/ viernes 3 de enero de 2020

Mes decisivo para el sector energético y la economía en 2020

En la minuta que se publicó este jueves de la última reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México se refiere que la mayoría de sus integrantes considera que este año habrá una recuperación modesta de nuestra economía. No se percibe optimismo, pero, desde luego, hay una distancia importante entre crecer al 1.3%, según la expectativa de la institución, contra el 0% o menos con que cerramos el 2019. Como sea, habrá que remontar, y en ese sentido, una buena noticia es que existen áreas de oportunidad listas para detonar como fuentes de dinamismo. Desafortunadamente, también pueden perderse. Enero será clave para definir el rumbo, en función de las decisiones que se tomen en sectores como la energía.

Se ha hablado de que este mes podría ser anunciada una segunda fase del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura, la cual estaría centrada en el sector energético, con inversiones públicas y sobre todo privadas por unos 30 mil millones de dólares.

Hay que poner en contexto: en la propia minuta de Banco de México, se da cuenta de que uno de sus integrantes destaca que es poco probable que el Acuerdo de noviembre “pueda revertir la atonía de la inversión, debido a que los recursos previstos para estos proyectos son menores al promedio anual observado en los últimos cinco años”. El plan de infraestructura de la administración anterior contempló inversiones 70 veces más cuantiosas que las ahora comprometidas. Con un programa energético sólido complementario, el escenario definitivamente cambiaría.

El problema es que desde el sector privado igualmente se ha informado que al último trimestre del año había 258 proyectos de inversión detenidos, los cuales suponían más de 44 mil millones de dólares, principalmente en proyectos de generación de electricidad, exploración y producción de petróleo, estaciones de servicio, gas natural y almacenamiento y distribución para combustibles. Es casi lo mismo, en valor, que los 147 proyectos del Acuerdo de Infraestructura.

Los obstáculos han sido retrasos en trámites y permisos, falta de claridad en los criterios de resolución y en la aplicación de las leyes y regulaciones, así como ausencia de una estrategia integral, asertiva y con visión de largo plazo que propicie las sinergias. Se ha dicho que inversiones por 4 mil millones de dólares estarían en condiciones de reactivarse inmediatamente o en un lapso de seis meses.

Sobre todo, el problema es la incertidumbre. Tal como la que produce la afirmación que hizo en diciembre el Financial Times de que la Comisión Federal de Electricidad estudiaba un plan para incrementar los costos de transmisión para las empresas privadas que participan en el mercado de la generación. Según el diario, el proyecto incluso eliminaría contratos entre generadores y clientes privados, revocaría permisos y levantaría nuevas barreras, además de borrar la autonomía de gestión de instituciones como el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

No es información oficial, pero con los antecedentes, lo mismo el conflicto por los contratos de gasoductos que la cancelación de licitaciones, difícilmente puede evitarse la desconfianza.

Antes de cerrar el 2019, otra serie de medidas disruptivas volvió a sacudir el clima de negocios del sector, en específico en un segmento que traía una dinámica de fuerte crecimiento: el de la comercialización de petrolíferos. Todo apuntaría a la intención de volver al régimen de monopolio estatal, y sin cambios mayores en la legislación: la vía ha sido la de ajustes normativos, acuerdos y litigios promovidos por Pemex, así como decisiones en la CRE.

Las nuevas acciones desmantelarían el marco de regulación asimétrica que impedía a la empresa productiva del estado determinar precios de primera mano discrecionalmente. Asimismo, la liberarían de la obligación de compartir capacidad de transporte y almacenamiento a fin de propiciar la competencia en beneficio de los consumidores finales y para fomentar la inversión privada. Además, se han frenado los permisos de importación de gasolinas, por las que, de cualquier modo, en general, los consumidores pagarán más com presentación de este año.

Quizá el segmento más representativo de lo que puede perderse es el de energías limpias y renovables, que también venía creciendo con brío. Quedan en riesgo importantes inversiones en la materia, así como los compromisos de la nación frente al cambio climático y con el Acuerdo de París.

Primero fue la cancelación de la cuarta subasta de largo plazo de energía eléctrica y luego llegaron las modificaciones que ha pretendido imponer la Secretaría de Energía al mercado de los Certificados de Energía Limpia, que golpean en seco a inversiones ya realizadas o en proceso. Tan solo en el caso de los proyectos derivados de las tres subastas completadas son cerca de 9 mil millones de dólares: infraestructura de generación eólica y fotovoltaica con planes de negocio y presupuestos formulados según costos y reglas que ahora se cambian unilateral y abruptamente. No es de extrañar que se recurra a amparos, que, afortunadamente, ya han obtenido suspensiones de efectos.

Habría que rectificar para que el 2020 sea más favorable. Es fundamental hacerlo pronto. Comenzar bien el año.

