desempleo, con ello, el empobrecimiento de las familias de los operadores del transporte, cuyo único sostén económico es aquel; e incertidumbre y/o nula inversión de posibles capitales interesados en transportarse en cualquiera de las modalidades que ofrecemos, por nombrar algunos efectos.
Entre tantas reformas jurídico-administrativas que ha habido, aún falta la armonización de instrumentos legales que permitan un blindaje al sector del transporte de la delincuencia, así como de cambiar la percepción sobre la funcionalidad del Sistema de Justicia de Penal en el combate a la impunidad.
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