En la minuta que se publicó este jueves de la última reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México se refiere que la mayoría de sus integrantes considera que este año habrá una recuperación modesta de nuestra economía. No se percibe optimismo, pero, desde luego, hay una distancia importante entre crecer al 1.3%, según la expectativa de la institución, contra el 0% o menos con que cerramos el 2019. Como sea, habrá que remontar, y en ese sentido, una buena noticia es que existen áreas de oportunidad listas para detonar como fuentes de dinamismo. Desafortunadamente, también pueden perderse. Enero será clave para definir el rumbo, en función de las decisiones que se tomen en sectores como la energía.

Se ha hablado de que este mes podría ser anunciada una segunda fase del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura, la cual estaría centrada en el sector energético, con inversiones públicas y sobre todo privadas por unos 30 mil millones de dólares.

Hay que poner en contexto: en la propia minuta de Banco de México, se da cuenta de que uno de sus integrantes destaca que es poco probable que el Acuerdo de noviembre “pueda revertir la atonía de la inversión, debido a que los recursos previstos para estos proyectos son menores al promedio anual observado en los últimos cinco años”. El plan de infraestructura de la administración anterior contempló inversiones 70 veces más cuantiosas que las ahora comprometidas. Con un programa energético sólido complementario, el escenario definitivamente cambiaría.

El problema es que desde el sector privado igualmente se ha informado que al último trimestre del año había 258 proyectos de inversión detenidos, los cuales suponían más de 44 mil millones de dólares, principalmente en proyectos de generación de electricidad, exploración y producción de petróleo, estaciones de servicio, gas natural y almacenamiento y distribución para combustibles. Es casi lo mismo, en valor, que los 147 proyectos del Acuerdo de Infraestructura.

Los obstáculos han sido retrasos en trámites y permisos, falta de claridad en los criterios de resolución y en la aplicación de las leyes y regulaciones, así como ausencia de una estrategia integral, asertiva y con visión de largo plazo que propicie las sinergias. Se ha dicho que inversiones por 4 mil millones de dólares estarían en condiciones de reactivarse inmediatamente o en un lapso de seis meses.

Sobre todo, el problema es la incertidumbre. Tal como la que produce la afirmación que hizo en diciembre el Financial Times de que la Comisión Federal de Electricidad estudiaba un plan para incrementar los costos de transmisión para las empresas privadas que participan en el mercado de la generación. Según el diario, el proyecto incluso eliminaría contratos entre generadores y clientes privados, revocaría permisos y levantaría nuevas barreras, además de borrar la autonomía de gestión de instituciones como el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

No es información oficial, pero con los antecedentes, lo mismo el conflicto por los contratos de gasoductos que la cancelación de licitaciones, difícilmente puede evitarse la desconfianza.

Antes de cerrar el 2019, otra serie de medidas disruptivas volvió a sacudir el clima de negocios del sector, en específico en un segmento que traía una dinámica de fuerte crecimiento: el de la comercialización de petrolíferos. Todo apuntaría a la intención de volver al régimen de monopolio estatal, y sin cambios mayores en la legislación: la vía ha sido la de ajustes normativos, acuerdos y litigios promovidos por Pemex, así como decisiones en la CRE.

Las nuevas acciones desmantelarían el marco de regulación asimétrica que impedía a la empresa productiva del estado determinar precios de primera mano discrecionalmente. Asimismo, la liberarían de la obligación de compartir capacidad de transporte y almacenamiento a fin de propiciar la competencia en beneficio de los consumidores finales y para fomentar la inversión privada. Además, se han frenado los permisos de importación de gasolinas, por las que, de cualquier modo, en general, los consumidores pagarán más com presentación de este año.

Quizá el segmento más representativo de lo que puede perderse es el de energías limpias y renovables, que también venía creciendo con brío. Quedan en riesgo importantes inversiones en la materia, así como los compromisos de la nación frente al cambio climático y con el Acuerdo de París.

Primero fue la cancelación de la cuarta subasta de largo plazo de energía eléctrica y luego llegaron las modificaciones que ha pretendido imponer la Secretaría de Energía al mercado de los Certificados de Energía Limpia, que golpean en seco a inversiones ya realizadas o en proceso. Tan solo en el caso de los proyectos derivados de las tres subastas completadas son cerca de 9 mil millones de dólares: infraestructura de generación eólica y fotovoltaica con planes de negocio y presupuestos formulados según costos y reglas que ahora se cambian unilateral y abruptamente. No es de extrañar que se recurra a amparos, que, afortunadamente, ya han obtenido suspensiones de efectos.

Habría que rectificar para que el 2020 sea más favorable. Es fundamental hacerlo pronto. Comenzar bien el año.

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